La polémica por el patrimonio de Manuel Adorni empezó a tensar el vínculo entre el presidente Javier Milei y los aliados que fueron clave para sostener su gobernabilidad, mientras la oposición busca avanzar en el Congreso con una interpelación y una eventual moción de censura contra el ministro coordinador.

El caso abrió un frente político para el Gobierno después de que Adorni declara haber supuestamente mantenido fuera de sus declaraciones patrimoniales más de 500.000 dólares. El funcionario dijo que se trató de fondos previos a su ingreso al Estado y afirmó: "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos".

La explicación, que incluye además el descubrimiento de una supuesta herencia de la que no había registros previos y una exitosa inversión en bitcoins cuando la criptomoneda apenas había surgido, contradice declaraciones anteriores del jefe de Gabinete, quien había sostenido ante el Congreso que en sus presentaciones figuraban todos los detalles de su patrimonio y que no existía ocultamiento. La oposición considera que esa diferencia justifica una nueva comparecencia parlamentaria.

El peronismo y otros sectores impulsan en el Senado una interpelación para que Adorni aclare su sospechosa situación patrimonial y su ostentoso estilo de vida, totalmente opuesto a la austeridad en la que vivía antes de entrar en la función pública. Algunos legisladores también plantearon la posibilidad de avanzar luego con una moción de censura, una herramienta constitucional que puede derivar en la remoción del jefe de Gabinete.

El debate se produce en un momento delicado para la Administración libertaria, que gobierna sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras legislativas. Desde su llegada al poder, Milei dependió de acuerdos con gobernadores provinciales, bloques autodenominados "dialoguistas" y sectores del PRO (Propuesta Republicana), el partido fundado por Mauricio Macri.

El apoyo de esos aliados fue determinante para aprobar leyes y sostener reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo. Por eso, la incomodidad que genera el caso Adorni dentro de ese espacio político empieza a ser leída como un problema que excede la situación individual del funcionario investigado.

Gobernadores más bien amables hacia la Casa Rosada transmitieron que no quieren asumir el costo político de defender al jefe de Gabinete. Según reconstrucciones de medios locales, algunos mandatarios consideran que el caso debe ser resuelto por el propio presidente y que no corresponde trasladar a las provincias una defensa que puede erosionar capital político.

En el oficialismo también observan con atención el rol de los senadores que responden a gobernadores aliados, porque pueden resultar decisivos si la discusión llega al recinto. Para tratar una interpelación o una moción de censura se necesita una mayoría absoluta, que en el Senado equivale a 37 votos sobre los 72 escaños que componen la Cámara, en la que la oposición peronista emerge como primera minoría.

El PRO también marcó distancia respecto de la defensa del cuestionado político. Dirigentes del espacio de centro-derecha liderado por el expresidente Mauricio Macri cuestionaron la decisión de sostener al jefe de Gabinete y plantearon que quienes acompañan el cambio esperan que Milei defienda ese rumbo político, no necesariamente la continuidad del funcionario. "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni", publicó el partido en sus redes sociales.

Esa posición agrega presión a la Casa Rosada porque el PRO fue uno de los principales respaldos parlamentarios del Gobierno en momentos clave, y sus votantes, cruciales para que el candidato libertario triunfara en los comicios generales del 2024. La tensión ocurre, además, en medio de otros debates legislativos sensibles para Milei, que necesita preservar acuerdos para sostener su programa económico.

Adorni, una de las figuras más visibles del oficialismo desde el inicio de la gestión, está bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa analiza el origen de fondos utilizados en compras, viajes, gastos y operaciones inmobiliarias realizadas por el funcionario y su esposa. El jefe de Gabinete, que sostiene que el dinero proviene de ahorros personales y de inversiones previas a su llegada al Estado. También rectificó declaraciones juradas y se acogió al régimen de "inocencia fiscal", una controvertida herramienta impulsada por el propio Gobierno para regularizar activos no declarados.

"EL VALOR INCREMENTAL DE LA MENTIRA"

"El impacto en la opinión pública es total, transversal, con niveles de rechazo y de negatividad que superan el 80%, por lo que ahora es puro daño al Gobierno", dijo a Sputnik el analista político y consultor Gustavo Córdoba.

El consultor afirmó que "la idea de que el Gobierno no sabe qué hacer con Adorni es un problema porque expone limitaciones internas que terminan salpicando al resto del ecosistema político". Para Córdoba, el caso muestra que "las crisis tan recurrentes en el Gobierno no han generado todavía la curva de aprendizaje necesaria".

"El caso Adorni es un compendio de mala praxis", señaló el experto. Según explicó, la crisis tuvo un desarrollo inusual porque "ya va por el tercer mes en el centro de la agenda y porque mostró el valor incremental de la mentira para poder tapar la mentira anterior".

A su turno, consultado por Sputnik, el analista político Fernando Riva apuntó que el conflicto altera una relación que, sin el jefe de Gabinete, seguiría en términos similares. "Los aliados quieren seguir siendo aliados", afirmó. Sin embargo, advirtió que "la protección de Adorni se volvió demasiado incómoda" para quienes acompañan al Gobierno.

El analista señaló que el caso genera un costo difícil de asumir para cualquier socio del oficialismo. "Sostener a un tipo que es indefendible trae un costo absolutamente desmesurado para cualquier fuerza política", afirmó Riva, y agregó que la situación "se volvió demasiado incómoda para el vínculo entre la Casa Rosada y sus apoyos parlamentarios".

¿Dudas crecientes?

De acuerdo con Córdoba, la controversia trascendió los límites de la Casa Rosada y el Congreso y llegó al interior del país. "Los gobernadores están mirando de reojo para saber la verdadera fortaleza del equipo oficialista ante estas adversidades en las mesas de negociación", afirmó.

Según explicó, el caso Adorni no solo afecta la imagen pública del gobierno, que llegó al poder ostentando la bandera de la honestidad y de combatir a la "casta" y los "vicios" del poder, sino también la capacidad de Milei para "negociar recursos provinciales y acuerdos políticos".

El analista advirtió que el conflicto anticipa tensiones hacia el próximo año. "Hay una batalla pendiente a la que el presidente no estaría llegando con la misma fortaleza que el año pasado", sostuvo, al señalar que muchos gobernadores deben medir el costo de seguir acompañando al oficialismo.

Por su parte, Riva sostuvo que el caso puede afectar directamente el funcionamiento legislativo. "No tenemos problema en seguir con la relación que tenemos; pausémosla hasta que resuelvan el tema Adorni", resumió sobre la posición de aliados del PRO y los gobernadores afines al oficialismo.

De acuerdo al experto, la polémica en torno al funcionario sospechado "está paralizando al Gobierno: ya tenía freezado al Ejecutivo y ahora inmoviliza al Congreso, porque los aliados no quieren quedar expuestos defendiendo una situación que consideran políticamente insostenible". Además, advirtió que el costo institucional "puede crecer" si Milei no actúa rápido y logra poner fin a esta discusión.