Si, al menos en parte, la humanidad ha logrado escapar de la jungla donde impera la ley del más fuerte ha sido gracias a un entramado institucional que regula el uso de la fuerza a escala global. Naciones de todos los continentes han cedido fragmentos de soberanía, adaptando su comportamiento a reglas de juego obligatorias y, a cambio, han obtenido un relativo aumento de seguridad colectiva, sustentado en la confianza mutua y en la eficacia de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la conducta del gobierno israelí bajo Benjamín Netanyahu muestra un rechazo sistemático a este marco. En Siria, Líbano y Palestina, la política israelí se sitúa al margen de las normas internacionales, desafiando los principios que han sostenido la paz y la estabilidad global durante décadas.

El desequilibrio deriva de una combinación de factores: la superioridad militar israelí, que incluye capacidades convencionales y nucleares, y el respaldo explícito de Estados Unidos, reflejado no solo en la protección diplomática, mediante el veto sistemático en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino también en el suministro de recursos económicos y militares. Desde los ataques de Hamás en octubre de 2023, Washington ha transferido al menos 21.000 millones de dólares en asistencia directa y proyectos de investigación militar. Además, la práctica habitual de los gobiernos de medio mundo de permitir discrecionalmente la impunidad de Israel ante violaciones del derecho internacional refuerza su margen de maniobra. La consecuencia es clara: Israel puede imponer su voluntad por la fuerza, dentro y fuera de sus fronteras, sin temor a repercusiones efectivas. Es decir, el sueño que siempre tuvo Adolf Hitler.

En Siria, Netanyahu ha desafiado abiertamente la soberanía de un país debilitado tras la caída de la dictadura de Bashar al-Assad y la ascensión del gobierno de Ahmed al-Sharaa. Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) llevan a cabo incursiones aéreas y terrestres diarias, violando los acuerdos internacionales y desafiando cualquier intento de mediación, incluso de Estados Unidos, que busca aproximar a Siria a su órbita geopolítica. La presencia israelí más allá de los Altos del Golán no solo consolida un control territorial ilegal, sino que además envía un mensaje inequívoco sobre la disposición de Tel Aviv a ampliar su influencia por la fuerza.

En Líbano, la situación no difiere significativamente. A pesar de que Hizbulah no ha realizado ataques contra Israel desde el alto el fuego logrado hace un año, las FDI continúan incursiones diarias sobre objetivos libaneses, alegando represalias frente a una amenaza inexistente. Las tropas israelíes mantienen ocupación de localidades libanesas en violación directa de acuerdos previos, reforzando la percepción de impunidad y de desprecio por el marco jurídico internacional. Este patrón de comportamiento evidencia una estrategia calculada: usar la fuerza para imponer condiciones políticas y militares sin asumir costos legales ni diplomáticos.

La situación en Palestina es, quizá, la más alarmante. En Cisjordania, las operaciones combinadas de soldados y colonos armados persiguen diariamente la destrucción de infraestructuras, la intimidación de civiles y la apropiación de territorios, sin que exista riesgo de sanción. En Gaza, los incumplimientos del alto el fuego alcanzado en octubre se repiten de manera sistemática. La constante violación de acuerdos demuestra que el gobierno israelí opera con la certeza de que sus actos no generarán consecuencias legales ni políticas.

Lo que distingue a Israel no es únicamente la violación reiterada de normas internacionales, sino la absoluta pasividad de la comunidad global ante estas transgresiones. Ignorar estas acciones bajo el argumento de que los adversarios, como Hizbulah, Hamás o el gobierno sirio, tampoco respetan las normas no es una justificación válida; por el contrario, evidencia un déficit grave de voluntad política. Se dispone de medios diplomáticos, económicos y militares suficientes para presionar a Israel y forzar su alineamiento con las normas internacionales, pero la ausencia de decisión política ha permitido que Tel Aviv avance con impunidad.

El respaldo estadounidense añade un componente estructural a esta dinámica. El veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y la financiación masiva actúan como un escudo que neutraliza cualquier intento de sanción internacional. A este privilegio se suma la tolerancia generalizada de otros gobiernos, que evitan condenas firmes y permiten que Israel defina unilateralmente los límites de su comportamiento en la región. La combinación de superioridad militar, apoyo diplomático y tolerancia global genera un paradigma de impunidad sin precedentes, que debilita los cimientos del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

El desprecio israelí por las normas tiene también un componente interno: la discriminación sistemática hacia los palestinos israelíes, que representan aproximadamente el 20% de la población del país. La segregación, las restricciones de movimiento y la limitación de derechos fundamentales consolidan un sistema de desigualdad que, en términos prácticos, reproduce dinámicas de ocupación y subordinación dentro de un Estado que se autodefine como democrático. Este desequilibrio interno refleja y amplifica las acciones externas, creando un patrón de comportamiento que normaliza la violación de normas y el uso selectivo de la fuerza.

El riesgo de esta estrategia israelí trasciende las fronteras regionales. Cada violación de acuerdos internacionales debilita la autoridad de organismos como la ONU, erosiona la credibilidad de los mecanismos de supervisión de derechos humanos y refuerza la percepción de que la fuerza, más que la ley, dicta las relaciones internacionales. En el largo plazo, la impunidad de Israel frente a Siria, Líbano y Palestina amenaza con sentar precedentes peligrosos, incentivando a otros Estados a desafiar normas internacionales cuando perciban que las consecuencias serán mínimas o inexistentes.

other-news - Por Martha Golfín* – Diario Sabemos