El presidente Javier Milei anunció un proyecto de ley para penalizar a los legisladores que aprueben presupuestos nacionales con déficit fiscal. Tras semanas de fuertes derrotas parlamentarias, el jefe de Estado dio un discurso transmitido por cadena nacional el pasado viernes denunciando que el Congreso "está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento" y "causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones futuras".

Durante los 23 minutos que duró su exposición, el mandatario anunció que buscará "amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno". Además de la penalización a congresistas, el libertario dispondrá la prohibición de la emisión monetaria para solventar el gasto primario.

"En una república sana, el Ejecutivo propone los impuestos a cobrar y el Parlamento en representación del pueblo decide si los acepta o no en pos de defender los intereses de sus representados", exclamó Milei, quien acusó que el Congreso, donde el oficialismo carece de mayoría, "no está proponiendo otra cosa que o más impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda".

La medida, inédita en la historia argentina, llegó tras un duro revés legislativo. En Diputados, el oficialismo encadenó 12 derrotas consecutivas frente a una oposición que avanzó con proyectos que incrementan el gasto público, recuperando partidas severamente afectadas por el ajuste "con motosierra" dispuesto por el Ejecutivo. Entre ellas, fondos adicionales para universidades, programas para personas con discapacidad y mayores transferencias a provincias.
La ofensiva opositora fue posible por la alineación de bloques de distinto signo político, muchos bajo la influencia directa de gobernadores provinciales que hasta el momento se habían mantenido considerablemente cerca del presidente. El resultado expuso la vulnerabilidad del partido gobernante, La Libertad Avanza, en un Congreso donde no controla ninguna de las dos cámaras y enfrenta un calendario electoral cargado.

En el primer semestre del año, la Casa Rosada logró sancionar apenas cuatro leyes propias. Según datos del Directorio Legislativo, el Congreso aprobó apenas ocho leyes en total hasta junio, incluyendo tres tratadas en la gestión anterior y una impulsada por la oposición. El resto de la agenda oficial se estancó o fue frenada en comisiones.

La debilidad legislativa del oficialismo contrastó con el avance opositor en la segunda mitad del año. En una sola semana de julio, el bloque anti-Milei obtuvo ocho triunfos seguidos en ambas cámaras, lo que encendió alarmas en la Casa Rosada. El dato choca contra la retórica de un "Congreso domado" durante el 2024, cuando Milei logró blindar su ley bases —considerada como la carta magna libertaria— y un megadecreto presidencial que modificó y derogó centenares de leyes

Frente a este escenario, el Ejecutivo intensificó el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y facultades delegadas para implementar reformas sin pasar por el Congreso. Sin embargo, este recurso también encontró resistencia. En Diputados, se rechazaron los DNU que disolvían o intervenían organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

En el Senado, el rechazo tuvo otro foco: la designación por decreto —esquivando los mecanismos parlamentarios formales— de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La oposición frenó ambas nominaciones, en un gesto que marcó un límite político al uso de facultades extraordinarias.

En paralelo, el presidente Milei apeló al recurso extraordinario del veto presidencial para echar por tierra leyes clave aprobadas por la oposición, entre ellas los aumentos a jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. En virtud del fuerte apoyo parlamentario cosechado en la sanción de cada una de estas iniciativas, la oposición insistirá para frenar los vetos y obligar al Gobierno a recomponer las partidas.

El nuevo proyecto de Milei busca modificar ese equilibrio de fuerzas. Según adelantó, la iniciativa propondrá penas que podrían incluir inhabilitación para ejercer cargos públicos. El texto será enviado en las próximas semanas, en medio de un clima político enrarecido. La Casa Rosada presenta la medida como una herramienta para "proteger a las futuras generaciones de la irresponsabilidad fiscal" y garantizar la continuidad del superávit primario alcanzado en 2024. El trasfondo es la discusión sobre el Presupuesto 2026, que se prevé será uno de los debates más tensos del segundo semestre.

El oficialismo quiere presentar el proyecto después del recambio legislativo del 10 de diciembre, confiando en que tendrá una posición más favorable para negociar. La reacción en el Congreso no se hizo esperar. Diputados y senadores opositores anticiparon que rechazarán cualquier intento de penalizar decisiones legislativas y advirtieron sobre una "escalada institucional" si el proyecto avanza. La batalla, aseguran, será tan política como jurídica.

CONFLICTO ABIERTO

"Es la primera vez en la historia que un presidente busca penar a los legisladores por hacer su trabajo", dijo a Sputnik el analista político Fernando Riva. Según el experto, aunque Milei ha insultado a los diputados en diversas oportunidades, la amenaza con sanciones penales "cruza los límites básicos del diálogo entre poderes".

De acuerdo al consultor, no obstante, la iniciativa reviste un carácter meramente simbólico. "Esto es absolutamente inviable, porque es difícil pensar que los legisladores van a votar en contra de ellos mismos". Sin embargo, remarcó que "el discurso es funcional para su electorado, que ve en la lucha contra la emisión monetaria un pilar discursivo del Gobierno".

Consultado por Sputnik, el consultor político Santiago Giorgetta agregó que pasar del destrato retórico a la amenaza de sanción es un salto cualitativo en la confrontación con el Parlamento. "Esto marca un punto de quiebre total en el vínculo institucional, y no hace más que profundizar una relación que nació frágil", destacó.

¿EL CONSENSO DEL AJUSTE?

Para ambos analistas, Milei logró un relativo triunfo en la agenda pública: la defensa del equilibrio fiscal como objetivo político. "Es cierto que no es sostenible un esquema de permanente déficit fiscal”, señaló Giorgetta, pero advirtió que usarlo como argumento para "amenazar a la oposición por pensar distinto erosiona la institucionalidad".

Riva consideró "bastante sano no gastar más de lo que se recauda", aunque criticó que el Gobierno intente lograrlo "tomando todas las decisiones mediante vetos y decretos" y "centrando esos recortes en áreas sensibles como los adultos mayores y los discapacitados".

En ese punto, el experto consideró que el equilibrio fiscal es el centro del discurso del Ejecutivo, pero que lo está obteniendo con medidas "difícilmente sostenibles" porque "hay poco margen para mantener el ajuste en sectores tan golpeados". Sin embargo, destacó que "el gasto público nunca había estado tan en el centro del debate político como desde la llegada de Milei al poder".