Firmado en octubre a instancias del secretario del Tesoro, Scott Bessent, este instrumento buscó, en todo momento, brindar algo de estabilidad al peso argentino, en medio de la volatilidad cambiaria. Sin embargo, según pudo saber Ámbito, su viabilidad jurídica está comprometida.
Esto es así porque, según se discute por estas horas en Washington y Nueva York, el instrumento rubricado carece de la autorización explícita del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por su sigla en inglés) de la Reserva Federal (Fed), lo que podría convertirlo en un compromiso revocable. ¿Consecuencias? El Gobierno, que solo ha accedido hasta ahora a unos u$s2.540 millones, enfrentaría un vacío abrupto por el resto del dinero si el arreglo pierde virtualidad, dejando al presidente Javier Milei sin el colchón de liquidez prometido. Mientras esto ocurre, el Gobierno apura el regreso a los mercados de deuda en dólares y anunció este viernes un llamado a licitación para el próximo miércoles.
Bessent, exgestor de fondos de cobertura y aliado clave de la administración Trump, ha defendido el swap como una "medida de estabilización económica" que ya genera ganancias para el erario estadounidense. No obstante, su "promoción" del rulo financiero ha desatado fricciones con la Fed, a la que presionó hace algunas semanas para extender una línea adicional de u$s20.000 millones, esta vez canalizada a través de bancos de inversión de Wall Street con la finalidad de recomprar deuda argentina para apuntalar la baja del riesgo país y así facilitar el reingreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda.
La respuesta de los bancos regionales que integran la Fed fue un rotundo no: rechazaron el préstamo, argumentando falta de garantías y riesgos a la rentabilidad y liquidez en un momento de tensiones globales. Esta pulseada no solo expone grietas en la coordinación ejecutiva, sino que toca el nervio sensible de los mercados: la percepción de que Bessent intenta "meter la mano en los bolsillos" de las entidades financieras.
La distinción entre competencias es crucial. La Fed, no el Tesoro, ostenta la responsabilidad de autorizar y administrar las líneas de swap de divisas, conforme a la Ley de la Reserva Federal. Estas líneas, gestionadas por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, están diseñadas para inyectar dólares a instituciones estadounidenses en escenarios de estrés financiero, y requieren la venia del FOMC para su ejecución con bancos centrales extranjeros. El Tesoro, por su parte, opera el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), un mecanismo separado que ha firmado swaps con la Fed en el pasado, pero no suplantan las líneas de liquidez central. El acuerdo con Argentina, anclado en el ESF sin aval del congreso ni del FOMC, representa una extralimitación que podría invalidar su funcionalidad como instrumento financiero, exponiendo al Gobierno argentino a un límite concreto en el acceso a divisas.
En los hechos, para que un swap de una sola línea sea viable, el banco central extranjero debe suscribir un acuerdo aprobado por el FOMC, seguido de una solicitud de giro ratificada por el comité o su presidente. En el caso argentino, esta secuencia se ha eludido: el BCRA no cuenta con la preaprobación requerida, y las solicitudes de giro de divisas podrían ser denegadas unilateralmente por la Fed, que retiene el derecho de revocación en cualquier momento.
Esta omisión no es mera formalidad; es un tótem normativo que preserva la independencia monetaria de la Fed frente a injerencias políticas. Sin ella, el swap podría disolverse sin mayores repercusiones para Washington, evitando un litigio entre el Tesoro y la Fed que escalaría a los tribunales y erosionaría la credibilidad del sistema financiero global.
Las consecuencias para Argentina aparentan ser importantes. Con poco más de u$s2.500 millones desembolsados, el país perdería el grueso del paquete, agravando la escasez de reservas. Milei, que apostó apuntalar su plan de ajuste y la negativa a comprar reservas al respaldo del swap, vería frustrada su estrategia, mientras que el riesgo país, ubicado por encima de los 600 puntos básicos, podría comenzar a trepar nuevamente. Más allá de lo económico, el episodio subraya la fragilidad del esquema de dependencias entre la Casa Rosada y Washington, donde la Fed prioriza la estabilidad sistémica sobre favores geopolíticos.
Hoy, los accionistas mayoritarios del Sistema de la Reserva Federal —gigantes como Vanguard y BlackRock— exacerban su recelo hacia Bessent, custodios celosos del señoreaje y la regulación de tasas de interés. Su influencia, que abarca billones en activos, transforma el encono en un freno estructural a cualquier iniciativa que diluya sus márgenes. La "guerra" entre Trump y la Fed se intensifica: el presidente ha renovado sus ataques a Jerome Powell, llegando a declarar que "me encantaría despedir a ese tipo", mientras presiona por recortes agresivos de tasas ante la reunión de diciembre, donde el FOMC se muestra dividido y podría optar por no bajarlas, desafiando las expectativas de Wall Street y la Casa Blanca.
Normativamente, los u$s20.000 millones del swap principal son indefendibles: ni la Ley de la Fed ni el marco del ESF justifican una exposición tan vasta sin contrapartes sólidas, más allá de la arrogación impropia del Tesoro. El intento paralelo de un fondo de 20.000 millones para recomprar bonos argentinos, rechazado por Wall Street, fue una alerta que amenazó golpear a los bancos de inversión. En rigor, estos actores sintieron la movida de Bessent como una intrusión en su liquidez, un tabú en la city que prioriza el retorno sobre la filantropía estatal.
En este contexto, Bessent confirmó esta semana que no visitará Argentina como estaba previsto para diciembre, una cancelación que oficialmente se atribuye al desaire de Milei al no asistir al sorteo del Mundial 2026 en Washington, pero que analistas vinculan a la necesidad de no "seguir jugando al límite" en medio de las críticas internas por el apoyo financiero al presidente Javier Milei.
ÁMBITO POR JULIÁN GUARINO
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