La Conferencia de Parlamentarios Asiáticos sobre Educación para la Vida, la Seguridad y la Dignidad Humana, celebrada en Tokio el 7 de octubre, reunió a parlamentarios de países asiáticos, funcionarios ministeriales, profesionales, organizaciones asociadas, expertos y medios de comunicación con el fin de encontrar soluciones para la eliminación de los delitos sexuales y la violencia contra los niños y los jóvenes.

La conferencia concluyó con un claro llamamiento a una colaboración internacional más profunda para abordar la protección de los niños en la era digital.

En su discurso de apertura, Kamikawa Yoko, presidenta la conferencia, afirmó: «Tradicionalmente, en Japón, la educación sexual se consideraba un tabú; incluso la palabra «sexualidad» hacía que el tema fuera intocable», por lo que había propuesto el concepto de «Educación para la Seguridad en la Vida (LSE)» para que fuera más fácilmente aceptado.

Para contextualizar el debate, Yoko señaló que los jóvenes llegan a grandes ciudades como Tokio y Osaka y se ven expuestos a una gran cantidad de información a través de Internet y las redes sociales, y que algunos se ven atraídos por promesas de «ganancias fáciles», solo para ser engañados y convertirse en víctimas antes de «darse cuenta de que pueden ser coaccionados para participar en la industria del sexo, la trata de personas, el tráfico de drogas u otras actividades delictivas».

La LSE era más que enseñar a los niños conocimientos adecuados a su edad sobre el cuerpo; empodera a los niños para que reconozcan sus derechos, desarrollen la autodeterminación y se protejan a sí mismos, dijo, y destacó que las instituciones públicas y los grupos de la sociedad civil suelen acudir a los legisladores en busca de apoyo.

«Proteger a los niños no es opcional. Es nuestra responsabilidad compartida», recordó Yoko a los legisladores.

Nakazono Kazutaka, del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, explicó el programa de educación para la seguridad de la vida del país, cuyo objetivo es evitar que los niños se conviertan en agresores, víctimas o espectadores, utilizando contenidos adecuados a su edad y orientación sobre las redes sociales.

La educación se integra en las clases de salud y educación física, con materiales digitales y formación para los profesores. La iniciativa se está ampliando a más escuelas y regiones, haciendo hincapié en los derechos humanos y la dignidad.

Makishima Karen, diputada japonesa, afirmó que los niveles de incidencia eran preocupantemente altos, con 2783 casos relacionados con pornografía infantil en los que estaban implicadas 1024 personas. También explicó que muchas víctimas quedaban fuera del alcance de las fuerzas del orden y las redes de seguridad diseñadas para ayudarlas.

A menudo, el grooming comienza de forma inocente, con jóvenes que cuentan sus aficiones y su vida cotidiana; a menudo caen en la trampa de personas que los captan, los atraen con promesas y luego los agreden y abusan sexualmente de ellos.

El factor preocupante es que los abusos no se denuncian o, si se denuncian, los niños desaparecen, lo que dificulta el seguimiento. Se han aprobado nuevas leyes que penalizan la filmación no autorizada, dijo Makishima, pero es necesario ampliar los mandatos legales.

Citó un ejemplo de cómo las víctimas de imágenes sexuales no consentidas deben solicitar la eliminación individualmente de cada plataforma digital, independientemente de su edad, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde las imágenes deben eliminarse en un plazo de 48 horas.

Makishima describió las medidas en las que participa el Ministerio de Educación, incluida la LSE, hacen  hincapié en la importancia de «no quedarse al margen cuando se presencian comportamientos dañinos».

«Los niños deben comprender el impacto de la violencia sexual y fomentar una mentalidad que respete tanto a uno mismo como a los demás», afirmó, y esto se consigue con mensajes diferentes para cada edad, de modo que, por ejemplo, la educación infantil incluiría mensajes como «tu cuerpo te pertenece, y las partes que cubre el bañador son privadas y no deben mostrarse ni tocarse».

Los mensajes dirigidos a los adolescentes y los jóvenes son inequívocos, ya que afirman que «cualquier acto sexual que no desees constituye violencia sexual», y se culpa al agresor y no al niño.

Sin embargo, es necesario que la clasificación de contenidos en la comunicación en línea sea eficaz y aplicable, pero el problema es internacional más que nacional, por lo que pidió una colaboración más profunda.

«Los operadores de plataformas suelen ser globales, por lo que se necesitaría una colaboración internacional. Sobre el terreno, los profesores intentan educar a los niños, pero necesitamos colaboraciones internacionales que traspasen las fronteras de los países». destacó Makishima.

Entre otras soluciones planteadas por los delegados internacionales en la conferencia se encontraba la restricción del uso de las redes sociales para los niños y jóvenes menores de 16 años.

«A nivel mundial, los datos son desalentadores: entre 16 % y  58 % de las niñas de 30 países han sufrido violencia cibernética. Se trata de nuestras hijas, hermanas y amigas. El impacto psicológico es real. El acoso cibernético destruye la autoestima y provoca ansiedad y depresión», afirmó Catherine Wedd, diputada de Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda, siguiendo el ejemplo de Australia, está tomando medidas para regular las redes sociales para los jóvenes.

Wedd afirmó que defendió un proyecto de ley que «garantizará que las empresas asuman la responsabilidad de crear las medidas de verificación de edad necesarias para impedir que los niños accedan a las plataformas de redes sociales y para aplicar la prohibición de las redes sociales a los usuarios menores de 16 años».

En Camboya, se ha desarrollado una aplicación móvil para la salud de los jóvenes con el fin de mejorar la educación sanitaria y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, según explicó en la conferencia Chanlinda Mith, directora de Investigación del Departamento General de Legislación e Investigación de la Asamblea Nacional del Reino de Camboya.

Además de proporcionar información crucial para la seguridad de los jóvenes, la aplicación, desarrollada en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), les ofrece anonimato en caso de que necesiten hablar de asuntos delicados.

Tanto Yos Phanita, diputado de Camboya, como Abe Toshiko, diputada de Japón, reiteraron en sus discursos de clausura el llamamiento a la cooperación regional e internacional.

«Debemos seguir fomentando la cooperación regional, compartir las mejores prácticas y defender la educación sexual integral como un derecho humano fundamental y una base esencial para construir sociedades saludables, equitativas y sostenibles en toda Asia», afirmó Phanita.

Abe se mostró de acuerdo y expresó su esperanza de que el debate sirva de «catalizador para el avance concreto de las políticas y para fomentar una mayor comprensión y apoyo en toda nuestra sociedad».

IPS - T: MF / ED: EG - Cecilia Russell