El Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei avanza con la privatización de la red vial nacional, a la par de que las autoridades investigan el presunto desvío de los fondos recaudados por ley para mantenerla. La Casa Rosada adjudicó por 20 años el manejo de ocho corredores a privados, en paralelo a una causa judicial que acusa al Ejecutivo de usar esos recursos para cubrir el déficit fiscal.
A través de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada este 24 de agosto en el Boletín Oficial, la Dirección Vialidad Nacional otorgó las concesiones de ocho tramos que suman unos 3.900 kilómetros de rutas nacionales. Los corredores atraviesan 11 provincias, principalmente del litoral y el noroeste argentino.
La medida forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un plan que declaró a la empresa estatal Corredores Viales Sociedad Anónima sujeta a privatización bajo la denominada Ley Bases, sancionada al inicio de la gestión. Con esta adjudicación, el total de rutas concesionadas a privados alcanza los 9.000 kilómetros, por donde circula cerca del 80% del tránsito del país, según datos oficiales.
El anuncio se conoce mientras la Justicia federal avanza en la investigación sobre el fondo fiduciario Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado con el impuesto a los combustibles líquidos y destinado por ley al mantenimiento de rutas nacionales. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fondo recaudó 1,5 billones de pesos, unos 1.000 millones de dólares, de los cuales solo se ejecutó el 26,2% en obra vial efectiva.
El resto, equivalente a cerca de 740 millones de dólares, permaneció inmovilizado en plazos fijos y títulos públicos, según una investigación periodística que motivó denuncias judiciales. El juez federal Ernesto Kreplak admitió un amparo colectivo y ordenó a los ministerios de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación que informen sobre el destino de esos recursos.
La provincia de La Rioja (norte), gobernada por el peronismo opositor, se sumó esta semana como parte querellante en la causa penal que investiga el presunto desvío. La denuncia original, presentada por la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, pide investigar si hubo malversación de fondos públicos y administración fraudulenta por parte de funcionarios del Gobierno.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, rechazó las acusaciones y sostuvo que no existe ningún delito en el uso de los fondos del SisVial. El funcionario admitió, sin embargo, que una porción de lo recaudado se destina a sostener el equilibrio de las cuentas públicas, uno de los pilares centrales del programa económico del Gobierno, en momentos de fuerte ajuste fiscal.
El superávit fiscal es, para el Ejecutivo, la principal prueba del éxito de su gestión económica. La privatización de las rutas se enmarca en la misma lógica: el Gobierno sostiene que el nuevo esquema de concesiones funcionará sin subsidios estatales, financiado íntegramente por peajes, y busca dejar atrás lo que califica de un modelo deficitario de administración vial.
"Esto tiene un impacto importante porque el Gobierno nacional reconoció que los fondos no están yendo a donde tienen que ir. Es una denuncia grave que debe ser tratada con seriedad", dijo a Sputnik Fabián Catanzaro, titular del sindicato de Vialidad Nacional y denunciante en una de las causas. El dirigente advirtió que los funcionarios "se exponen a una serie de demandas porque han aumentado mucho los siniestros y las muertes sobre las rutas".
Catanzaro cuantificó el costo de oportunidad de los fondos retenidos por el Estado nacional.
"Hoy hubiese sido importantísimo disponer [de esos recursos]: podríamos haber hecho el mantenimiento de 20.000 kilómetros de ruta, o incluso haber construido entre 3.000 y 4.000 kilómetros nuevos con esos mismos recursos hoy inmovilizados", advirtió.
El sindicalista precisó la magnitud del deterioro en el sector. "El escenario para diciembre de 2023 era el 50% de la red vial nacional en un estado regular a malo; hoy estamos hablando casi de un 75% (...). Por cada año de falta de mantenimiento, se pierden entre tres y cinco años de vida útil de los pavimentos", advrtió.
Catanzaro citó un dato de seguridad vial. "Encontramos una correlación entre el estado de la ruta y los siniestros, donde más del 60% de los incidentes viales han ocurrido en el período en estudio, han ocurrido sobre tramos que se encuentran en mal estado", concluyó, según un relevamiento propio del sindicato sobre una muestra de accidentes viales.
Consultado por Sputnik, el economista Miguel Ponce consideró que el superávit fiscal que exhibe el Gobierno no se sostiene en bases sólidas.
"Esto confirma lo que muchos veníamos diciendo: la bandera del equilibrio fiscal era obtenido de manera no virtuosa", apuntó. Agregó que "se trata de una deuda con un sector que requiere inversión constante y que es muy sensible".
El experto advirtió que ese esquema empieza a mostrar límites. "Esto empieza a resquebrajarse cuando los ingresos entran a achicarse. El propio modelo genera un proceso recesivo de baja de niveles de actividad, venta y recaudación tributaria, que lleva a la necesidad de un mayor ajuste fiscal".
El analista vinculó el objetivo fiscal con las exigencias hacia organismos con los que el país tiene deuda, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Hay un discurso que se pretende mantener en términos electorales, y que el superávit fiscal ayude, de alguna manera, a mostrarle al FMI que se están haciendo los esfuerzos para cumplimentar los compromisos firmados en el acuerdo de facilidades extendidas que tenemos vigente", comentó.
Municipios Pampeanos
