Santa Fe se encuentra atravesada por la crisis policial, mientras en Mendoza hubo un "caravanazo" de productores de uva, que reclaman la intervención del Estado por el precio de la producción.
Los frentes de conflicto crecen en las provincias en el arranque de febrero y esta vez se produjeron en Santa Fe y en Mendoza. El distrito que gobierna el radical Maximiliano Pullaro es escenario por estas horas de una revuelta de agentes que forman parte de la Policía, que reclaman mejoras salariales; mientras que en Rosario hubo una importante marcha de sindicatos y movimientos sociales en contra del proyecto oficial de reforma laboral. En Mendoza, en donde manda el también boina blanca Alfredo Cornejo, que suscribe las políticas del presidente Javier Milei, productores vitivinícolas y horticultores realizaron un “caravanazo” para exponer la delicada situación del sector, atravesado por bajos precios, aumento de costos y ausencia de políticas de apoyo estatal, según denunciaron.
Lo que comenzó como una protesta, tras la muerte de un suboficial de 32 años que estaba con tratamiento por salud mental y se quitó la vida con un arma oficial en horario de trabajo, desencadenó un conflicto que la Casa Gris, como se conoce a la Casa de Gobierno, todavía no logra desactivar.
La semana pasada se anunció una suma fija de $500.000 para los agentes que cumplen servicios en zonas de riesgo y otro de $250.000 para quienes están en otros distritos. Sin embargo, la respuesta oficial fue insuficiente porque los manifestantes reclaman un incremento del sueldo básico porque aducen que de bolsillo un agente de bajo rango, pero expuesto a tareas de alto riesgo, no llega al millón de pesos mensual. Es decir, no alcanza para cubrir una canasta básica, que promedia $1,3 millón para una familia de cuatro integrantes.
Por estas últimas se sucedieron encuentros informales entre representantes del gobierno provincial, otros se cayeron, pero el conflicto continúa. Por consultas de Ámbito, la Casa Gris se encuentra en un callejón, ante la inminencia del inicio de las paritarias con la dirigencia que representan a los trabajadores estatales. Si acepta el pliego de los manifestantes, teme que sea tomado como referencia para las inminentes mesas de negociaciones, en un escenario de sueldos básicos "pisados", ante la sequía de fondos nacionales y la caída de la recaudación por la retracción de la actividad económica.
Las calles de Rosario fueron este martes el escenario de la segunda marcha nacional en contra del proyecto oficial de reforma laboral que se tratará este miércoles 11 en el Senado. Al igual que la semana pasada en Córdoba, sede de la primera movilización, también fue organizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran los gremios ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, más agremiaciones sueltas que integran la CGT.
La movilización comenzó en la plaza 25 de Mayo, a las 11, y culminó en la plaza San Martín, frente a la Casa Gris. Antes, hubo una conferencia de prensa en la sede rosarina de la UOM, de la que participaron dirigentes nacionales como el secretario general nacional metalúrgico Abel Furlán, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores; Hugo "Cachorro" Godoy, de CTA Autónoma; Daniel Yofra, de la Federación Nacional Aceitera, y Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional.
Durante el acto central, Furlán destacó la masividad de la convocatoria y afirmó: “Más de 20.000 compañeros trabajadores y trabajadoras hoy dicen presente en la ciudad de Rosario y esto no es casualidad, es una demostración de que nuestro pueblo va a pelear por la dignidad y por la justicia social". "Aquellos que quieren hacernos creer que ya está todo resuelto se equivocan: los trabajadores siguen teniendo la misma voluntad de lucha de siempre", remarcó.
"Este frente que nosotros constituimos tiene como bandera la defensa del salario y la defensa de nuestros derechos laborales. Enfrente tenemos un gobierno que tiene dos grandes objetivos: destruir la industria nacional y el acuerdo que se firmó con Estados Unidos de Norteamérica es el certificado de defunción para la industria nacional y destruir al movimiento sindical", sumó Yasky.
Godoy puntualizó que "el Gobierno tiene un paquete de leyes, entre ellas la reforma laboral, para cumplir con compromisos con el FMI, y de las exigencias del salvataje que hizo Donald Trump a Javier Milei. Quieren llevar nuestro país a la colonia y como para nosotros, la patria está en cada metro cuadrado donde habitan los sueños de nuestro pueblo organizado, comenzamos por Córdoba la semana pasada y hoy estamos aquí en Rosario".
Aguiar, por su parte, instó a los gobernadores "a dejar de especular" y a pronunciarse contra la reforma laboral. "Se van a fundir con la disminución del impuesto a las ganancias. Tienen que representar los intereses de los ciudadanos de sus provincias", advirtió. A su juicio, el país enfrenta "el mayor ataque a los derechos laborales desde el regreso de la democracia".
La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Rosario se sumará este miércoles a la medida decretada por el confederal nacional en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno y realizará una movilización en Rosario, que tendrá como núcleo de concentración la plaza San Martín. Miguel Vivas, su secretario general, cuestionó en una conferencia de prensa la ausencia de instancias de diálogo con legisladores nacionales y con el Ejecutivo provincial en la previa de la votación en la cámara Alta.
"Nosotros hemos querido hablar, hemos llamado para hacer reuniones, pero en ninguna oportunidad nos han atendido ni han querido reunirse con nosotros. La idea simplemente era explicar por qué le decimos no a la reforma laboral", afirmó.
Productores vitivinícolas de Mendoza y horticultores de distintos puntos de la provincia realizaron este martes un ruidoso “caravanazo” hasta la Legislatura provincial para exponer la delicada situación que atraviesa el sector por bajos precios, aumento de costos y ausencia de políticas estatales de acompañamiento, según denunciaron.
La protesta fue con camionetas y autos identificados con banderas y carteles, y tuvo un fuerte contenido simbólico: la entrega de cajones de uva y verduras en la peatonal para demostrar el desfasaje entre el valor de producción y el precio que reciben en el mercado. Según detallaron los productores, producir un kilo de uva supera los $400, mientras que el precio de venta ronda los 200, desde hace dos años, "una ecuación que vuelve inviable la actividad", expresaron. A este escenario se le suma la caída del consumo, la presión impositiva y la falta de mecanismos de compensación efectivos. La caravana partió desde Costa Canal Montecaseros y recorrió el centro de la capital mendocina. consignas.
El conflicto se da en paralelo al último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que proyectó para la cosecha 2026 en Mendoza una producción de 13.450.000 quintales, lo que representa una caída del 9% respecto a 2025. El relevamiento, realizado al 3 de febrero con un margen de incertidumbre del 5%, indica que los viñedos presentan muy buen estado sanitario, aunque la merma en volumen vuelve a poner en evidencia la fragilidad del esquema productivo y la necesidad de mayor coordinación entre productores, bodegas y Estado.
Ángel Castro, referente de Productores Unidos de la zona Este, que agrupa a 400 pequeños productores de hasta 30 hectáreas, explicó a los medios presentes: "Cuando llega el momento de la cosecha siempre salimos perdiendo frente a las grandes bodegas. El Estado no puede desentenderse, tiene que fijar pautas claras e incentivar las exportaciones".
La manifestación se realizó mientras el gobernador Alfredo Cornejo se encuentra de gira en Francia para hacer contacto con bodegas de alta gama pero los productores reclaman que se los incluya también, como primer eslabón de la cadena. "Siempre miran al de más arriba. Nosotros quedamos afuera", se quejó un productor. Los viñateros esperan que la visita sirva para abrir mercados pero advierten que sin un dólar competitivo y con costos internos elevados, la exportación seguirá siendo limitada.
El “caravanazo” expuso la tensión estructural de la vitivinicultura entre las grandes bodegas con capacidad de exportación, frente a pequeños productores que sostienen la base territorial y social de la actividad, que garantiza trabajo para 800.000 personas, se señaló.
ÁMBITO POR DAVID CORREA
Municipios Pampeanos
