En los hechos en ese documento se pretende extender la soberanía del país del norte a todo el continente americano debido a la percepción de Washington de que la República Popular China amenaza sus intereses, su seguridad nacional y su hegemonía global, por lo que todo el hemisferio occidental debe sumarse a su defensa. La actual administración estadounidense ha dado inicio a una guerra comercial que progresivamente ha ido escalando como una manera de exigir que todos -incluyendo sus más fieles aliados- se pongan detrás de la administración del presidente Donald Trump o que se atengan a las consecuencias. De nada han servido los tratados ni los Acuerdos de Libre Comercio (TLC) firmados, casi como logros civilizatorios del multilateralismo y comercio internacional, que han sido violados convirtiéndolos en papeles inútiles, sin valor, y deslegitimando las bases fundamentales de la convivencia entre estados: el derecho internacional. Estados Unidos tiene actualmente acuerdos comerciales firmados que involucran a 11 países latinoamericanos mientras China mantiene TLC con cinco de ellos: Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Si se toma el porcentaje total de exportaciones de América Latina y el Caribe, en base a los datos de CEPAL para el año 2024, a Estados Unidos llega el 44%, una alta proporción debido a que esa cifra incluye a México que es su principal socio comercial y que alcanza a algo más del 77% del total exportado por la región. A China se dirige el 13% del total.

Si tomamos solo América del Sur, donde se concentran las materias primas y los principales productos agrícolas, las cifras cambian. A Estados Unidos va el 16% de las exportaciones mientras que a China suman el 28%, creciendo cada año. Hoy Estados Unidos, por boca de su secretario de Defensa, ha terminado de aclarar sus exigencias. América Latina y el Caribe no solo deben cerrar la puerta a inversiones chinas en áreas consideradas estratégicas, sino que además debe aumentar su gasto en defensa al 3,5% del PIB, del actual 1,4% promedio para los países sudamericanos -lo que significa comprar más armas a Estados Unidos- y sumar a sus fuerzas armadas a una iniciativa militar que busca intervenir en los países bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Además, busca que lo países abandonen la Corte Penal Internacional, lo cual ya lo ha anunciado Venezuela, país que pasó a ser un protectorado de Washington.

¿QUÉ ALTERNATIVAS LES QUEDAN A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN QUE NO DESEEN SUBORDINARSE Y SACRIFICAR SUS INTERESES? 

Al parecer solo dos: no alinearse o mantener una autonomía estratégica. Del Movimiento de Países No Alineados ya sabemos que es un órgano del siglo pasado que cumplió un papel de suma importancia en los años de la Guerra Fría, con líderes carismáticos como Nehru, Tito, Naser, Nkrumah o Indira Gandhi, entre otros, pero que hoy tienen un rol marginal en la escena internacional debido a que, salvo poquísimas excepciones, unos más u otros menos, los países están plenamente alineados. Este movimiento continúa siendo un mecanismo de consulta y concertación en el sistema multilateral entre los países en desarrollo, especialmente a la hora de entregar apoyo en elecciones de importancia en organismos internacionales, como la FAO, por citar alguno.

La autonomía estratégica es una alternativa y significa asumir decisiones independientes, privilegiando exclusivamente el interés nacional de cada país, con la libertad de elegir y escoger los socios comerciales. Es prescindir del término de no alineamiento por ser una marca agotada, pero con un significado similar. Ello requiere hoy decisiones políticas coherentes con la tradición diplomática y una coordinación política que no existe en la actualidad con otros países o a nivel regional en América del Sur. La relación histórica con los Estados Unidos ha sido de dependencia económica, cultural e ideológica por la identificación con el modelo de sociedad basado en la democracia representativa, así como en el plano tecnológico, científico, de comunicaciones o de la defensa, entre otras.

Hoy el castigo con aranceles que aplica Washington es un abierto chantaje para que los países asuman la subordinación como parte de su política exterior. ¿Cómo enfrentarán esta nueva realidad los países que tienen en China su principal mercado de exportaciones como es el caso de Brasil, Chile o Perú? ¿Qué harán otros como Argentina, Paraguay, Ecuador o Uruguay que progresivamente encuentran en el gigante mercado chino, nichos para sus exportaciones? El desafío es muy grande y pese a que hoy la mayoría de los países de América del Sur tienen gobiernos de derechas, relativamente afines en lo ideológico, no existe un diálogo o coordinación política sustantiva para elaborar una estrategia común en algunos aspectos al menos, o para hacer valer el interés nacional frente a los Estados Unidos. La sentencia de Julio César: Divide et impera es claramente la actual estrategia de los responsables de la política exterior estadounidense. Todo el apoyo militar y económico será para los países de la región que se subordinen a la visión imperialista de Washington y nada o poco será para aquellos que se alejen de la estrategia principal que apunta a aislar a China.

En el caso de Chile, históricamente en momentos muy conflictivos ha sabido mantener una autonomía estratégica. Lo hizo durante la Gran Guerra (1914-1918) sosteniendo la neutralidad por los fuertes intereses que el país tenía con Alemania y también con Gran Bretaña. La neutralidad chilena fue violada en aguas territoriales durante el conflicto con combates navales entre la flota inglesa y alemana, pero el país mantuvo su posición. En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la situación fue similar manteniendo Chile la neutralidad hasta el año 1943, cuando el gobierno rompió relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón, pero sin declarar la guerra, pese a las fuertes presiones de Estados Unidos y también porque buena parte de la sociedad chilena apoyaba la causa aliada. Países como Brasil declararon la guerra en 1942 a Alemania e Italia y otros lo hicieron posteriormente. Dos gobiernos chilenos de la época resistieron las presiones de Washington hasta abril de 1945, es decir un mes antes del término del conflicto, cuando Chile declaró la guerra a Japón en un acto considerado por algunos historiadores como oportunista ya que permitió que Chile fuera uno de los 50 países signatarios de la Carta de Naciones Unidas firmada en San Francisco, en 1945. Mejor sería decir que se privilegió el interés nacional por sobre otras consideraciones.

Hoy hay analistas estadounidenses que consideran inevitable que de una guerra comercial en curso se pase a un enfrentamiento entre Estados Unidos y China en la próxima década debido a los intereses geoestratégicos irrenunciables para ambos países. El tema de Taiwán está en la carta. El reintegro de la isla rebelde a China significará el control del estrecho de Taiwán y su proyección al Asia Pacífico afectando intereses de importantes aliados de la Casa Blanca como Japón, Corea del Sur o Filipinas. En caso de un conflicto bélico entre las potencias, que en sus inicios puede ser solo convencional, el canal de Panamá podría quedar inutilizado y con ello cerrada la vía de comunicación para la flota estadounidense entre los océanos Atlántico y Pacífico. Entonces serían el Estrecho de Magallanes y el mar de Drake las rutas de comunicación entre ambos océanos y de ahí la relevancia que cobra el cono sur y el interés por alejar toda influencia china en el ámbito de recursos y lugares estratégicos, así como impedir que un cable submarino que busca unir a Hong Kong con Valparaíso se lleve a la práctica, aunque afecte el interés nacional de Chile. Veremos en los próximos meses cómo actúan los gobiernos de la región. En el caso de Chile se espera que la autonomía estratégica y la larga tradición de independencia en política exterior se mantenga, que la diplomacia haga su trabajo profesional con Estados Unidos, China y países de la región para privilegiar el interés nacional.

Por Fernando Ayala* – La Nueva Mirada - *Economista, ex embajador.