El sindicalismo argentino salió a las calles de Buenos Aires para protestar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei. Miles de afiliados a gremios congregados en la Confederación General del Trabajo (CGT) marcharon hacia la emblemática Plaza de Mayo para intentar frenar la iniciativa, enviada por el Ejecutivo al Congreso.

La convocatoria, a la que se plegaron movimientos sociales y gremios congregados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), constituyó la cuarta acción callejera contra Milei desde su asunción en 2023, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo.

La protesta apunta contra elementos sensibles de la reforma impulsada por la Casa Rosada, como las regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, el establecimiento de la prioridad de los convenios por empresa, la disminución del costo de las indemnizaciones y el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros elementos.

En ese marco, el gremialismo advirtió al Gobierno por una posible huelga nacional. Durante su discurso, Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT, sostuvo que "si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".

Además de trabajadores agremiados y referentes sociales, también se hicieron presentes dirigentes opositores tanto del peronismo como de la izquierda.

"Es una convocatoria multitudinaria que expresa lo que siente el pueblo: que este proyecto es una destrucción de los derechos de los trabajadores para favorecer a las grandes empresas", dijo a Sputnik Jorge Taiana, diputado nacional de Unión por la Patria y excanciller.

¿EL FIN DE UNA LUCHA?

En similar sintonía se expresó el exministro de Trabajo, Carlos Tomada. Consultado por este medio, el dirigente sostuvo que "los trabajadores salieron a las calles para defender sus derechos, porque la reforma laboral tiene como objetivo terminar con una historia de lucha del movimiento obrero".

Si bien la CGT nuclea principalmente a los gremios más tradicionales del país, los representantes de organizaciones populares y trabajadores informales también se hicieron presentes.

En diálogo con Sputnik, la dirigente social y diputada nacional Natalia Zaracho declaró: "soy una de las convencidas de que tenemos una deuda con los trabajadores del siglo XXI, pero ahora hay que votar en contra".

La movilización llega en un escenario complejo para el gremialismo, habida cuenta del clima favorable que se abre para el Gobierno de Milei en el Congreso, donde ha robustecido su peso parlamentario tras casi triplicar su cantidad de diputados (de 37 a 95) y de senadores (de seis a 19).

Con ese mismo impulso, el oficialismo logró sancionar el Presupuesto 2026 en la Cámara Baja.

Además, la necesidad de una reforma laboral haya consenso en una porción significativa de la opinión pública, en el país que registra un 42% de informalidad laboral. De acuerdo a la consultora DC, el 60% de los argentinos estaría de acuerdo en una actualización de la legislación. No obstante, el estudio fue realizado antes de la publicación del proyecto oficialista.