GINEBRA – Colombia debe garantizar que sus políticas de seguridad y de lucha contra las drogas no refuercen el racismo sistémico por parte de las fuerzas del orden contra las personas afrodescendientes, incluso dentro del sistema de justicia penal, advirtió este jueves 24 un grupo de expertos de las Naciones Unidas.

La advertencia se produce en una coyuntura en la que el nuevo gobierno colombiano, del presidente derechista Abelardo de la Espriella, sitúa en el centro de su agenda una respuesta más contundente contra los grupos armados y el narcotráfico.

El Gobierno también anunció planes para aplicar una estrategia de erradicación más intensa contra los cultivos ilícitos, incluido el uso de herbicidas aéreos.

Produjo la advertencia sobre Colombia el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU para promover la Justicia e Igualdad Raciales en el Mantenimiento del Orden, que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza.

El jurista costarricense Víctor Rodríguez, miembro del Mecanismo, declaró que “las políticas en materia de seguridad y drogas deben basarse en los derechos humanos y la salud pública, incorporar un enfoque étnico-racial, y garantizar la participación significativa de las comunidades afectadas”.

El Mecanismo expuso que los enfoques punitivos, militarizados y centrados en la seguridad no han logrado restablecer la paz e impactaron de modo desproporcionado en las comunidades afrocolombianas, especialmente en los territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y la escasa presencia del Estado.

Advirtió contra la reanudación de la fumigación aérea “sin evaluar adecuadamente su impacto en la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, especialmente en las comunidades afrocolombianas y otras comunidades marginadas y racializadas que viven en las zonas afectadas o en sus alrededores”.

Sin embargo, reconoció que Colombia se enfrenta a graves retos en materia de seguridad.

Pero “cualquier ampliación de las operaciones de seguridad o de la vigilancia policial urbana debe ir acompañada de estrictas garantías contra la discriminación racial y el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza”, afirmó Tracie Keesee, una excapitana de policías estadounidense y presienta en funciones del Mecanismo.

“Una actuación policial eficaz requiere decisiones basadas en pruebas, una supervisión independiente y confianza. No puede basarse en estereotipos raciales, objetivos de cumplimiento informales o la percepción de comunidades enteras como amenazas para la seguridad”, advirtió Keesee.

Una delegación del Mecanismo visitó Bogotá, Cartagena (norte caribeño) y Quibdó y Cali (occidente) en mayo y concluyó que el racismo sistémico sigue profundamente arraigado en las instituciones policiales y de justicia penal de Colombia.

“Los estereotipos raciales que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad, siguen influyendo en los encuentros con la policía, las sanciones penales o disciplinarias, el acceso a la justicia y la reparación efectiva”, señaló el informe.

Los expertos también expresaron su preocupación por la propuesta de crear “bloques de defensa para la seguridad urbana”.

Advirtieron que, sin garantías jurídicas claras, una supervisión independiente y una rendición de cuentas efectiva, estas unidades podrían agravar el perfilamiento racial, la estigmatización y la violencia policial contra los jóvenes afrodescendientes y otras comunidades históricamente racializadas.

El Mecanismo procesó amplia información sobre controles y registros policiales repetidos e injustificados, el uso excesivo -y en ocasiones letal- de la fuerza, y la aplicación discriminatoria de citaciones policiales y multas conocidas como “comparendos”, que pueden relacionarse con cuotas policiales informales.

El informe advierte de que las multas impagadas afectan de manera desproporcionada a los jóvenes afrocolombianos y a las personas en situación de desventaja socioeconómica, lo que restringe el acceso al empleo y perpetúa los ciclos de exclusión y criminalización.

Recomienda una moratoria sobre los “comparendos” y las multas relacionadas con ellos mientras se revisa exhaustivamente su impacto en los derechos humanos, así como la cancelación de las multas pendientes.

El Mecanismo de Expertos también documentó condiciones de vida extremadamente precarias en los centros de detención transitoria, incluyendo un grave hacinamiento, la ausencia de luz natural y ventilación, una higiene y una atención médica inadecuadas, y la falta de alimentos y suministros básicos.

En instalaciones destinadas a una detención de no más de 36 horas se mantiene recluidas a personas durante meses o incluso años, muchas de las cuales son afrodescendientes.

En el contexto de los planes gubernamentales anunciados recientemente para intensificar las detenciones y las operaciones de las fuerzas del orden, los expertos subrayaron que cualquier aumento de las detenciones podría agravar unas condiciones ya de por sí nefastas.

Instaron a las autoridades a no convertir las instalaciones de detención transitoria en centros de prisión preventiva de larga duración o en prisiones mismas, a menos que cumplan plenamente con las normas internacionales de derechos humanos.

Finalmente, el Mecanismo instó al nuevo gobierno a que considere las recomendaciones del informe como una hoja de ruta para abordar las desigualdades raciales y evitar que las políticas de seguridad las agraven, y ofreció su apoyo para cooperar con Colombia en su aplicación.

A-E/HM - Corresponsal de IPS