MÉXICO – Una demanda penal de 2019 y el ataque contra el activista mexicano Erick Saracho en marzo de este año comparten un lugar, una causa y un propósito: el silencio.

“No nos lo imaginamos, pero en retrospectiva es el incremento natural de la violencia contra los defensores”, dijo Saracho, director de la no gubernamental Alianza Jaguar, en una entrevista con IPS desde algún lugar de refugio en territorio mexicano.

Y añadió: “El miedo que se genera el saberse demandado, no tener experiencia y no saber de qué tipo de demanda es, si te van a encarcelar. Eso inhibe la participación pública”.

En 2019, la empresa constructora Pacific Lifestyle Properties demandó a Saracho y a otras cinco personas por daño moral y difamación debido a sus críticas contra el proyecto inmobiliario Punta Paraíso, localizado en la playa de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Bahía de Banderas, en el occidental estado de Nayarit.

«El atentado no era solo contra mi persona, sino contra el pueblo en general. Era un atentado ejemplar para que a todo mundo le diera miedo.  Era el activista más vocal, visible y crítico de desarrollos inmobiliarios turísticos que no cumplían a cabalidad con la ley”: Erick Saracho.

Un juez embargó sus cuentas y tuvieron que coserse la boca para no cuestionar el proyecto, medidas que persisten pues la causa sigue abierta.

Y Saracho, quien vivió durante 25 años en San Francisco, conocido popularmente como San Pancho, lo experimentó en el escenario surrealista en el que los activistas arriesgan la piel un día sí y otro también. En marzo, sufrió un ataque armado.

La senda de las balas que recibió en los brazos partió de sus cuestionamientos al proyecto inmobiliario Ysuri, un condominio sobre el estero de San Francisco y que amenaza flora, fauna y un humedal.

“El atentado no era solo contra mi persona, sino contra el pueblo en general. Era un atentado ejemplar para que a todo mundo le diera miedo.  Era el activista más vocal, visible y crítico de desarrollos inmobiliarios turísticos que no cumplían a cabalidad con la ley”, aseguró Saracho.

El activista contaba ya antes del atentado con medidas de protección del gubernamental Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Para Saracho, los defensores del territorio son los glóbulos blancos del ecosistema frente a las amenazas. Pero las células cancerígenas de la corrupción, la devastación ecológica y la mafia han invadido el organismo y han puesto en alerta máxima al entorno inmunológico.

Su expediente es un ejemplo de las demandas estratégicas contra la participación pública (Slapp, en inglés), que impulsan en forma abusiva o infundada empresas o dirigentes políticos para intimidar, silenciar y agotar a sus perseguidos, sin un propósito de reparación legítima, sino de imponer la asimetría de poder del acusador y el acusado.

En el banquillo aparecen a menudo periodistas, medios de comunicación, activistas, académicos u organizaciones sociales que investigan, denuncian o cuestionan intereses de sectores poderosos.

El patrón de las corporaciones rara vez busca ganar el pleito jurídico, sino someter a los acusados a procesos prolongados para agotar sus recursos y generar un efecto disuasorio o una mordaza legal, como ejemplifica el caso de Saracho y tantos otros.

EN AUGE

La base de datos del internacional y no gubernamental Centro de Recursos sobre Derechos Humanos y Empresas enlista al menos 191 casos de Slapp desde 2015 hasta 2026 en América Latina.

Honduras, Perú, Guatemala y México concentran históricamente la mayoía de esos casos documentados, de los cuales los sectores más asociados son la minería, la agricultura y la ganadería, así como los cultivos de palma aceitera.

Los presuntos delitos engloban daños, amenazas, asociación ilícita, usurpación y difamación, en tanto que también aparecen procesos civiles con indemnizaciones cuantiosas.

“El caso no tiene sustento legal concreto. Es un problema serio, porque no es una demanda aislada, pues ocurre en un contexto mayor de acoso judicial en la región. Manda el mensaje de que no se opongan al proyecto”: Carlos Bichet.

En la mayoría de casos, los juzgados desestimaron las querellas o absolvieron a los defensores, debido a la base gelatinosa de las acusaciones, pero el objetivo de los demandantes se logró con su acoso a los demandados

Así lo consideró Carlos Bichet, abogado del no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) de Panamá, que sufre la presión del enjuiciamiento civil y penal por la empresa de capital estadounidense Ocean Financial Pacific Services Corp, por su rechazo al proyecto inmobiliario-portuario Puerto Barú, en el occidente del país.

“El caso no tiene sustento legal concreto. Es un problema serio, porque no es una demanda aislada, ya que ocurre en un contexto mayor de acoso judicial en la región. Manda el mensaje de que no se opongan al proyecto”, señaló a IPS desde Ciudad de Panamá.

Debido a las querellas por daños, perjuicios, calumnia, difamación y lesividad para la economía nacional, un tribunal decretó el embargo de las cuentas de Ciam y la también no gubernamental Adopta Bosque.

La panameña Corte Suprema de Justicia evalúa una demanda de nulidad contra el estudio de impacto ambiental del proyecto, en el primer caso en la historia del país canalero de embargo de cuentas a una organización.

La presión judicial se suma a la larga cadena de agravios que padecen los guardianes del territorio en la región más letal del mundo.

Global Witness, una organización internacional no gubernamental dedicada a  investigar agresiones contra el ambiente y los derechos humanos, divulgó el 16 de septiembre su Informe anual, en el que cuantificó en 124 las personas asesinadas en el planeta en 2025 por defender la tierra y sus recursos, 85 % de ellas latinoamericanas.

Colombia encabeza el ránking mortal (39 asesinatos), seguido por Brasil (26), Honduras (12) y México (10).

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluyó por primera vez el concepto Slapp, al condenar a Ecuador por violar los derechos a la libertad de expresión, legalidad y garantías judiciales de periodistas y el diario El Universo, a los que se había condenado por críticas al entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).

ESPERANZA LENTA

Para miles de defensores en la región, su anhelo es el cumplimiento del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021 y del que son signatarios 19 de los 33 países de la región.

El Acuerdo de Escazú, el primer pacto intergubernamental de su tipo de una región del mundo, tiene cuatro principios medulares: acceso a información pública y a la justicia ambientales; participación pública en la toma de decisiones ambientales y protección de los defensores ambientales.

Pero las demandas Slapp obstaculizan el tercer pilar, en un proceso de por sí ralentizado por la falta de importancia que los gobiernos conceden al Acuerdo, firmado en la ciudad costarricense de Escazú en 2018, y que aún no ratifican países como Brasil, Honduras y Perú, escenarios de creciente violencia contra los defensores.

Si ya enfrentaba obstáculos en su observancia, la afluencia de más gobiernos de extrema derecha, como en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú, complican aún más el futuro del tratado.

En una región con unos 1500 conflictos ambientales, su aplicación es una necesidad apremiante. México encabeza el listado, con 311 conflictos, seguido por Brasil, con 238, y Colombia, con 192.

En 2024, la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) de Escazú aprobó un Plan de Acción sobre defensores ambientales para que los países lo apliquen dentro de sus fronteras, lo que sigue en demora.

Saracho pidió al gobierno mexicano la instrumentación del acuerdo para proteger a defensores tanto de la violencia física e ilegal como de la legal, “que no por eso es legítima”.

“Es un error absoluto permanecer pasivos ante realidades de este tamaño y quejarnos de que las autoridades no hacen nada, es autoridad compartida”, planteó.

Y subrayó: “Falta mucho por hacer y debe ser lo primero a revisar, para que haya modificaciones necesarias para que deje de haber estas herramientas que son ya tan evidentes, burdas”.

Insistió en que “el hecho de que maten a una generación viva de defensores inhibe a las nuevas generaciones de participar”.

En el caso del panameño Puerto Barú, Ciam prepara una denuncia ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, bajo el argumento de obstáculos para su observancia.

Los pleitos Slapp “son un ataque a las personas defensoras por los problemas existentes de acceso a la justicia ambiental”, consideró el abogado Bichet.

IPS - ED: EG - Emilio Godoy