GINEBRA – El gobierno de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado la desaparición forzada como arma para aplastar la disidencia y controlar a la población, afirmó en un nuevo informe el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua.

El informe constató que, desde 2018, el gobierno fue responsable de la muerte bajo custodia estatal de ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas la del general Humberto Ortega, hermano del gobernante, y del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.

El abogado alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo, expuso que “un Estado que recurre a la desaparición forzada y permite que personas mueran bajo su custodia no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos necesarios para una gobernanza democrática creíble”.

“La democracia es como una casa. Las elecciones son su techo. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son sus cimientos. Sin esos cimientos, el techo no puede mantenerse en pie”, abundó Simon.

El grupo de expertos, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, investiga desde 2022 atropellos y violaciones de derechos atribuidas al Estado nicaragüense, y tituló “La anatomía de la crueldad estatal” su más reciente informe.

Con ese título destaca las desastrosas condiciones de detención, la falta de acceso a la atención médica y la vulnerabilidad de muchas víctimas en las cárceles de Nicaragua.

El documento presenta 17 casos ilustrativos de desaparición forzada -de un total de 161 desde 2018- y menciona los nombres de varias de las 29 personas que siguen desaparecidas.

Examina por ejemplo el caso de Rivera, líder indígena de 73 años, exlegislador y fundador del partido político Yatama, quien estuvo detenido arbitrariamente durante casi tres años, incluyendo dos largos períodos de desaparición forzada, antes de que las autoridades anunciaran su muerte el 31 de mayo de 2026.

El grupo examinó cinco declaraciones públicas del gobierno en los últimos días de Rivera, sobre el deterioro de su salud y su muerte, así como de una revisión médica independiente realizada por la organización Médicos por los Derechos Humanos.

Concluyó que esas declaraciones eran “mutuamente inconsistentes, médicamente incoherentes en aspectos cruciales y carecían de verificación debido a la ausencia de cualquier investigación o autopsia independiente”.

Asimismo, determinó que “la presunción de responsabilidad estatal aplicable a cualquier muerte bajo custodia no había sido refutada en absoluto”.

“El gobierno nicaragüense le arrebató la libertad a Brooklyn Rivera, luego su salud y finalmente su vida», afirmó el experto húngaro Reed Brody, miembro del grupo.

Brody dijo que la explicación oficial de la muerte de Rivera “está plagada de inconsistencias, y se ve debilitada por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa con la que lo enterraron antes de que su familia pudiera siquiera despedirse”.

El informe incluye diagramas sobre las cadenas de mando dentro del Estado nicaragüense y constata que Ortega y Murillo ejercen un control centralizado sobre las instituciones -policía, prisiones y tribunales- destinadas a proteger a las personas precisamente de este tipo de abusos.

El grupo “ha plasmado nombres, estructuras y pruebas en el expediente”, dijo otra de sus integrantes, la abogada uruguaya Ariela Peralta. “Los gobiernos y los fiscales de todo el mundo cuentan ahora con lo necesario para actuar, allí donde se pueda exigir responsabilidades”, afirmó.

Los expertos instaron al gobierno a revelar de inmediato el destino y el paradero de las 29 personas que aún permanecen desaparecidas, a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos y a investigar todas las muertes ocurridas bajo custodia, según el derecho internacional de los derechos humanos.

Asimismo, solicitaron al gobierno devolver los restos de Rivera a su familia y comunidad para que se le rindan los ritos funerarios según la tradición miskita.

El Grupo pidió a la comunidad internacional adoptar un enfoque multifacético en materia de rendición de cuentas, que incluya la cooperación internacional, la jurisdicción penal territorial y universal.

Al cabo de cuatro años de su mandato, los expertos recalcaron que “los hechos son claros: el reto ya no consiste en comprender la situación, sino en responder a ella”.

A-E/HM -Corresponsal de IPS