El Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei mandó al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone eliminar las elecciones primarias, modificar el financiamiento de los partidos, incorporar la llamada 'ficha limpia' y consolidar la boleta única de papel.
La iniciativa ingresó por el Senado y forma parte de la agenda parlamentaria que la Casa Rosada busca acelerar tras varias victorias legislativas, ante un clima social que comenzó a tornarse hostil.
La propuesta apunta a suprimir de manera definitiva las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), creadas en 2009 y aplicadas por primera vez en 2011 con el objetivo de ordenar la oferta electoral y democratizar la selección de candidaturas. Bajo el esquema vigente, todos los partidos deben participar y las listas deben superar un umbral mínimo del 1,5% de los votos para competir en las elecciones generales.
El Ejecutivo sostiene que ese sistema no cumplió su función y encareció el proceso electoral. Según datos oficiales, las primarias de 2023 implicaron un fiscal excesivo y, en muchos casos, no sirvieron para dirimir internas relevantes entre los principales frentes en disputa. En esa línea, el Gobierno plantea que las candidaturas vuelvan a definirse dentro de cada partido, sin intervención del Estado ni participación obligatoria del electorado.
En materia de financiamiento, el proyecto introduce cambios de alto impacto. El oficialismo busca ampliar de forma significativa el límite de aportes privados permitidos por persona, multiplicando varias veces el tope vigente tanto para el sostenimiento institucional de los partidos como para las campañas electorales. Al mismo tiempo, mantiene el Fondo Partidario Permanente financiado por el Estado.
El esquema actual de distribución de esos recursos públicos se conservaría, con una asignación del 20% en partes iguales entre los partidos y el 80% restante según el caudal de votos obtenido en la última elección. Sin embargo, se reduce la obligación de destinar fondos a la formación política: del 20% vigente pasaría al 10%, en línea con una flexibilización general del régimen de financiamiento.
Otro de los ejes centrales es la incorporación de la ficha limpia, una iniciativa impulsada por el oficialismo y sectores aliados que busca impedir la candidatura de personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción. La medida apunta a restringir la participación electoral de dirigentes judicializados, en un punto de fuerte disputa política.
El proyecto también eleva las exigencias para que los partidos mantengan su personería jurídica, con mayores requisitos de afiliación y desempeño electoral, en un intento por reducir la proliferación de estructuras sin representación efectiva. En paralelo, establece nuevos criterios para la oficialización de listas y plazos de presentación ante la justicia electoral.
La reforma incluye la boleta única de papel como instrumento obligatorio para cargos nacionales y regula aspectos vinculados a la campaña, la publicidad y la rendición de gastos. También suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral común en todos los países del bloque.
El oficialismo deberá negociar cada capítulo por separado, en especial la eliminación de las PASO y los cambios en el financiamiento privado, dos puntos que ya generan resistencias entre radicales, peronistas y bloques provinciales. Aunque el Gobierno confía en reunir una mayoría en el Senado, necesita 37 votos y parte de una base propia de 21 bancas.
La discusión llega en un momento menos favorable para la Casa Rosada. La inflación volvió a acelerarse a su nivel más alto en el último año, la imagen del oficialismo muestra señales de desgaste en la mayoría de las encuestas y las controversias patrimoniales en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfriaron el impulso de sectores dialoguistas que acompañaron al oficialismo en votaciones recientes.
"Esta iniciativa puede modificar la campaña política y favorecer levemente al Gobierno en su intento por recuperar la agenda pública, pero no va a hacerlo ganar una elección: todo se define por la economía, que hoy es el capítulo más importante", dijo a Sputnik el analista político y consultor Gustavo Córdoba.
El consultor advirtió que "la eliminación de las primarias configuraría un escenario riesgoso para el Gobierno, porque los oficialismos sin esta instancia previa a la elección general, no tienen margen de recuperación". Además, remarcó que esas primarias "sirven para filtrar y organizar la oferta electoral a la sociedad", por lo que reducirlas al costo fiscal es insuficiente.
La mirada del investigador fue complementada por el politólogo Juan Adaro. Consultado por Sputnik, el experto precisó que "lo más relevante de la reforma es la eliminación de las primarias, que más que un impacto económico de ahorro fiscal tiene, sobre todo, un impacto político". Según explicó, la medida "le quitaría una herramienta central a la oposición a la hora de dirimir sus disputas, algo que siempre es tentador para el Gobierno de turno".
El analista recordó que "las elecciones primarias surgieron como una propuesta de democratizar las internas partidarias, pero es cierto que tuvieron una aplicación bastante marginal en los grandes frentes políticos". De todos modos, cuestionó el argumento fiscal: "La boleta única de papel, que también impulsó este Gobierno, supone un mayor gasto".
Sobre el impulso a la sanción de la Ficha Limpia, Adaro afirmó que "el Gobierno ya tuvo que retroceder una vez en este proyecto, y ahora parece estar siendo un tema incómodo para la propia Casa Rosada: las sospechas sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminan incomodando la posición que el propio oficialismo busca defender".
Para Córdoba, "hay una necesidad absoluta de recuperar la narrativa: el oficialismo busca recuperar el control de la agenda, perdido desde hace prácticamente dos meses". De acuerdo al investigador, ese deterioro se vincula con "un resquebrajamiento muy fuerte en la relación del Gobierno con la sociedad argentina, básicamente por los malos resultados económicos".
El politólogo consideró que las crecientes investigaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el contexto de la aceleración de la inflación, "conforman un contexto muy crítico para un Gobierno que se jactaba de controlar los temas del debate público". En ese marco, señaló que la Casa Rosada busca "pisar suelo firme con algún tema que le permita recuperar la iniciativa".
A su turno, Adaro advirtió que "el Gobierno atraviesa un momento delicado en materia de imagen y de combate a la inflación, que son precisamente los dos principales activos con los que había contado durante gran parte de sus primeros dos años de gestión". En ese escenario, la reforma aparece como "un intento de recuperar la centralidad política".
Según el experto, desde las últimas elecciones "Milei logró un fuerte apoyo en el Congreso, sobre todo apuntalado por ese respaldo social que tuvo después de la victoria en las urnas". Sin embargo, remarcó que "ahora es justamente ese apoyo social el que parece estar resquebrajándose".
El analista sostuvo que "no está claro que el oficialismo pueda volver a cosechar el mismo apoyo que tuvo antes". Esa incertidumbre atraviesa la discusión legislativa, porque el Gobierno necesita rearmar acuerdos con aliados "justo cuando su imagen y la inflación dejaron de funcionar" como amortiguadores de su agenda.
Municipios Pampeanos
