Al menos 15 menores de edad murieron en tres bombardeos y un enfrentamiento de la Fuerza Pública contra campamentos del grupo disidente comandado por Iván Mordisco, según reveló la publicación.

Entre las víctimas, había una adolescente de 16 años que había sufrido violencia sexual dentro de las filas de los grupos ilegales, otra niña de 13, y un joven indígena de 15 años.

Los hechos, ocurridos en el marco de las operaciones militares conocidas como 'Beta', reavivaron un debate nacional e internacional sobre la delgada línea entre los principios del Derecho Internacional Humanitario y el uso legítimo de la fuerza del Estado contra los denominados Grupos Armados Organizados.

De acuerdo con el ministro de Defensa colombiano, todos los integrantes de estas estructuras son considerados objetivos militares.

El caso expuso nuevamente la magnitud del reclutamiento infantil en Colombia, un fenómeno que ha crecido a la par de la expansión de los grupos armados, que hoy superan los 25.000 integrantes.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos un menor es reclutado cada dos días, aunque se trata de un subregistro, ya que muchas familias —amenazadas— optan por no denunciar. En 2024, 625 niños y adolescentes fueron forzados o engañados para unirse a grupos ilegales. En lo que va de este año, suman 162.

Las disidencias del grupo de Iván Mordisco (Estado Mayor Central) son responsables del 41% de los casos.

Les siguen otras facciones disidentes (30%), organizaciones sin identificar (15%), el ELN (5%), el Clan del Golfo (3%), la Segunda Marquetalia (3%) y redes criminales (1%). Los menores indígenas y afrodescendientes representan la mayoría de las víctimas; las regiones de Cauca, Antioquia y Chocó figuran entre las más golpeadas.

Autoridades señalaron para El Tiempo que algunas víctimas de los bombardeos ni siquiera estaban registradas oficialmente como reclutadas, lo que evidencia la dificultad para dimensionar el fenómeno.

La ONU ha documentado testimonios de menores que fueron engañados mediante ofertas falsas en redes sociales, o que fueron interceptados en caminos hacia escuelas rurales que han sido cooptadas como centros logísticos por grupos armados.

"Hemos pedido regulación de redes sociales, porque muchos reclutamientos se hacen allí, con ofertas falsas: dinero, motos, tenis, celulares. Ha habido resistencia de las plataformas, pero es fundamental avanzar en la regulación", afirmó para el diario la Defensora Iris Marín.

Entre los relatos recopilados por la publicación hay casos de niñas sometidas a esclavitud sexual y de jóvenes utilizados en combate. Las familias también sufren amenazas, desplazamiento forzado y extorsiones que impiden cualquier intento por recuperar a sus hijos.

Según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016, 1.494 menores han sido víctimas de reclutamiento forzado. Durante las cinco décadas previas de conflicto, más de 18.000 niños y adolescentes fueron utilizados por grupos armados.

Aun así, organizaciones humanitarias advierten que las cifras solo muestran una fracción de una crisis persistente que continúa afectando a los territorios más vulnerables del país.