BUENOS AIRES/ BOGOTÁ – Construir un futuro con menos combustibles fósiles para enfrentar la crisis climática, como han prometido los países del mundo en diversas conferencias internacionales, requiere una amplia gama –y cantidad– de minerales. La transición energética, advierte ONU Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), es “fundamentalmente intensiva en minerales”.
Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de una larga lista de esos elementos que hoy son considerados estratégicos y cuya demanda, según proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), podría duplicarse en las próximas décadas.
Entre todos los minerales necesarios para un mundo descarbonizado, el cobre se ha vuelto indispensable. Como explica Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), “si estamos pensando en una economía descarbonizada, donde los procesos de electrificación van a ser altos, el cobre es un mineral muy importante”.
No solo es uno de los mejores conductores eléctricos, sino que también es necesario para ampliar la infraestructura eléctrica, fabricar vehículos eléctricos y desarrollar sistemas de almacenamiento energético.
Solo una turbina eólica contiene más de cuatro toneladas de este metal. Y los vehículos eléctricos utilizan, en promedio, casi cuatro veces más cobre que los automóviles de combustión. Los paneles solares y las baterías de almacenamiento también lo requieren en grandes cantidades.
Sin embargo, mientras la demanda crece y cerca de 60 % del cobre refinado del mundo termina en China (con casi 27 millones de toneladas importadas anualmente, según registros de UNComtrade), la AIE alerta que la oferta podría no ser suficiente y que, para 2035, el mundo podría enfrentar un déficit cercano a 30 % debido a los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos.
Esto, afirma González, pone a América Latina en un lugar “interesante”. De hecho, en Colombia ya se evidencia un boom de este mineral. Mientras que entre 2001 y 2016 se presentaron, en promedio, alrededor de 10 solicitudes de títulos mineros al año para extraerlo, en los últimos 10 años esa cifra aumentó a casi 60.
Por eso, insiste, no es casualidad que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea estén interesados en nuestro potencial geológico. La región concentra cerca de 40 % de las reservas mundiales de cobre y con poca exploración.
Ahora, Colombia y Argentina están impulsando decenas de proyectos para acelerar la extracción de este metal, mientras que China, Estados Unidos y la Unión Europea intensifican su presencia y buscan nuevas alianzas para asegurar su suministro de minerales.
Para entender cómo avanza la expansión de proyectos que buscan cobre en Colombia y Argentina, se identificaron y geolocalizaron a partir de información oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Colombia y de la Secretaría de Minería de La Nación en Argentina, las iniciativas mineras que buscan extraer este mineral.
En Colombia, el análisis identificó 210 títulos activos y 746 solicitudes vigentes de mediana y gran escala que incluyen al cobre entre sus minerales de interés, según el catastro minero de la ANM. En Argentina, se registraron 76 proyectos de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, una cifra que podría podría escalar si se tienen en cuenta los proyectos en trámite dentro de las provincias.
A través del análisis satelital también se pudo evidenciar que al menos 118 títulos para extraer cobre en Colombia y 21 proyectos en Argentina se encuentran en zonas de importancia ambiental (como áreas protegidas y reservas), y que más de 90 están en tierras comunitarias (resguardos o comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y zonas de reserva campesina).
Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, pero buscan abrirse paso en el mercado global.
En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha destacado el potencial geológico del país para la explotación de cobre “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”.
Sin embargo, actualmente solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.
“Solo 2,5 % del país tiene títulos mineros. Y, de eso, solo el 0,4% es de proyectos de cobre”, señaló Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería en un acto para impulsar el desarrollo de proyectos extractivos.
A finales de 2025, el ya saliente gobierno de Gustavo Petro —que mantuvo al cobre como un mineral estratégico para la transición energética en su última actualización del listado— lanzó una ronda minera para promover su exploración en 14 áreas con alto potencial y “bajo riesgo” de conflictos socioambientales.
Para José Cabello, geólogo chileno con más de 50 años de experiencia en el desarrollo minero en la región, el descubrimiento en Argentina de yacimientos como Taca Taca o José María —proyectos de gran envergadura que podrían ser equivalentes a Chuquicamata, el yacimiento de cobre más grande del mundo ubicado en Antofagasta (Chile)— son la muestra de que el país también tiene un gran potencial productivo.
Sin embargo, hasta ahora la única mina activa en el país tiene una producción marginal y, según la Secretaría de Minería, las exportaciones de cobre representan solo 1,7 % del total nacional.
Para hacerle frente a estos bajos números, el país ha impulsado programas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que, como su nombre lo indica, promueve la inversión de grandes proyectos a través de exenciones tributarias.
Un análisis de la consultora financiera Paspartú, publicado en junio de 2026, señala que siete de los 14 proyectos aprobados son de minería. Además, 13 de las 21 propuestas que aún están en trámite también están relacionadas con esta actividad.
A mediados de junio, el proyecto de minería de cobre más grande del país fue incorporado a este régimen. Se trata del Vicuña, cuyos operadores son la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining.
Aunque aún es poco lo que puede conocerse de las iniciativas en trámite, el titular de la consultora y exsecretario de hidrocarburos de Argentina, Juan José Carbajales, declaró en medios de comunicación que muchos de ellos serán proyectos de cobre.
Hasta mediados de mayo de 2026, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen del Atrato, en el Chocó biogeográfico, una ecorregión reconocida por su abundante biodiversidad. Con una producción cercana a las 1000 toneladas de concentrado de cobre al día, desde allí sale 85 % de la producción de este mineral en el país, según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
El restante 15 % proviene de distintos proyectos como subproducto del oro. Esto evidencia que la industria del cobre en Colombia sigue siendo incipiente.
Pero eso empezó a cambiar hace algunas semanas, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le entregó al proyecto El Alacrán, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción.
El Alacrán no es un nombre desconocido en la industria minera nacional. Por años, había esperado convertirse en la primera gran mina de cobre de Colombia, pues asegura tener reservas cercanas a 97 millones de toneladas de cobre, oro y plata, y la capacidad para producir entre 17 000 y 20 000 toneladas de concentrado de cobre al día (cerca de 20 veces la producción de El Roble).
Además, a finales de 2025, se convirtió en el primer proyecto minero controlado en su totalidad por un consorcio chino, encabezado por JCHX Mining Management Co.
Como este, cientos de proyectos buscan abrirse camino en la extracción del mineral clave para la transición energética.
Según información del Visor Geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera en Colombia (Anna Minería), analizada para este reportaje, en el territorio nacional hay por lo menos 210 títulos activos de mediana y gran escala que incluyen entre sus minerales objetivo al cobre.
La mayoría se encuentra en los departamentos de Antioquia (77), Chocó (51), Bolívar (22), La Guajira (14) y Córdoba (11), territorios al occidente del país que han sido identificados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como parte de los cinturones metalogénicos de interés para la posible explotación de cobre.
De los 210 títulos activos, según indican los datos del catastro minero, hay uno en etapa de evaluación técnica anticipada, 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación.
Sin embargo, como advierte un informe de la Upme, el número de títulos existentes en el país difícilmente refleja la realidad de los proyectos que se encuentran explorando o explotando este mineral, ya que “actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales”.
Desde la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la ANM coinciden.
“Cuando se solicita un título minero, el catastro está abierto para que el solicitante decida qué minerales van a ser concesibles [es decir, que podrían ser explotados económicamente mediante un Contrato de Concesión Minera] en ese título”, indican en entrevista.
“Entonces, hay títulos que piden muchos minerales distintos y solo cuando avanzan en su Plan de Trabajos y Obras es que queda claro realmente qué mineral van a explotar”, añaden.
De los que ya están en fase de explotación (sin contar el recientemente autorizado El Alacrán), solo dos tienen aprobado el Plan de Trabajos y Obras y el instrumento ambiental; es decir, todos los requisitos necesarios para pasar a fase de producción.
El Roble, en El Carmen de Atrato, y Buriticá, en Antioquia (un proyecto que busca principalmente oro), también son los únicos proyectos de mediana y gran escala que reportan regalías —pagos al estado por extraer los minerales— de cobre.
Sin embargo, el interés por desarrollar nuevos proyectos de cobre ha ido en aumento y se aceleró notablemente en la última década: solo en 2021 y 2022 se recibieron cerca de 332 solicitudes de títulos mineros, según el análisis. En la actualidad, hay por lo menos 746 solicitudes activas que se encuentran en etapa de evaluación por parte de la autoridad minera: 673 son de mediana escala y 73 son de gran minería. Entre estas, por lo menos 80 buscan cobre como mineral principal.
En Argentina, la cordillera de los Andes atraviesa varias provincias que históricamente han promovido el desarrollo minero. Allí hay al menos 76 proyectos que buscan extraer cobre. De estos, 68 se encuentran en fase exploratoria o previa, y solo ocho ya superaron la etapa de exploración; una sola se encuentra en producción. La mayoría de los proyectos están en las provincias de Salta (46) y de San Juan (16). Pero también hay otros más que se encuentran en La Rioja (6), Catamarca (4), Mendoza (2), Neuquén (1) y Río Negro (1).
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Minería de la Nación, obtenidos por esta alianza periodística, los proyectos que están más avanzados se ubican en las provincias de San Juan (4), Catamarca (2), Mendoza (1) y Salta (1).
Y siete concentran los yacimientos más importantes del país —que representan 117,9 millones de toneladas de cobre en recursos y 19,97 millones de toneladas de cobre en reservas, de acuerdo al catálogo de cobre de la Secretaría de Minería de la Nación—: José María, Filo del Sol, Los Azules, El Pachón, Agua Rica, Taca Taca y La Alumbrera.
También está, en menor medida, San Jorge. Sin embargo, hasta ahora, ninguno está en etapa productiva.
Del panorama de proyectos argentinos, en al menos seis se menciona expresamente la extracción del mineral y su relación con la transición energética. Otros 11 mencionan temas como eficiencia energética, energías renovables y las metas climáticas globales.
Para González, de NRGI, hay otro aspecto relevante: el avance de proyectos de cobre está ligado también a la necesidad de encontrar nuevas reservas. “En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años, y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene.
Un informe sobre el panorama global de minerales críticos señala que la ley promedio de las minas de cobre —el porcentaje de metal valioso que contiene un depósito, en palabras más sencillas— ha disminuido un 40% desde 1991.
“Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta del NRGI, lo que implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles, como el piedemonte amazónico o el Chocó biogeográfico, generando nuevos conflictos», indica.
La problemática ha sido ampliamente documentada: reportes del Atlas Global de Justicia Ambiental, una base de datos que documenta los conflictos ambientales en todo el mundo, registra que de los 3674 casos identificados, cerca de 771 se encuentran en Latinoamérica y 277 están relacionados con iniciativas mineras. Particularmente, 96 conflictos registrados tienen que ver con proyectos de cobre en la región.
En Colombia, datos de la ANM estiman que 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría que restringe actividades mineras— y 22 % con áreas donde no se puede hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.
Aunque el debate empezó a saldarse en 2010, cuando se modificó el Código de Minas para definir las zonas excluibles de la minería, el análisis geográfico evidenció que aún hay casos donde la superposición entre proyectos mineros y áreas protegidas se mantiene.
Según la información analizada, en ese país hay, por lo menos, 118 títulos para extraer cobre que se superponen con zonas de importancia ambiental, como reservas forestales, áreas protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos, entre otras.
De estos, 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera está prohibida) como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo y los páramos. La mayoría de estos títulos fueron solicitados y entregados entre los años 2005 y 2013, antes y cerca de la modificación del Código de Minas.
El análisis identificó que al menos tres títulos vigentes se encuentran en zonas que actualmente están reconocidas y delimitadas como páramos, ecosistemas considerados estratégicos especialmente “por su papel en la regulación del ciclo hidrológico” que sustenta el suministro hídrico para el consumo humano y “para el desarrollo de las actividades de más del 70% de la población colombiana”, señala el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (Minambiente).
Aunque la importancia de su conservación está reconocida desde 1993, fue solo hasta 2011 que se le otorgó a la cartera ambiental la misionalidad de delimitarlos para que su área se pudiera declarar excluida de actividades como la minería.
Los páramos con títulos vigentes son los de Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos), que fueron delimitados por el Minambiente en 2018, pero cuyos títulos mineros se solicitaron entre los años 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009. El primero se superpone en 65,2 hectáreas, los segundos en 270 y 341 hectáreas, respectivamente, según los datos del catastro minero.
Otra parte de los títulos activos —94— se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas en las que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” como parte de las actividades permitidas, o en las que se puede solicitar la extracción del área para llevar a cabo actividades mineras con condiciones.
Entre estos, se encuentran, por ejemplo, siete títulos que se encuentran en Distritos Regionales de Manejo Integrado, 15 que están sobre zonas de conservación ecológica que permiten el uso sostenible de los recursos (áreas de manejo ambiental, zonas de amortiguamiento o zonas con Planes de Manejo Ambiental) y al menos 91 títulos que se traslapan en más de 170.000 hectáreas con Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. De estas, la mayoría (60) se encuentran en la Zona de Reserva del Pacífico y 28 en la del río Magdalena.
La Ley Segunda de 1959, explica Carolina Montes, docente e investigadora de derecho ambiental en la Universidad Externado de Colombia, divide al país en siete grandes regiones que reservan una parte de los bosques. “Como tenemos un suelo con vocación forestal, lo que se quería era guardar económicamente esos potenciales.
Pero, al protegerlos, también se generaba un beneficio ambiental”, detalla. Aunque existe la posibilidad de sustraer zonas de reserva para desarrollar ciertas actividades (un trámite que se hace ante el Minambiente), Montes es clara en insistir en que el objetivo de esas áreas donde el bosque está conservado es el de resguardar los ecosistemas.
Si se analizan las solicitudes para nuevos proyectos que se encuentran vigentes, y que fueron recibidas por la ANM entre 1994 y 2026, el cruce con áreas ambientalmente sensibles escala a 354. De estas solicitudes, 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.
La más reciente en áreas donde no se puede hacer minería fue solicitada en 2024 y se encuentra en el complejo de humedales del Páramo de Santurbán, en el departamento de Santander. Otra solicitud, de 2022, se encuentra en el Parque Natural Chingaza.
Una de las zonas con mayor cantidad de proyectos es el área protegida de San Guillermo, en la provincia de San Juan. Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, allí operan actualmente cinco proyectos mineros, dos de los cuales forman parte de una de las mayores inversiones mineras de los últimos años: los depósitos José María y Filo del Sol, que en conjunto integran el proyecto Vicuña, operados por las empresas Lundin Mining y BHP, respectivamente.
De acuerdo con el Informe de Legado 2023 del proyecto, San Guillermo es una reserva “clasificada como una zona de uso múltiple designada para actividades de desarrollo como la minería, sujeta a requisitos de conservación y uso sustentable de los recursos naturales de manera mutuamente beneficiosa”, algo que pudo confirmar esta alianza tanto con los polígonos oficiales como con organizaciones ambientalistas consultadas.
También hay 10 proyectos que se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría en zonas periglaciales: áreas definidas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) como esenciales para los ecosistemas glaciales, aunque alejadas de la imagen de las grandes masas de hielo de las postales. Se trata, en muchos casos, de geoformas pequeñas y cubiertas de sedimentos.
En conjunto, estas áreas abastecen de agua de manera directa a más de siete millones de personas — 18 % de la población argentina—, según el Atlas de Glaciares de Argentina, una cifra que equivale a más del doble de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La mayoría de estas geoformas se encuentran en la provincia de San Juan, donde se geolocalizaron 16 proyectos mineros de cobre, entre esos, los proyectos de Los Azules y El Pachón, que figuran entre las iniciativas mineras más avanzadas.
Además, como explica Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, legislaciones ambientales, como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, se han flexibilizado para promover el desarrollo de esta industria.
El avance de proyectos para extraer cobre no solo presiona los ecosistemas estratégicos; también se expande en territorios indígenas y comunitarios.
En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos han sido reconocidos constitucionalmente como poblaciones sujeto de derechos y de especial protección.
En sus territorios colectivos (resguardos indígenas y tierras de comunidades afrodescendientes), así como en las Zonas de Reserva Campesina, no está prohibida la minería, pero adelantar actividades de exploración y explotación requiere de instrumentos como la Consulta Previa y del reconocimiento de las regulaciones o restricciones ambientales de cada territorio.
En el país, por ejemplo, hay resguardos indígenas que se superponen con áreas protegidas donde están prohibidas las actividades mineras. De igual forma, las Zonas de Reserva Campesina priorizan la protección de las economías campesinas, la producción de alimentos y el desarrollo sostenible; y no se consideran solo espacios de producción agrícola sino también zonas con importancia ambiental.
El análisis geográfico evidenció que en Colombia hay al menos 94 títulos mineros activos de cobre que se superponen tierras comunitarias: dos están en Zonas de Reserva Campesina, 38 en resguardos indígenas, 28 en Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes y 26 más se superponen tanto con resguardos indígenas como con consejos comunitarios afro.
En total, hay cerca de 30 resguardos indígenas que se han visto impactados por el avance de títulos mineros, con más de 69 000 hectáreas que han sido tituladas para esa actividad y se encuentran sobre sus territorios. Los títulos están a nombre de 13 asociaciones o empresas y la gran mayoría se encuentra en los departamentos Antioquia (34) y Chocó (23).
Entre los territorios indígenas con títulos mineros, la mayoría de proyectos titulados (el 77%) se encuentran en tierras de pueblos embera.
De igual forma, hay al menos 18 Consejos Comunitarios Afrodescendientes con títulos mineros en sus territorios en manos de 12 asociaciones o empresas. La mayoría de títulos que se encuentran en estos territorios (26 de 54) fueron solicitados por la empresa Exploraciones Chocó Colombia. Otros 16 títulos son del Consejo Comunitario Mayor de Condoto.
Las Zonas de Reserva Campesina Arenal Morales y Tarazá, en los departamentos de Bolívar y Antioquia, tienen dos títulos mineros que se superponen en 15 y 1546 hectáreas con estos territorios, respectivamente.
En varias partes del país hubo protestas masivas en contra de la minería, en especial en la provincia de Mendoza, cuando se aprobó, a puerta cerrada, el proyecto de cobre San Jorge; las consignas que se repitieron giraban entorno a la disputa por el agua. Imagen: Rodox-Pexcels
En Argentina, las provincias en donde se encuentran los proyectos de cobre son habitadas por más de 110 comunidades pertenecientes a 14 pueblos originarios.
Aunque el país reconoció desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria (en la reforma de la Constitución Nacional), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) no cuenta con polígonos sobre estos territorios, sino algunas coordenadas con los puntos donde se instalan.
Según Leandro Gómez, de FARN, esto ha puesto en un lugar cada vez más vulnerable a los pueblos indígenas que habitan el país. Una preocupación que se incrementa si se tiene en cuenta que durante la presidencia de Javier Milei se ha dado por terminada la emergencia territorial que suspendía desalojos, se eliminó un programa de asistencia jurídica para comunidades indígenas y se reformó la estructura del INAI.
El análisis documenta que, de los 76 proyectos mineros inventariados por la Secretaría de Minería, 47 se encuentran a menos de 50 kilómetros de distancia de los territorios indígenas; 17 no superan los 15 kilómetros y hay tres —todos ubicados en la provincia de Salta— que están a menos de cuatro kilómetros. Allí viven comunidades de los pueblos calchaquíes y tastileas, de acuerdo con datos oficiales.
El futuro de lo que puede aportar ese mapa minero al suministro de cobre (y de otros minerales estratégicos) a nivel mundial ha hecho que China, Estados Unidos y la Unión Europea busquen intensificar su presencia y establecer nuevas alianzas en la región. Para Gómez, de FARN, esas estrategias se expresan principalmente en dos dimensiones: una económica, a través de proyectos, y otra política.
China, por ejemplo, ha impulsado inversiones y numerosas visitas de alto nivel. Solo entre 2013 y 2024, el presidente Xi Jinping visitó seis veces América Latina, más que todas las visitas juntas de los mandatarios Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump durante sus gobiernos en Estados Unidos.
El país asiático también ha establecido en su más reciente documento de política sobre América Latina y el Caribe que está dispuesto a “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”. El documento diplomático es una especie de declaración oficial sobre la hoja de ruta de prioridades y estrategias conjuntas a largo plazo.
El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, magíster en estudios de Asia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. De hecho, insiste, la relación económica entre China y América Latina ha sido, por un buen tiempo, basada en el intercambio de ese tipo de insumos.
Sin embargo, agrega que ahora estamos en “una fase distinta”. “Antes, la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero, ahora, la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice.
El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos.
Tanto China como Estados Unidos han puesto el ojo en América Latina para disputarse el control sobre los recursos minerales; esta tensión ha sido vista en la región como una ventana al desarrollo y una oportunidad corporativa para las mineras transnacionales. Imagen: Rawpixel
Pero no son los únicos. La Unión Europea también ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de 50 % para 2050, y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición.
Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.
Según ha manifestado, el control chino sobre minerales críticos representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
De hecho, su Gobierno firmó en 2025 un acuerdo comercial con Argentina para impulsar el comercio de minerales y ofreció 20.000 millones de dólares de apoyo financiero al presidente Javier Milei. El Banco Mundial —cuyo principal inversor es Estados Unidos— también ha comenzado a abrir líneas de financiamiento directo a proyectos mineros en estos países.
En palabras de González, de NRGI, América Latina ha avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, podrían ponerse en riesgo.
“Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en bajar los estándares, reducir los trámites y flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica.
Esa visión, insiste, resulta problemática porque está ganando terreno en la región como una forma de acelerar proyectos extractivos, aun cuando podría profundizar los conflictos socioambientales
En su opinión, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para asumir esos estándares mínimos, pedir la generación de valor agregado de los proyectos y el desarrollo local. Además de preguntarse de dónde viene la demanda. “Sabemos —dice— que esa demanda tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”.
*Nota metodológica: El análisis de datos realizado para Colombia en este reportaje se hizo con base en títulos mineros activos y solicitudes de títulos vigentes, de mediana y gran escala, que incluyen el cobre como mineral objetivo y que fueron solicitados por empresas, personas jurídicas y/o asociaciones, con corte al 15 de mayo de 2026 (fecha en que se accedió a la información del catastro minero). En Argentina, el análisis se hizo con base en los proyectos mineros de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, con corte al 22 de junio de 2026.
Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
IPS - RV: EG - Daniela Quintero, Andrés Díaz Páez
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