El Gobierno argentino dejó paralizado su propio reactor modular con el 85% de avance y 600 millones de dólares invertidos, y anunció en la misma semana una inversión privada de 1.200 millones para construir un reactor de diseño diferente con mayoría de capitales extranjeros, mientras parte del personal calificado que formó el proyecto estatal migraba hacia la empresa privada.
El proyecto fue presentado el 2 de julio ante el Ministerio de Economía por Meitner Energy, empresa constituida en Estados Unidos cuyo 60% pertenece al Grupo Ansari y cuyo 40% está en manos de Black River Technology, filial estadounidense de INVAP, la empresa tecnológica local de la provincia patagónica de Río Negro (sur).
El plan propone construir el ACR-300, un pequeño reactor modular de 300 megavatios de diseño argentino, en el complejo Atucha, donde funcionan dos de las tres centrales nucleares del país. La operación quedaría a cargo de la firma estatal Nucleoeléctrica Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el proyecto como "el primero de su tipo a nivel mundial".
"El proyecto tendrá una inversión estimada de 1.200 millones de dólares y será a través de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina. Esta obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación", publicó el funcionario en la red social X tras la reunión con los ejecutivos de la empresa.
Por su parte, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, definió el esquema como "exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo".
Para financiarse, Meitner busca ingresar al "Súper RIGI", el régimen de incentivos para grandes inversiones, superiores a 1.000 millones de dólares, que ofrece sendos beneficios fiscales por 30 años y libre acceso a divisas. El régimen fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero aún aguarda tratamiento en el Senado. En este caso, la inversión sería íntegramente privada, sin desembolso del Estado.
El anuncio llega mientras la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo estatal creado en 1950 que investiga usos pacíficos de la tecnología nuclear y opera las centrales existentes, atraviesa su peor crisis presupuestaria en décadas. Su presupuesto para 2026 es un 58% inferior en términos reales al ejecutado en 2023, antes de la asunción de Javier Milei, según datos oficiales.
El 30 de junio, más de 60 profesionales de la CNEA recibieron notificaciones de no renovación de contratos, incluyendo a la única operadora del microscopio electrónico de barrido que hay en todo el país. Los salarios reales del organismo acumulan una caída del 32% desde noviembre de 2023.
En ese contexto de desfinanciamiento, parte del personal calificado de la CNEA migró hacia Meitner Energy, que tiene una filial en la provincia de Río Negro. Representantes gremiales del sector marcaron que varios de los despedidos se desempeñaban en el proyecto de la Central Argentina de Elementos Modulares (conocido como CAREM), el primer reactor modular diseñado y construido íntegramente en Argentina.
El CAREM lleva 600 millones de dólares de inversión pública acumulada desde 2014 y se encuentra paralizado desde mayo de 2024 por falta de presupuesto, con un avance del 85%. Para completarlo se necesitan entre 200 y 300 millones adicionales. El titular de la CNEA designado por el Gobierno lo declaró "no comercialmente viable" y descartó avanzar con una versión comercial.
El plazo de cinco años anunciado para el ACR-300 es cuestionado por especialistas: el licenciamiento ante la Autoridad Regulatoria Nuclear demanda entre cuatro y cinco años cuando el diseño ya está aprobado, condición que Meitner aún no cumple. En la actual gestión, la CNEA acumula una pérdida de 389 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.
"La mayor parte de los despedidos son justamente de la gerencia del CAREM, donde toda la inversión que hizo nuestro país de conocimiento, de formación de equipos técnicos y de inversión en infraestructura se está tirando por la borda", dijo a Sputnik Adriana Serquis, física nuclear y ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (2020-2023).
"Se fueron llevando a los jefes de los diferentes grupos, a todos los equipos que se habían formado", remarcó la experta y exfuncionaria. "Había un acuerdo de que no se iban a instalar en Argentina y mucho menos se iban a llevar a los profesionales que trabajaban en el proyecto, y no solo no se cumplió eso, sino que se instalaron en Bariloche", advirtió.
"Quedó completamente diezmado el proyecto CAREM", afirmó Serquis. "Sin mantenimiento, eso probablemente se empieza a degradar, y estamos tirando a la basura 750 millones de dólares que Argentina ya invirtió en ese proyecto. Y eso que lo fueron matando", advirtió.
Consultado por Sputnik, Rodolfo Kempf, físico nuclear y secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, remarcó que "el objetivo de esos despidos es ante todo el primer paso de un plan de desarticulación del sistema nuclear argentino, que abre la puerta a la necesidad de capitales extranjeros, sobre todo de Estados Unidos".
Kempf señaló que el ajuste no representa un ahorro fiscal real. "El sistema nuclear argentino es superavitario", sostuvo.
"Argentina se autoabastece de radioisótopos y tiene capacidad de intervenir en un mercado de diez mil millones de dólares a nivel regional. El ajuste, desde el punto de vista fiscal, no impacta", precisó.
Para Serquis, la coyuntura que atraviesa el desarrollo nuclear supone la "pérdida de una ventana de oportunidades, porque si el CAREM hubiera continuado en tiempo y forma, la intención era que su puesta en marcha iba a ser en 2028, incluso antes que otras potencias mundiales en el sector".
Consultado por Sputnik, Nicolás Malinowski, ingeniero electricista y magíster en Gestión de la Energía, consideró que "el anuncio tuvo que ver con una operación para mostrar frente al público que había novedades por la positiva del área nuclear, pero es importante tener en cuenta que Meitner no tiene el financiamiento que se declaró, y la tecnología del reactor es desconocida, no hay un plano".
El experto calificó de "cambio de paradigma" a la política nuclear desplegada por el Gobierno nacional, dado que "frena una política de Estado ininterrumpida en las últimas décadas, que es el desarrollo científico soberano".
Malinowski advirtió que la desinversión en la ciencia "implica un costo muy alto para el país, porque se trata de profesionales formados con recursos públicos en nuestras universidades, además de que perdemos una oportunidad única para fortalecer el lugar del país en el mapa mundial de la energía nuclear".
A su turno, Kempf sostuvo que "hay una etapa donde ya entramos en lo irreversible, porque acá estamos sacrificando años de esfuerzo y trabajo de miles de profesionales, y del Estado en su conjunto, para conseguir un prestigio que hasta ahora era internacional".
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