Horas de tiroteos en los complejos de Penha y Alemão, bolsones de pobreza en Río de Janeiro compuestos por numerosas favelas, dejaron al menos 132 personas muertas, en uno de los despliegues policiales contra el grupo criminal Comando Vermelho más sangrientos de la historia reciente de Brasil.
El objetivo de la llamada "Operación contención" era detener a 100 presuntos criminales contra los que pesaban órdenes de captura. El enfrentamiento del martes 28 de octubre fue brutal, los barrios cerraron y la ciudad entera se vio afectada por la acción, que supuso el movimiento de 2500 agentes y decenas de vehículos blindados, además de helicópteros y drones.
"Tuvo un impacto en el conjunto de la ciudad, se cerraron los trabajos, las escuelas y las universidades", cuenta a DW Ignacio Cano, sociólogo e Investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
La mañana del miércoles, 29 de octubre de 2025, vecinos de las favelas reunieron en una calle decenas de cadáveres que recuperaron de una zona boscosa. La escena, de una brutalidad innegable, pone en evidencia la magnitud del operativo y desata dudas sobre los protocolos utilizados y la organización del trabajo policial, además de exponer cómo los derechos humanos son pasados por alto en este tipo de situaciones.
Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, dijo en Brasilia que se revisará si lo sucedido "es compatible con el Estado democrático de derecho", y señaló que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva , quedó "aterrado" ante la noticia, y "sorprendido" por no haber sido notificado de la operación.
"Una operación policial exitosa es la que termina con la detención de los sospechosos, su enjuiciamiento y su condena, y eso no es lo que ha pasado aquí. Esto es un baño de sangre, una enorme tragedia", indica a DW César Muñoz, director para Brasil de Human Rights Watch (HRW). "El problema es cómo se diseñó la operación, las decisiones que se tomaron, las precauciones que se tomaron, eso tiene que ser investigado", apunta.
Cano, por su parte, sostiene que lo ocurrido el martes es un "déjà vu de las operaciones que habitualmente se hacen en Río, que consisten en invadir territorios ocupados por grupos criminales, matar personas, requisar armas y drogas, salir y volver en unos cuantos meses a repetir la operación". Sin embargo, añade, esta vez todo se realizó "a una escala nunca vista anteriormente, por el altísimo número de víctimas".
Lo sucedido, apunta el sociólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, fue realizado "deliberadamente por el gobierno del Estado para generar un hecho político para mostrarse como duros ante el crimen". Sin ir más lejos, el gobernador, Cláudio Castro, del Partido Liberal liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, fue el principal protagonista de la jornada del martes, al aparecer en la prensa dando cifras de muertos y siguiendo el operativo, del que informaba a través de la red social X. Para él, todo fue un "éxito", porque la acción policial habría preservado la vida de los vecinos de las favelas.
Dados los acontecimientos, HRW pide a la fiscalía que se encargue de investigar qué fue lo que ocurrió realmente. "En el pasado, la misma Policía se encargaba de indagar las muertes causadas por sus agentes, con investigaciones débiles y con conflictos de interés. También pedimos que se indaguen las decisiones tomadas por el comando policial y las autoridades de Río a la hora de ordenar esta acción", señala Muñoz.
Aparte de criticar el hecho de que las fuerzas de seguridad no acordonaran las zonas de los tiroteos ni preservaran las evidencias, Muñoz también resalta que la efectividad real de este tipo de acciones cuasimilitares "es cero". "No consiguen desmantelar los grupos criminales y, como mucho, logran la muerte de algunas personas que son miembros de base de estos grupos. Esto significa que, si un joven muere, mañana hay otro que ocupa su lugar. Son operativos que ni siquiera son eficientes", sostiene.
Cano coincide. "Si alguien piensa que esto va a aniquilar al Comando Vermelho está muy equivocado, porque se trata de una red que abarca muchos territorios, muchos estados de Brasil. Si el gobierno de Río quisiera realmente debilitar a ese grupo, podría investigar los tentáculos financieros del crimen, o a todos los funcionarios corruptos que están siempre detrás de un grupo criminal. Esto es, en realidad, la aplicación del principio de que el bandido bueno es el bandido muerto a escala amplia, como si fuera una política pública".
Y añade que, a la larga, lo que se conseguirá es que el Comando Vermelho "se arme más y se prepare mejor para el próximo embate". DW (ms)
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