"La violencia de género es inaceptable", pero una de cada tres mujeres la ha sufrido. En una nota conjunta, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reiteraron en los últimos días el compromiso de la UE de "poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres" y de "garantizar que todas las personas puedan vivir libres de miedo y dolor".
Mientras la UE trabaja para establecer un marco global de lucha contra la violencia de género, también en el ámbito de las agresiones online, en Italia el debate sobre el proyecto de ley que introduce el concepto de consentimiento libre y actual se ha convertido en un enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición.
Antes de febrero de 2026, la ley que introduce el concepto de consentimiento no será votada por el Senado. Así lo afirmó esta semana la presidenta de la Comisión de Justicia, Giulia Bongiorno, en una entrevista al 'Corriere della Sera', explicando que "en comisión la ley estará lista en enero".
Fruto de un acuerdo entre la secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, y la primera ministra, Giorgia Meloni, y votado por unanimidad en la Cámara hace apenas una semana, el proyecto de ley debería haber recibido la aprobación del Senado el martes.
Pero la Liga ha solicitado nuevas audiencias y un nuevo examen del texto, en particular del párrafo que regula los casos de "menor gravedad", pidiendo que se aclaren las dudas sobre este concepto. Una petición a la que también accedieron Forza Italia y Fratelli d'Italia y que hizo saltar por los aires la votación.
La medida enfureció a la oposición, que acusó a los partidos en el poder de querer echar por tierra el proyecto de ley, justo un día después de las elecciones regionales, ganadas en Campania y Apulia por el centro-izquierda y en el Véneto por el centro-derecha.
Otra cuestión debatida, no solo por los partidos, es la combinación del concepto de consentimiento y la amplia categoría de "actos sexuales". En el plano jurídico, el abogado penalista Enrico Amati advierte del peligro de que se invierta la carga de la prueba sobre el acusado, riesgo citado por la ministra de Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella.
En cambio, según el presidente del Tribunal de Milán, Fabio Roia, que lleva décadas ocupándose de la violencia de género, es "absolutamente falso que introducir el concepto de libre consentimiento constituya una inversión de la carga de la prueba".
"Es cierto que hubo un acuerdo entre Schlein y Meloni, pero no en el detalle, del párrafo único, o de que la norma debía aprobarse el día 25. Excluyo categóricamente hablar de retrasos y aplazamientos", dijo Bongiorno.
"No es algo que yo pueda decidir, es una ley de iniciativa parlamentaria, no gubernamental", defendió Meloni, citada por 'Corriere'. Para la primera ministra, la ley "debe hacerse bien, no con prisas o peor sólo porque debajo habría un intercambio inexistente, cosa que nunca he hecho en política".
La secretaria del Partido Demócrata no es de la misma opinión: "He escuchado a Giorgia Meloni y le he pedido que haga respetar los acuerdos", declaró Schlein pocas horas después del aplazamiento de la votación, prevista para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El texto había sido "aprobado por unanimidad hace menos de una semana. Ahora sería grave que, en la piel de las mujeres, se produjeran enfrentamientos postelectorales dentro de la mayoría. Espero que Meloni haga cumplir los acuerdos", subrayó Schlein. Más dura fue la reacción de la líder del grupo de Italia Viva en la Cámara de Diputados, Maria Elena Boschi, que acusó a la mayoría de haber dado un giro: "Ya no confiamos en ellos".
Mientras en Italia se ha introducido el delito de feminicidio y se debate el proyecto de ley sobre el consentimiento, otros países europeos ya han aprobado normativas específicas para proteger a las mujeres de abusos verbales, físicos y de violencia sexual.
En Francia, tras el impacto mediático del caso de Gisèle Pelicot, drogada por su marido, que permitió que decenas de hombres abusaran sexualmente de ella mientras estaba inconsciente, el Senado incluyó a finales de octubre la noción de consentimiento como elemento clave en la definición penal de violación.
Otros países como España, Suecia, Países Bajos, Canadá y Noruega introdujeron hace tiempo el concepto de consentimiento para proteger mejor a las víctimas de abusos sexuales.
En la nota de Kallas, Mînzatu y Lahbib, los tres funcionarios de la UE subrayaban que en su hoja de ruta para los derechos de la mujer habían situado "la ausencia de violencia de género" como primer principio y que llevarán esta prioridad a la próxima Estrategia de Igualdad de Género 2026-2030.
En febrero de 2024, la eliminación del "consentimiento" en la definición de violación dentro del primer borrador de legislación europea contra la violencia de género provocó un amplio debate. El borrador de directiva presentado en 2022 definía la violación como "sexo no consentido", pero la iniciativa se estancó tras la oposición de varios Estados miembros, entre ellos Francia y Alemania.
A nivel internacional, el Consejo de Europa aprobó en abril de 2011 el Convenio de Estambul, firmado por 45 países y ratificado por la UE en junio de 2023, con el objetivo de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, definiéndola como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación. El texto establece una serie de delitos contra las mujeres, como el acoso, la violencia sexual y física, el matrimonio y el aborto forzados, entre otros, y recomienda a los países firmantes que los incorporen a su legislación penal.
EURONEWS POR ILARIA CICINELLI
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