Esto mientras Washington amplía el despliegue de fuerzas en la región y estrecha el cerco sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien hoy ordenó a su Aviación Militar estar "dispuesta" para defender el país de cualquier "agresión" en su contra.
Junto al mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en años, el presidente Donald Trump vuelve a agitar la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los "narcotraficantes de Venezuela", un paso más en escalada retórica y militar con el gobierno de Nicolás Maduro.
En el marco de una llamada a miembros de las Fuerzas Armadas para saludarles con motivo del día de Acción de Gracias, el mandatario republicano avisó que "muy pronto" podrían empezar esas operaciones por tierra –una alternativa que insinuó por primera vez a mediados de octubre–, tras catalogar de exitosos los ataques en el mar contra supuestos traficantes de drogas.
"Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", aseguró Trump a sus tropas.
En ese sentido, destacó que "en semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos" y subrayó que, como consecuencia de esas acciones, "ya no hay muchos viniendo por mar".
Trump evitó detallar cuáles serían esos ataques por tierra pero, desde Florida (donde viajó para celebrar la festividad), resaltó que "estamos haciendo un montón" con los bombardeos en el Caribe y el Pacífico. "Hemos detenido el 85 % (del flujo) por mar", aseveró.
Desde el 1 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado 21 ataques contra barcos y lanchas supuestamente cargados de drogas, matando a al menos 83 personas, sin haber presentado pruebas sobre su presunto vínculo con el narcotráfico. Opositores y organizaciones de derechos humanos han denunciado estas acciones como "ejecuciones extrajudiciales".
Al mismo tiempo, la Administración Trump ha protagonizado una movilización de tropas en la región –incluyendo el traslado de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde el 16 de noviembre– que supera con creces la necesaria para estas operaciones antinarcóticos. Esta demostración de fuerza, con la reciente realización de ejercicios militares como exhibición de músculo, ha sido interpretada como un método de presión para forzar la salida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington ubica como líder del supuesto Cartel de los Soles, declarado "organización terrorista extranjera" el lunes pasado.
Pero, fiel a su estilo ambiguo, en paralelo al despliegue militar, Trump ha insistido que no ha decidido aún si bombardeará infraestructura en Venezuela o si tendrá como objetivo a Maduro, a quien también le ha extendido una invitación al diálogo que "podría hablar para salvar muchas vidas", según expresó el martes. Esa conversación sería "bienvenida", afirmó el miércoles el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.
Este 27 de noviembre, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los miembros de la Aviación de su país estar "alerta, listos y dispuestos" para defender a la nación latinoamericana de cualquier "agresión" en su contra, en alusión a las amenazas del Gobierno de Donald Trump.
Maduro añadió estar confiado en una "victoria" en caso de que su país se declare como "república en armas", a raíz del despliegue naval que Estados Unidos inició en el Caribe desde el pasado agosto, mientras justifica una lucha contra el narcotráfico, con la mirada fija en el Gobierno venezolano.
Las declaraciones del líder chavista llegan pocos días después de que la Administración del líder republicano vinculara por primera vez al Gobierno de Maduro con una organización terrorista, al otorgar esa designación al llamado 'Cartel de los Soles'.
Según Washington, se trata de un grupo "narcoterrorista", encabezado por Maduro y otros miembros de su Gobierno, aunque Caracas niega esas acusaciones.
Una clasificación que ha suscitado preocupación en Washington, debido a que Trump podría intentar utilizarla para justificar una acción militar en territorio venezolano, aunque expertos en sanciones afirman que el estatuto no autoriza tal medida.
Maduro sostiene que se trata de una "amenaza" para sacarlo del poder. Mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió a Estados Unidos que "no cometan el error de agredir a Venezuela. No cometan el error de venir por el pueblo de Venezuela, porque siempre está listo, junto a la FANB, para dar la respuesta que haya que dar (...) Estamos dispuestos a todo”
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el jueves a los marineros del portaaviones USS Gerald R. Ford, estacionado en Latinoamérica, mientras el Gobierno estadounidense refuerza su presencia militar y aumenta las preocupaciones en Caracas.
Si bien un video del Pentágono mostró a Hegseth dirigiéndose a los militares en el Día de Acción de Gracias, su visita al portaaviones más grande del mundo, recientemente situado en la región, no parece rutinaria.
Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y frente a las costas del Pacífico latinoamericano desde el pasado septiembre, hechos en los que ha matado al menos 83 personas.
Maduro insiste en que el refuerzo de las fuerzas estadounidenses en la región está diseñado para expulsarlo del poder.
La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) sigue de cerca la situación en Venezuela y está lista para tomar medidas si la situación lo requiere, declaró este jueves a EFE una portavoz.
"Con respecto a Venezuela, la EASA está monitoreando de cerca la situación y tomará medidas, en conjunción con la Comisión Europea (CE) y los Estados miembros, si vemos una escalada que pueda suponer una amenaza a unas operaciones de aviación seguras", dijo Janet Northcote, portavoz de la agencia con sede en Colonia (Alemania).
El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela revocaron este miércoles las licencias para operar en el país a la aerolínea española Iberia, a la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, a Latam Colombia, a Turkish Airlines y a la brasileña Gol, tras vencer un plazo de 48 horas para que estas compañías aéreas retomaran sus operaciones en Venezuela.
Las aerolíneas habían cancelado los viajes hacia y desde Caracas después de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a las aerolíneas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, materializa su ultimátum. Varias aerolíneas internacionales acusadas por el gobierno de Venezuela de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por EE. UU. perdieron la concesión de vuelo al no reanudar operaciones en las 48 horas fijadas por el ministerio de Transporte venezolano.
Mientras aumenta la presión en el Caribe, donde Trump mantiene su inédito despliegue militar, el miércoles 26 de noviembre venció el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, a las 16:00 GMT (el mediodía en hora local).
Ese mismo día, el ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión de revocarles los permisos para operar en Venezuela.
Las aerolíneas fueron señaladas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales", indicó el texto.
Seis aerolíneas fueron afectadas: la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, según la autoridad para la aviación civil (Inac) en una publicación en Instagram.
Con esta decisión, Venezuela se aísla y limita su conectividad aérea en un momento crucial para el transporte como es la Navidad.
El pasado viernes la Administración Federal de Aviación de EE. UU. instó a las aerolíneas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del caribe
0 ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", por lo que el fin de semana estas compañías habían tomado la decisión de cancelar los viajes hacia y desde Caracas.
Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, recordó que el Gobierno del país es quien "decide quién vuela y quién no" y "se reserva el derecho de admisión".
"El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", manifestó el número dos del chavismo.
Hasta ahora, más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos diferentes se han visto afectados por la suspensión de vuelos, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit).
Un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó cerca del mediodía en el principal aeropuerto de Venezuela, el internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas. Una fuente del ministerio de Transporte interpreta que, con base en este caso, "no hay peligro en el espacio aéreo venezolano" y evidencia un "doble discurso" por parte de Washington.
Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró que EE. UU. solicitó "permisos especiales" para operar "rutas de repatriación con aviones estadounidenses".
"Si un país suspende los derechos de tráfico de las aerolíneas de otro país, es muy probable que se tome una decisión recíproca de hacer lo mismo y se suspendan los servicios aéreos entre los dos países en cuestión", indicó la fuente, que prefirió mantener el anonimato en medio de esta delicada situación.
Al vencerse el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolanos anunciaron este miércoles la sanción contra las compañías Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.
Estas compañías habían cancelado sus vuelos hacia y desde Caracas luego de que el viernes la autoridad federal de aviación de Estados Unidos emitiera una advertencia a las aerolíneas comerciales para que extremaran sus precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, por considerar que se estaba produciendo "una situación potencialmente peligrosa en la región".
La fuente recordó que Venezuela ya es uno de los países menos conectados de toda Latinoamérica, debido a razones como las sanciones o el abandono de este mercado por parte de ciertas aerolíneas debido a los problemas para repatriar fondos, y que eliminar los derechos de tráfico acentuará esta problemática.
Los derechos de tráfico aéreo se negocian entre dos países basándose en el Convenio de Chicago (negociado en 1944, pero complementado posteriormente por varios acuerdos) y las cinco libertades originales del aire establecidas en ese documento y ampliadas luego a nueve, las que en conjunto constituyen los principios de la navegación aérea internacional.
La Fuerza Aérea de EE.UU. reveló que aviones bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, sin precisar la ubicación de estas demostraciones.
Las operaciones se enmarcan en la operación militar 'Lanza del Sur', anunciada el pasado 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica tres meses después de que comenzara el despliegue militar en la región.
Bajo el paraguas de ‘Lanza del Sur’, Washington ha desplegado el portaaviones USS Gerald R. Ford, buques de guerra y cazas de combate en el Caribe. Además, ha destruido más de una veintena de embarcaciones, dejando al menos 83 muertos, vinculándolas al narcotráfico, sin presentar prueba alguna de esta afirmación. Organizaciones como Human Rights Watch o la ONU consideran estas muertes como ejecuciones extrajudiciales.
El proceso que puede llevar a la destitución del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, por influir presuntamente en las elecciones de febrero de 2026, avanzó este miércoles en el Congreso, donde una comisión legislativa pidió al plenario levantar la inmunidad del mandatario.
FRANCIA 24 CON REUTERS, EFE Y AFP
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