Esto se debe a que nueve de cada 10 asesinatos se ejecutan mediante disparos, transformando el tráfico de armas en el habilitador definitivo de la gobernanza criminal.
Ecuador está bajo una realidad alarmante: el tráfico de armas ya no es un elemento periférico del delito, sino el eje central de la violencia en el país y los datos estadísticos consolidan esta tendencia, afirman expertos.
Según Christian Gallo, coordinador nacional del proyecto Fortaleciendo capacidades del sistema de justicia del Ecuador, para el departamento de Seguridad Pública de la OEA, la correlación es inequívoca.
"Si nosotros decimos que la cifra está entre el 80 y el 90% de los homicidios que han sido cometidos por arma de fuego, nos revela que el delito de tráfico de armas no es una cuestión ni una causa periférica, sino al contrario, se trata de un factor estructural dentro del ámbito de violencia letal", expresa para Sputnik.
Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y mayo de este año, se registraron 3.485 homicidios intencionales en el país sudamericano, lo que representa un promedio de 23 asesinatos diarios y una tasa de 20,57 por cada 100.000 habitantes.
La doctora Carla Álvarez, experta en seguridad, complementa esta lectura situando al país en el contexto geopolítico regional.
"En el mundo, el 45% aproximadamente de los muertos perdieron la vida con un arma de fuego. En América Latina, el porcentaje varía entre el 67% y el 75%. En Ecuador esa violencia es aún mayor y bordea casi el 90% de las muertes violentas. Eso quiere decir que nueve de cada 10 personas fallecen por un disparo", detalla Álvarez en una conversación para este medio.
La correlación entre el crecimiento de las bandas delictivas y el flujo de armas redefinió los conflictos en la última mitad de la década.
"Las armas de fuego multiplican la capacidad letal de la disputa que vivimos aproximadamente desde el año 2020, luego de la muerte de alias Rasquiña", precisa Gallo.
Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, era líder de la banda criminal Los Choneros. Fue asesinado a tiros dentro de un centro comercial el 28 de diciembre de 2020.
En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó por primera vez la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional, luego de la toma armada de un canal de Televisión.
En junio del 2026 declaró un nuevo conflicto armado interno en el país, que legaliza la intervención directa de fuerzas armadas extranjeras y otorga inmunidad a militares, policías y civiles que participen en operaciones para combatir al crimen organizado.
Según Gallo, las armas como tal no explican por sí solas la crisis de seguridad en Ecuador.
"Esta mutación se traduce en la imposición de dinámicas de gobernanza informal que desafían la soberanía del Estado, ya que sin armas las bandas pueden disputar mercados, pero con armas en realidad lo que imponen es control territorial, asesinatos selectivos y desafiar al Estado, lo que ha conllevado tal vez a una acertada o desacertada declaratoria de conflicto armado no internacional", afirma el coordinador.
El aprovisionamiento de las estructuras criminales combina la vulnerabilidad de las fronteras físicas con la inyección de armamento industrial e internacional. Álvarez introduce el concepto continental que explica la densidad del contrabando.
"Cuando se han hecho los rastreos del origen de las armas, los estudios muestran que 90% de las armas de fuego son originarias Estados Unidos", revela la docente investigadora.
El flujo masivo de armas que baja desde Washington hacia América Latina, la experta lo define con el nombre de "río de acero". Esto habilita otros negocios violentos, fortalece a las bandas de crimen organizado, aumenta su poder de fuego y su capacidad de enfrentar al Estado.
Durante 2025, el Estado ecuatoriano incautó y destruyó un total de más de 22.000 armas de fuego y blancas que pertenecían a bandas criminales. En 2026, las autoridades pudieron retirar de la circulación 1.861 armas de fuego y 60.893 municiones. Las redes criminales diversificaron sus vectores logísticos en los últimos años.
"Hay rutas terrestres, aéreas, marítimas y recientemente se han descubierto rutas fluviales. Por ejemplo, en Galápagos se han encontrado cargamentos significativos de fusiles. Además, se ha visto la presencia de grupos armados ilegales extranjeros en la región amazónica fronteriza del Ecuador", explica Álvarez.
En el plano terrestre y aéreo, Gallo identifica otras fuentes centrales que no se mencionan en las incautaciones.
"Vienen desde la frontera sur o son couriers [empresas de transporte rápido] ilegales de tránsito de armas; también están las narcoavionetas y, finalmente, los asaltos o desvíos de bodegas policiales o militares", enfatiza el coordinador.
Para Gallo, existe un eje geográfico crítico en la frontera meridional que involucra cinco territorios al sur ecuatoriano: Chile, Perú, Tumbes, Zarumilla y Machala, ciudad costera del país con el segundo puerto marítimo más importante de la región.
El diagnóstico de ambos expertos apunta directamente a la debilidad de los aparatos de fiscalización estatal.
"La fragilidad institucional para controlar la disponibilidad de armas legales e ilegales también es uno de los factores que aumenta la violencia que vivimos en el país", puntualiza Álvarez.
Por su parte, Gallo explica que existen fallas institucionales en el control, no existen controles aduaneros adecuados y sugiere que el rumbo que debería tomar la política exterior del país en materia de seguridad es regional.
"La cooperación internacional directa tiene que realizarse con dos países, Perú y Colombia. Con ello se puede tener trazabilidad y lograr mayor control", concluye Gallo.
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