No es salud, no es economía ni educación: la mayor preocupación en Chile es la seguridad y la criminalidad, según diversas encuestas.
El tema domina los debates y la agenda previo a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, sufragio que esta vez será obligatorio y que mide a ocho postulantes a La Moneda.
En el orden que aparecen en la papeleta electoral, DW analiza las principales propuestas de seguridad de los presidenciables.
El economista, que se presenta por tercera vez a la presidencia, propone "barcos-cárcel" para prisioneros peligrosos y dotar a policías municipales con pistolas Taser. Asimismo, quiere poner minas antitanques en la frontera desértica para desalentar la migración irregular y otras actividades ilícitas.
El modelo de los barcos-cárcel presenta dificultades como, por ejemplo, garantizar "el acceso al agua e infraestructura adecuada, algo que afecta no solo a los internos, sino que también a los funcionarios penitenciarios", afirma a DW Ulda Omar Figueroa, abogado y doctor en sociología, del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile.
Hugo Frühling, experto en temas de seguridad y crimen de la Universidad de Chile, desaprueba la propuesta: "Me parece que es una reproducción pintoresca de lo que está haciendo (el presidente de El Salvador, Nayib) Bukele", dice a DW.
Sobre las pistolas Taser, Frühling estima que no tiene sentido entregarles armas a los guardias municipales, aunque sean menos letales: "Nadie sabe cómo se forman y carecen de estructura institucional clara".
La exministra del Trabajo del Gobierno saliente, cuestionada en su momento por decir que las soluciones para combatir el narcotráfico "son de amor", propone levantar el secreto bancario para perseguir el dinero del crimen organizado, así como ejercer controles estrictos en los puertos chilenos e incautar más armas. Ella quiere reforzar los servicios de inteligencia y las policías, así como también construir más cárceles y aplicar programas de rehabilitación.
La idea de levantar el secreto bancario constituye "una estrategia interesante, no solo para probar la comisión de delitos y perseguirlas penalmente, sino que también para afectar su viabilidad en el futuro", opina Figueroa.
Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, explica a DW que, como el fin de las organizaciones criminales es el dinero, "no sirve de nada ir a golpear las poblaciones. Si no tienes capacidad para perseguir el dinero, vas a seguir yendo a romper puertas todos los días, pero apuntando al último eslabón de la cadena".
Früling, por su parte, ve positivo financiar a los servicios de inteligencia o policías, "pero tirarse livianamente a aumentar recursos, sin saber en qué exactamente, me parece incorrecto".
El cineasta, que se presenta al cargo por quinta vez, quiere controlar la frontera usando drones, cámaras térmicas e inteligencia artificial. Propone crear un Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia para denuncias anónimas, modernizar las policías y elegir fiscales regionales por voto universal.
Hay que ser "cautelosos" con las tecnologías propuestas, advierte la investigadora Alejandra Mohor. Solo deben usarse para investigaciones criminales certeras y no "para amplificar la capacidad del Estado de ejercer control y vigilancia sobre todos los sujetos".
"Hemos pasado de tener 7.000 cámaras adscritas a municipios en el año 2019, a tener 25.000 en el 2024. Se han vendido a la ciudadanía como herramientas preventivas, lo que genera expectativas que luego no se cumplen", plantea.
El diputado busca ampliar el número de policías a 6.000, fortalecer a la Agencia Nacional de Inteligencia y dar más facultades a las Fuerzas Armadas. Quiere reordenar el sistema judicial –al que considera politizado-, reformar Gendarmería, construir más cárceles y separar a presos por peligrosidad. Dice que detendrá, trasladará a un campamento y expulsará a quienes entren a Chile por pasos irregulares. Quiere reinstaurar la pena de muerte para delitos de violación.
Este tipo de propuestas "parecen corresponder a un esfuerzo por crear un clima de temor y preocupación que ya es grande, y asociarlo a ciertas respuestas específicas y mecánicas como, por ejemplo, la militarización del orden público. Me parece peligroso y no es algo que los militares quieran hacer", apunta Hugo Frühling.
En un contexto democrático, el involucramiento de militares en tareas de seguridad interna "es una cuestión muy delicada. Hemos visto experiencias, en nuestra propia región latinoamericana, que muestran que esto puede ser incluso generador de más violencia", subraya Mohor.
El exdiputado, postulante por tercera vez a la presidencia, apuesta por cárceles de alta seguridad inspiradas en el modelo de Bukele, con aislamiento total de reos y uniformes penitenciarios. En la frontera quiere poner vallas, zanjas, torres de vigilancia y 3.000 unidades militares. Dice que expulsará a inmigrantes sin papeles, que ellos colaborarán para "pagar su pasaje de salida" y les negará el acceso a prestaciones sociales.
"El volumen de personas en situación irregular que debieran ser expulsadas es inabordable en términos económicos y logísticos (superan las 300.000 personas)", asegura Figueroa.
Mohor plantea que, debido a la extensión de la frontera chilena, las "posibilidades de ingresos irregulares son inmanejables. No hay forma de construir un muro que nos aísle".
"Yo creo que (las propuestas) por sí solas no van a reducir el problema, y creo que muchas de estas carecen de todo realismo, al menos bajo un régimen democrático", declara Frühling.
El profesor propone refundar las FF. AA. e integrarlas a la vida política. Quiere crear patrullas civiles mezcladas con policías, impulsar la pena de muerte para líderes de mafias, violadores y casos graves de corrupción, militarizar las fronteras y fabricar armas en Chile.
La pena de muerte "transgrede tratados internacionales y ello pondría a Chile en situación de incumplimiento de obligaciones. Tampoco es útil porque se ha comprobado que no genera efectos en la disuasión de delitos graves", expone Figueroa.
La exalcaldesa y exministra del Trabajo propone crear una Policía Militar Fronteriza, con instalación de fosas y dos centros de expulsión. Pretende invertir USD 2.500 millones en 14.000 cámaras con reconocimiento facial, drones y otros sistemas. Quiere 10.000 carabineros más y planea la construcción de cinco cárceles nuevas (tres de alta seguridad) con 32.000 plazas.
Sumar nuevos policías aumentaría la sensación de protección, pero la cantidad de uniformados está a la baja, afirma Frühling: "No basta con tener más policías para que baje el delito. Es necesario saber qué van a hacer cuando están en la calle. Los que proponen incrementos en cuatro años de 10.000 policías están fuera de toda realidad. Eso no va a ser posible", asegura.
En cuanto a la crisis penitenciaria, que expone condiciones elevadas de hacinamiento, esta no se resuelve con más prisiones: "La construcción de nuevas cárceles no constituye un aporte al control de estas nuevas formas de criminalidad", opina Figueroa. Según él, se debería invertir más en "enfrentar los desafíos que ha supuesto comenzar a lidiar con miembros de organizaciones criminales al interior de los recintos penales".
El dirigente deportivo propone un Comité Nacional de Seguridad para coordinar fuerzas del orden semana a semana. Ofrece más medios y poder a las policías, con apoyo de las FF. AA. en barrios críticos. Propone crear un cerco en la frontera con drones, sensores y otros elementos disuasivos, y la expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos graves.
Similar a lo anteriormente dicho, no basta simplemente con invertir dinero en nuevas tecnologías: "Contar con estos recursos no va a ser eficaz si no se capacita al personal policial para que tenga los conocimientos que les permitan hacer análisis adecuados con la información generada por estas herramientas", argumenta Figueroa. DW (ms)
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