El informe, publicado el 14 de octubre por una coalición de grupos de investigación internacionales y organizaciones de la sociedad civil, afirma que solo en 2024 se destruyeron casi 8,1 millones de hectáreas de bosques, lo que deja al planeta 63 % por debajo del objetivo de deforestación cero prometido en la Declaración de los Líderes de Glasgow, durante la 26 Conferencia de las Partes (COP26), celebrada en esa ciudad escocesa en 2021.
El informe describe 2025 como «un punto medio peligroso» en la década de compromisos forestales.
Afirma que «los bosques mundiales siguen en crisis. A pesar del papel indispensable de los bosques, el veredicto es claro: estamos lejos de alcanzar el objetivo de detener y revertir la deforestación para 2030».
Los bosques, señala el informe, son «una infraestructura indispensable para la estabilidad del planeta», ya que proporcionan medios de vida a más de mil millones de personas y albergan a 80 % de las especies terrestres.
El informe afirma que la COP30, que va a celebrrse en noviembre en la ciudad de Belém, en plena Amazonia brasileña, es una oportunidad «fundamental» para pasar de los meros compromisos a la acción concreta en materia forestal.
«Bajo el liderazgo de Brasil, que ostenta la presidencia de la COP30, se espera que los países forjen vínculos más fuertes entre el clima, los bosques y la biodiversidad ampliando los compromisos en todo el sector terrestre», afirma el informe.
Añade que esto incluye ampliar la financiación innovadora para los bosques en pie, promover cadenas de suministro libres de deforestación y conversión, apoyar sistemas alimentarios resilientes y defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
El informe pide que los compromisos forestales se incorporen a la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), los compromisos climáticos voluntarios de los países parte de la COP, de modo que el balance mundial impulse avances tangibles a nivel nacional e internacional.
Una de las principales autoras del informe, Erin Matson, en una entrevista exclusiva con IPS, afirmó que las razones que explican el fracaso en la reducción de la deforestación son muchas y complejas, pero entre ellas se encuentra la drástica desalineación de la financiación derivada de un sistema económico que recompensa las actividades que dañan los bosques en lugar de conservar los bosques en pie.
«Tanto la financiación pública como la privada están desajustadas; por ejemplo, se gastan en promedio 409 000 millones de dólares al año (2021-2023) en todo el mundo en subvenciones agrícolas perjudiciales para el medio ambiente, frente a solo 1700 millones de dólares destinados a pagos por servicios ecosistémicos a los productores agrícolas», dijo.
Añadió que en 2024 «las 150 instituciones financieras evaluadas por Forest 500 tenían 8,9 billones (millones de millones) de dólares en financiación activa para las empresas más expuestas al riesgo de deforestación en sus cadenas de suministro».
Según Matson, la gobernanza débil se caracteriza por varios elementos cruciales:
Uuna corrupción endémica (que permite a las redes criminales y a las élites con recursos suficientes beneficiarse impunemente de la destrucción ilegal o ilícita de los bosques) y una aplicación de la ley inadecuada y mal orientada (que a menudo se centra en los pequeños actores que se dedican a la tala ilegal o ilícita de bosques, pero deja libres a los grandes culpables).
Además, de la inseguridad de los derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales (lo que limita gravemente su capacidad para gestionar y proteger sus territorios forestales).
«Otra razón es la falta de voluntad política y el cortoplacismo. En general, la mayoría de los líderes gubernamentales, empresariales y financieros han tendido, durante la última década, a dar prioridad a políticas y enfoques que reportan beneficios a corto plazo (como el crecimiento económico y el aumento de los beneficios) sin abordar los riesgos y daños fundamentales derivados de la pérdida de naturaleza que socavan la estabilidad y la prosperidad económica y social a medio y largo plazo», afirmó Matson.
Según la evaluación, las tasas de deforestación apenas han variado desde 2015, cuando los gobiernos y las empresas comenzaron a asumir compromisos firmes para la protección de los bosques.
Los 8,1 millones de hectáreas perdidas en 2024 superaron con creces el límite máximo anual de cinco millones de hectáreas necesario para mantener el rumbo.
La mayor parte de esta destrucción se produjo en las regiones tropicales, donde tuvo lugar 94 % de toda la deforestación mundial. Las emisiones resultantes fueron asombrosas: 4200 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, más que las emisiones anuales de la Unión Europea (UE).
«Cada año que la curva no se inclina, nos quedamos más atrás. La deforestación continúa al mismo ritmo que hace diez años. Eso no es una desaceleración, es un estancamiento», se lee en el informe.
Las más afectadas fueron las selvas tropicales primarias, que almacenan grandes cantidades de carbono y albergan una biodiversidad irremplazable.
En 2024 se destruyeron alrededor de 6,7 millones de hectáreas de selva primaria, lo que liberó 3100 millones de toneladas métricas de CO₂, casi 150 % de las emisiones anuales del sector energético de Estados Unidos.
El informe califica esta situación de «emergencia ecológica y climática» y advierte de que gran parte de esta pérdida es irreversible.
«Estos bosques tardan siglos en formarse. Una vez que el bosque primario desaparece, ningún proyecto de restauración puede recuperarlo en una generación. El daño es permanente durante nuestra vida», afirma el informe.
La cuenca del Amazonas sigue siendo el epicentro de la degradación forestal mundial y de las emisiones relacionadas con los incendios. Los incendios en la Amazonia en 2024 liberaron 791 millones de toneladas métricas de CO₂, superando las emisiones totales de Alemania.
Bolivia perdió 9 % de sus bosques tropicales húmedos intactos restantes, mientras que Brasil fue responsable de la mitad de toda la degradación en la cuenca amazónica, que engloba a ocho países sudamericanos, además del territorio de la Guayana Francesa.
El informe identifica la agricultura permanente como la principal causa de la deforestación, responsable de 86 % de la pérdida forestal mundial en la última década. Los bosques se talan para dar paso a cultivos, pastos y plantaciones de productos básicos como el aceite de palma, la soja y el caucho. La minería, la expansión de las infraestructuras y la especulación inmobiliaria añaden aún más presión.
El consumo interno es un factor importante. Por ejemplo, en América Latina, el consumo de carne de vacuno y productos de pastoreo de la región es la principal causa de la deforestación.
Por el contrario, la deforestación en Asia y África está relacionada con una gama más amplia de productos de exportación.
Estudios recientes citados en el informe muestran que los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y varios países europeos, provocan una pérdida sustancial de biodiversidad en el extranjero a través de los productos importados. Entre 2000 y 2015, los 24 países más industrializados causaron aproximadamente 13 % de la pérdida de biodiversidad forestal mundial a través del comercio internacional.
La evaluación también señala que «la corrupción, la débil aplicación de la ley y los deficientes sistemas de tenencia de la tierra» contribuyen de manera significativa a la deforestación. Estas fallas de gobernanza permiten la apropiación ilegal de tierras y la tala no regulada, lo que socava los esfuerzos de conservación.
Según Matson, la deforestación impulsada por las materias primas es compleja porque está causada por varios factores, entre ellos los patrones de demanda de materias primas, tanto para el consumo interno como para el comercio internacional; las regulaciones comerciales y los aranceles que pueden cambiar las zonas de producción y los flujos de materias primas.
También la impulsa la dinámica del uso de la tierra a nivel nacional, como la especulación inmobiliaria, en la que se considera que el valor de la tierra aumenta una vez que se ha talado el bosque; y la débil aplicación de la ley. Se estima que entre 69 % y 94 % de la deforestación tropical es ilegal.
«Para cambiar este patrón, necesitamos múltiples acciones que se complementen entre sí. Una inversión en una aplicación de la ley justa, equitativa y receptiva para hacer frente a la deforestación ilegal y hacer que no sea rentable talar tierras ilegalmente», afirmó.
Y añadió: «Regulaciones comerciales que prohíban la importación de productos básicos producidos en tierras deforestadas después de una fecha determinada (como 2020), combinadas con inversiones en sistemas de trazabilidad y regulaciones de diligencia debida para garantizar que estas regulaciones se puedan aplicar».
Matson abogó por la adopción y aplicación de normativas de diligencia debida para abordar la deforestación relacionada con el consumo interno de productos básicos.
«Necesitamos esfuerzos y campañas que tengan como objetivo cambiar los patrones de consumo, cuando sea culturalmente apropiado, por ejemplo, reduciendo el consumo de carne en los países de altos ingresos y alto consumo, pasando a las proteínas de origen vegetal y al consumo de productos básicos certificados libres de deforestación», dijo
Mientras que la deforestación elimina bosques enteros, la degradación debilita los que quedan.
En 2024, alrededor de 8,8 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos se degradaron, el doble del nivel compatible con detener la degradación para 2030. El informe califica la degradación como una «crisis invisible», a menudo pasada por alto en los debates políticos, pero igual de perjudicial para la biodiversidad y la estabilidad climática.
La degradación provocada por los incendios, especialmente en la Amazonia, fue la principal causa de estas pérdidas. Las sequías extremas, la mala gestión forestal y las quemas deliberadas para despejar la tierra han hecho que los incendios sean más destructivos.
Según el informe, la Amazonia ardió a una escala que no se había visto en décadas. Estos incendios ya no son acontecimientos aislados, sino síntomas de un ecosistema estresado que ha superado sus límites.
El informe advierte de que los bosques degradados son mucho más propensos a ser deforestados posteriormente, lo que crea un ciclo de declive. Los datos de América Latina, África y Asia muestran que, una vez que la cobertura del dosel arboreo cae por debajo de 50 %, el riesgo de deforestación total aumenta considerablemente.
La degradación es una señal de alarma. El informe afirma que, cuando los bosques comienzan a perder estructura, a menudo se produce la deforestación.
El seguimiento de la degradación sigue siendo un gran reto debido a la escasez de datos a nivel mundial. La mayoría de los informes nacionales se centran únicamente en la pérdida de la cubierta arbórea, y no en la salud de los bosques o la función de los ecosistemas. El informe insta a los gobiernos a integrar los indicadores de degradación en los marcos climáticos y de biodiversidad.
«Consideramos que la degradación forestal es una «crisis silenciosa» porque está muy extendida y es muy perjudicial para la salud y la resiliencia de los bosques, pero a menudo pasa desapercibida porque es más difícil de detectar y rastrear que la deforestación», djo Matson.
«A diferencia de la deforestación, no existe una definición acordada a nivel mundial ni un enfoque de seguimiento estandarizado para la degradación forestal», añadió.
La autora del informe precisó que «los países que informan a la Evaluación de los Recursos Forestales de la FAO pueden establecer sus propias definiciones nacionales siguiendo las directrices de la FRA 2025».
Pero el hecho de que no haya uniformidad «dificulta la comparación de datos entre regiones o la captura de los impactos acumulativos de la tala, los incendios y otras perturbaciones en la calidad de los bosques», explicó.
Añadió que otros marcos han animado a los países a establecer definiciones y criterios de seguimiento de la degradación forestal, como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+). Por ello, adujo, los países en los que el seguimiento de la degradación está más avanzado son los que han avanzado en los programas REDD+.
«Cuando existen incentivos para supervisar y notificar con precisión la degradación, los sistemas mejoran», consideró Matson.
«La degradación forestal contribuye de manera significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero y también afecta a la biodiversidad, por lo que los países deben establecer objetivos pertinentes, como primer paso, en sus NDC y en sus NBSAP (estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad)», afirmó Matson.
A pesar de las sombrías tendencias, la evaluación destaca algunos avances positivos. En septiembre de 2025, había proyectos de restauración activos en 10,6 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas. Estos esfuerzos incluyen programas de reforestación, agrosilvicultura y regeneración natural, principalmente en regiones tropicales.
Sin embargo, la cifra representa solo 0,3 % del potencial de restauración forestal mundial, muy por debajo del objetivo de 30 % establecido en el Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica.
El seguimiento sigue siendo otra área débil. Gran parte de los datos disponibles provienen de fuentes fragmentadas o superpuestas, como la base de datos Restor y los observatorios nacionales. El informe advierte que, sin un seguimiento global unificado, el progreso de la restauración seguirá siendo poco conocido.
La evaluación pide un seguimiento más amplio en el marco del Marco de las Naciones Unidas para el Seguimiento de la Restauración de los Ecosistemas, que combina datos cuantitativos con información cualitativa sobre la eficacia de los proyectos y la participación local. Persisten las deficiencias en materia de gobernanza y financiación.
El informe destaca que el progreso depende de cambios sistémicos, no de éxitos aislados. Mientras que países como Brasil han reducido la deforestación mediante una aplicación estricta de la ley y una planificación inclusiva del uso de la tierra, otros han visto cómo sus logros se veían anulados por cambios políticos o una aplicación deficiente.
La financiación para la protección y la restauración de los bosques sigue siendo muy insuficiente. El informe concluye que la financiación positiva para los bosques sigue siendo una fracción de los fondos que apoyan actividades que dañan los bosques, como los subsidios a los combustibles fósiles y la agricultura industrial. Pide que se reformen los sistemas financieros para redirigir el capital hacia el uso sostenible de la tierra.
La evaluación también destaca que las comunidades indígenas y locales siguen estando infrarrepresentadas en la toma de decisiones sobre los bosques, a pesar de gestionar algunos de los ecosistemas más intactos del mundo. La ampliación del reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra y la garantía de la participación de la comunidad se describen como «condiciones no negociables» para el progreso.
«Al igual que la mayoría de los temas tratados en el informe, los obstáculos para ampliar la restauración son complejos y se refieren principalmente a aspectos financieros, de gobernanza y estructurales. La restauración suele carecer de financiación suficiente porque los beneficios solo se obtienen a largo plazo y las ventajas ecológicas —como el almacenamiento de carbono, la regulación del agua o la biodiversidad— no se valoran plenamente en los mercados», dijo Matson.
«La financiación pública para la restauración tiende a ser a corto plazo o basada en proyectos, mientras que la financiación privada se muestra reacia debido a los altos riesgos percibidos, los modelos de ingresos poco claros o la simple falta de proyectos o iniciativas en los que invertir», añadió.
Afirmó que, en lo que respecta a las políticas, muchos países carecen de una tenencia de la tierra clara, de incentivos a largo plazo y de marcos que permitan una restauración a gran escala.
«Integrar la restauración en los planes nacionales de clima, biodiversidad y desarrollo rural, y armonizar los sistemas de financiación, tenencia y seguimiento en consecuencia, incentivaría y canalizaría la acción colectiva para desarrollar enfoques de restauración globales a escala paisajística que vayan más allá de proyectos individuales y dispersos», afirmó Matson.
A solo cinco años de la fecha límite de 2030, el informe afirma que los cambios incrementales no serán suficientes. «Esta crisis no puede quedar relegada a un segundo plano», afirma el informe. «Los éxitos aislados no salvarán los bosques del mundo. Necesitamos una reforma estructural que convierta la protección de los bosques en la norma, no en la excepción», añade.
Los expertos afirman que para revertir las tendencias actuales será necesaria una acción coordinada entre la agricultura, el comercio y las finanzas.
A su juicio, los gobiernos deben cerrar las lagunas legales que permiten la entrada en los mercados de productos relacionados con la deforestación. Las empresas deben rastrear y divulgar sus cadenas de suministro. Y los prestamistas internacionales deben alinear la financiación con los objetivos medioambientales.
«A medio y largo plazo, tenemos que hacer que la conservación y la gestión sostenible de los bosques sean más atractivas y rentables que la deforestación legal. Y eso requiere cambiar los incentivos financieros: reformar las subvenciones; establecer pagos por mantener los bosques en pie, como el Fondo Tropical Forests Forever; y aumentar los pagos por los programas de servicios ecosistémicos para agricultores y silvicultores», dijo Matson.
«Gran parte de la deforestación responde en gran medida a la dinámica del mercado: cuando sube el precio del oro, se produce una mayor deforestación para la extracción de este metal. Por lo tanto, contrarrestar esos incentivos financieros perjudiciales con otros positivos debe formar parte de cualquier solución permanente a la crisis de la deforestación», concluyó.
IPS - T: MF / ED: EG - Umar Manzoor Shah
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