El presidente de Argentina, Javier Milei, inauguró su tercer año de Gobierno con un ambicioso objetivo en la mira: que el Congreso apruebe la reforma laboral enviada por el Ejecutivo, uno de los temas que más resistencia suscita en el mundo sindical. Impulsado por el triunfo legislativo de octubre, el oficialismo apuesta a lograr la sanción de un paquete de reformas que blinden el programa económico para la segunda mitad del mandato.
La denominada Ley de Modernización Laboral, presentada esta semana, propone revisar los convenios colectivos de trabajo, eliminar la ultraactividad y dar prioridad a los acuerdos por empresa. La Casa Rosada argumentó que la ley podría poner fin a los más de 10 años de estancamiento en el nivel de empleo registrado, en un escenario signado por la creciente informalidad laboral, que superó el 42% en el 2025.
Además, el esquema incorpora el "banco de horas", que habilita jornadas irregulares y compensaciones posteriores según los picos de actividad. El "plus" por horas extra sería menor al actual, lo que reduciría costos empresariales. Los gremios advierten que esta modalidad podría flexibilizar los límites diarios y semanales de trabajo.
El punto más controvertido es el cambio en las indemnizaciones: el proyecto excluye del cálculo montos no percibidos mensualmente, como aguinaldo o vacaciones, y habilita reemplazar el sistema tradicional por fondos de cese. Además, el Ejecutivo impulsa la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, que cubriría parcialmente los despidos y otorgaría a las empresas una rebaja considerable.
La reforma también apunta a limitar medidas de fuerza en servicios esenciales. El oficialismo sostiene que busca proteger el interés general ante huelgas prolongadas. Sin embargo, este punto podría colisionar con los tribunales: cuando Milei intentó adoptar este rumbo mediante un decreto de necesidad y urgencia, la Justicia Nacional del Trabajo suspendió la medida.
El proyecto integra el temario prioritario, con el cual, la Casa Rosada convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate su agenda entre diciembre y marzo. Junto a la reforma, emerge la Ley de Presupuesto 2026, la reforma del Código Penal y la ley de "inocencia fiscal".
El avance legislativo se dará en un clima social tenso. La CGT, la CTA y gremios estatales anticiparon rechazo y protestas, mientras que organizaciones sociales ya realizaron marchas en todo el país. El oficialismo confía en la nueva correlación parlamentaria, aunque gobernadores y aliados condicionan su apoyo a cambios fiscales y garantías de financiamiento.
"Es una de las reformas más profundas de la historia reciente: cambia la matriz del derecho al trabajo", dijo a Sputnik el abogado laboralista León Piasek. Según el experto, la iniciativa "invierte todas las presunciones a favor del trabajador, bajando considerablemente tanto el costo para las empresas como las garantías para los empleados".
De acuerdo con el experto, la propuesta libertaria "construye un plano de igualdad formal entre empleadores y empleados, pese a la desigualdad real entre las partes". El especialista añadió que "se cambian artículos fundamentales, como el que regula la cobertura de los trabajadores ante una repentina decisión de cambio de funciones por parte de la empresa".
Consultado por Sputnik, el abogado laboralista Matías Cremonte advirtió que "la modernización es necesaria pero, en este caso, es un eufemismo que difícilmente logre aumentar la cantidad de empleo formal, porque la experiencia muestra que la única vía de hacerlo sustentablemente es aumentando la actividad económica. Eso no se decide por ley".
El experto remarcó que "una reforma laboral nunca crea, ni destruye empleo", y que ello depende de políticas macroeconómicas, crédito accesible y consumo.
Piasek agregó que "ninguna reforma regresiva genera empleo", dado que "la clave está en fiscalización estatal y políticas productivas".
Ambos expertos coincidieron en el grado de afectación que sufrirán los sindicatos, cuyo poder —aun en declive— convierte a la Confederación Central de Trabajo (CGT) en uno de los actores con mayor presencia en la vida pública argentina.
Para Piasek, "esto golpea a los gremios porque busca individualizar los conflictos y desarmar la negociación colectiva".
Cremonte coincidió en el efecto de la ley, al señalar que podría "desfinanciar la estructura sindical, debilitando la capacidad de representación".
Asimismo, agregó que, originalmente, el Ejecutivo buscaba licuar la cuota de aporte solidario a los sindicatos descontada a los trabajadores, lo cual constituía una forma de financiamiento directa para los gremios.
En ese marco, el letrado enfatizó en que "es cierto que los gremios tienen cada vez menor peso por la creciente informalidad, pero todavía son un refugio importante en un momento de estancamiento de los salarios y alto desempleo", aunque rescató que "la estructura sindical va a seguir estando muy arraigada en la cultura laboral".
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