La discusión por la reforma política volvió a instalarse en el centro de la agenda del Gobierno. Después de varios meses en los que la prioridad estuvo en aplacar la crisis desatada por el caso Manuel Adorni, en Balcarce 50 comenzaron a acelerar las negociaciones para modificar las reglas electorales con las que se disputarán los próximos comicios nacionales, con el objetivo de lograr la reelección de Javier Milei.
En ese esquema, una herramienta que parecía archivada desde hace años volvió a ganar protagonismo. Se trata de las listas colectoras, un mecanismo que el oficialismo busca adaptar a la Boleta Única de Papel (BUP) para reemplazar el rol ordenador que hasta ahora cumplían las PASO.
La iniciativa es impulsada por Karina Milei y por Eduardo "Lule" Menem, dos de los principales arquitectos políticos del oficialismo. Según las conversaciones que mantiene el Gobierno con gobernadores y dirigentes aliados, la idea es construir una alternativa que permita suspender las primarias abiertas nacionales sin cerrar los canales de representación de las distintas fuerzas que integran una misma coalición electoral.
Las colectoras son un mecanismo que permite que distintas listas de legisladores o cargos locales adhieran a una misma candidatura ejecutiva. En términos prácticos, varios candidatos a diputados o senadores podrían acompañar la boleta presidencial de Javier Milei sin necesidad de compartir una única lista legislativa. Históricamente fueron utilizadas por distintos gobiernos provinciales y nacionales para ampliar alianzas electorales y sumar apoyos territoriales sin exigir una integración total de las estructuras políticas.
La diferencia es que la versión que hoy analiza la Casa Rosada no sería una reedición exacta. El proyecto apunta a adaptarlo al nuevo esquema de Boleta Única de Papel y a las condiciones que surgirían de una eventual suspensión de las PASO. En el Gobierno incluso trabajan en encontrar una denominación diferente que evite la carga negativa que el término "colectoras" acumuló durante años en el debate público. El mecanismo fue eliminado para las elecciones nacionales de 2019 mediante un decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, que prohibió que una misma fórmula presidencial pudiera adherir a más de una lista de candidatos al Congreso.
Una de las alternativas que analizan los equipos técnicos es mantener una única línea para la categoría presidencial y dividir la correspondiente a los cargos legislativos nacionales en dos opciones, de modo que una misma candidatura a presidente pueda estar acompañada por distintas listas de diputados o senadores.
La eventual habilitación de las listas colectoras también abriría un nuevo debate sobre la implementación de la Boleta Única de Papel, vigente desde las elecciones nacionales de 2025. En el Ejecutivo y en los equipos legislativos analizan cómo adaptar ambos sistemas, ya que hoy no existe una regulación que permita combinar múltiples listas legislativas con una misma candidatura presidencial bajo el nuevo formato de votación. Mientras algunos dirigentes consideran que el mecanismo facilitaría acuerdos con los gobernadores sin necesidad de conformar frentes electorales, otros advierten que podría desvirtuar el funcionamiento y generar confusión entre los electores.
La lógica detrás de la propuesta responde a una necesidad política concreta. Desde el entorno de Karina Milei entienden que la eliminación de las primarias dejaría sin una herramienta de resolución interna a espacios como la UCR, sectores provinciales y parte del PRO. Frente a ese escenario, las colectoras aparecen como una vía para mantener unidos a distintos actores detrás de una candidatura presidencial común sin obligarlos a compartir las mismas listas legislativas.
La negociación tiene como protagonistas centrales a los gobernadores. En la Casa Rosada reconocen que el apoyo de los mandatarios provinciales será determinante para aprobar cualquier modificación electoral en el Congreso. Por eso, Diego Santilli recibió la instrucción de abrir conversaciones con los distintos distritos y medir el nivel de aceptación de la iniciativa antes de enviar un proyecto formal al Parlamento.
El planteo resulta especialmente atractivo para varios oficialismos provinciales. Con este esquema, los gobernadores podrían respaldar la candidatura presidencial de Milei y al mismo tiempo conservar autonomía para definir sus propias listas de diputados y senadores nacionales. De esa manera evitarían quedar absorbidos por la estructura libertaria en sus territorios y mantendrían capacidad de negociación frente a la Casa Rosada.
Para el oficialismo, en cambio, el beneficio pasa por otro lado. La estrategia apunta a garantizar la mayor cantidad posible de apoyos para la candidatura presidencial de Milei en 2027, aun cuando eso implique resignar parte del control sobre las listas legislativas en algunos distritos. En el entorno de Karina Milei consideran que el principal objetivo es asegurar una amplia coalición electoral alrededor de la figura presidencial y resolver después la ingeniería parlamentaria.
La reforma electoral forma parte de un paquete más amplio que comenzó a discutirse en las últimas semanas dentro de la mesa política del Gobierno. Entre las prioridades legislativas definidas por la conducción libertaria aparecen la suspensión de las PASO, modificaciones vinculadas al régimen electoral y una serie de proyectos que buscan llegar al Congreso antes de fin de año. La intención oficial es avanzar con rapidez para tener las nuevas reglas definidas mucho antes del inicio formal del calendario electoral.
En Balcarce 50 sostienen que el cronograma ideal contempla cerrar las negociaciones durante las próximas semanas y obtener una definición parlamentaria antes de septiembre. A partir de allí comenzaría una segunda etapa centrada en las conversaciones distrito por distrito y en la construcción de acuerdos con gobernadores, intendentes y fuerzas políticas aliadas.
ÁMBITO POR CECILIA CAMARANO
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