Con el escenario político reconfigurado tras las legislativas y con Javier Milei ya pensando en su reelección en 2027, el Gobierno volvió a activar un expediente que considera clave: la reforma electoral que diseñó Santiago Caputo y que ingresó al Congreso en noviembre de 2024, pero que quedó paralizada.
Ahora, en Casa Rosada se analiza insistir con varios de sus capítulos centrales, convencidos de que el nuevo mapa político facilitaría la discusión legislativa.
La propuesta que más consenso genera dentro del oficialismo es extender la Boleta Única de Papel (BUP) a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia de Córdoba, Santa Fe y Mendoza —que ya la implementan con formatos propios— alimenta el entusiasmo de Karina Milei, que desde hace meses empuja esta agenda en la mesa política libertaria.
La idea del Gobierno no es solo unificar sistemas, sino también introducir modificaciones: entre ellas, sumar un casillero para marcar "lista completa" y reducir errores en la emisión del voto. En Balcarce 50 admiten que la medida encontrará resistencia en los gobernadores, ya que afecta los mecanismos tradicionales de control territorial. Aun así, creen que la discusión es ganable si se traslada al plano de la opinión pública.
Otro eje sensible es el método de elección de los parlamentarios del Mercosur. El oficialismo quiere terminar con el sistema mixto actual —que combina voto directo con listas nacionales— y reemplazarlo por un mecanismo indirecto: que los legisladores designen a los representantes en función de la proporcionalidad de cada bloque parlamentario.
Para avanzar, sería necesario reformar la Ley 27.120 y eliminar la elección por voto universal. El Gobierno sostiene que este cambio reduciría costos y ordenaría el esquema de representación regional, aunque sabe que el debate abrirá polémicas por la pérdida de una elección nacional que suele funcionar como termómetro político.
El capítulo más ambicioso del borrador apunta al financiamiento político y al régimen de partidos. Se trata de una agenda que Guillermo Francos empujó durante su paso por el gabinete, con la idea de avanzar hacia un modelo "más transparente y menos costoso".
La intención es revisar la estructura completa del sistema de aportes, auditoría y gastos de campaña, en un contexto en el que LLA pretende recortar todo flujo estatal que no considere indispensable.
El proyecto original —Fortalecimiento Electoral— proponía eliminar el financiamiento público de campaña, elevar los topes de aportes privados, suprimir los espacios de publicidad obligatoria en medios, acotar el período de encuestas y crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral. Nada de eso prosperó en el Congreso, pero varias de esas iniciativas siguen vigentes en la mesa chica del Gobierno.
La discusión más sensible es la del futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El oficialismo consiguió suspenderlas para el ciclo electoral de 2025, pero aún no definió si avanzará con su eliminación definitiva. La postura del Ejecutivo quedó clara cuando el vocero Manuel Adorni describió a las PASO como "una encuesta millonaria al servicio de la política".
Ahora, tras el avance electoral de LLA, los libertarios evalúan si las condiciones políticas permiten reabrir el debate. Para algunos sectores internos, eliminarlas podría fortalecer la estrategia rumbo a 2027; para otros, es preferible esperar y evitar una disputa inmediata con gobernadores e intendentes.
En el Gobierno reconocen que la ingeniería electoral será determinante para los próximos dos años. Milei ya deslizó que buscará la reelección si logra "resolver los problemas" del país, y Caputo —arquitecto del dispositivo político libertario— entiende que las normas electorales del sistema actual favorecen a las estructuras tradicionales.
El objetivo estratégico es claro: rediseñar reglas, reducir costos, ordenar el sistema de partidos y unificar criterios electorales. Para lograrlo, el Ejecutivo necesita acuerdos amplios en el Congreso, algo que buscará construir durante el verano legislativo y el primer semestre del año.
La reforma electoral vuelve al centro de la escena. Y, para el Gobierno, será uno de los debates definitorios del camino hacia 2027.
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