El martes 8 de abril, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunció que Estados Unidos revocó las licencias otorgadas a su país para el desarrollo de proyectos de gas natural con Venezuela. Esta nueva medida coercitiva forma parte de una escalada de acciones norteamericanas que, desde principios de marzo, ha intensificado la presión económica y geopolítica de la Casa Blanca contra el régimen de Nicolás Maduro.
Esta escalada de la presión se alinea con las declaraciones realizadas por el Enviado Especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quien el pasado jueves 3 de abril, durante un foro en el Miami Dade College, afirmó: "Uno de los principales objetivos de la administración Trump hacia la región es mantener una política de presión sobre los regímenes de Cuba y Venezuela utilizando herramientas más modernas y efectivas", añadiendo que, en el caso venezolano, las medidas "son mucho más específicas y potentes, con efectos colaterales".
Washington ha implementado su estrategia a través de un calendario acelerado de decisiones ejecutivas que apuntan a impactar las principales fuentes de ingresos del régimen de Nicolás Maduro, estrangular la producción petrolera y gasífera del país y cortar sus canales de comercialización internacional, tal como se observa en la siguiente cronología de acciones:
El 4 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) modificó la Licencia General 41A, que autorizaba a Chevron a operar en Venezuela, otorgándole un mes para finalizar sus operaciones en el país. Posteriormente, los directivos de Chevron lograron persuadir a Trump de concederles una extensión del plazo de cierre hasta el 27 de mayo.
Chevron representa el 25 por ciento de la producción total de Venezuela. Además, esta empresa suministraba unos 50.000 barriles diarios de diluyentes, esenciales para procesar el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco. Si se concreta de forma definitiva la salida se proyecta para Venezuela una caída de 200,000 barriles diarios.
El 24 de marzo, Trump autorizó al Secretario de Estado a imponer, a su discreción y a partir del 2 de abril de 2025, un arancel del 25 por ciento sobre todos los bienes provenientes de cualquier país que importe petróleo venezolano, ya sea directamente desde Venezuela o indirectamente a través de terceros.
Este novedoso mecanismo coercitivo transfiere la responsabilidad de vigilar el comercio petrolero venezolano a terceros países, que ahora deberán evaluar si vale la pena arriesgar su acceso al mercado estadounidense por adquirir crudo venezolano. La medida dificulta considerablemente las estrategias que el régimen de Maduro había utilizado para evadir sanciones anteriores:
El 31 de marzo, los medios de comunicación informaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había revocado las licencias que permitían a varias compañías transnacionales de petróleo y gas operar en Venezuela. Entre las empresas afectadas se encuentran la francesa Maurel & Prom, la española Repsol, la italiana Eni, la india Reliance y la estadounidense Global Oil Terminals. Estas compañías deberán suspender todas sus operaciones en el país antes del 27 de mayo.
Más allá de la inversión de capital, estas empresas aportan tecnología de punta y personal calificado para actividades de perforación, refinación, mejoramiento de crudos pesados y extracción de gas. La revocatoria acarreará una reducción más pronunciada (alrededor de 100.000 b/d) en la producción de crudo y gas venezolano en el corto plazo.
El 2 de abril, como parte de su política global de aranceles recíprocos, Trump anunció un gravamen del 15 por ciento a las importaciones provenientes de Venezuela, efectivo a partir del 9 de abril de 2025. Mientras la Casa Blanca impuso un arancel del 10 por ciento a la mayoría de los países latinoamericanos, Venezuela enfrenta la tercera tasa más alta de la región, solo superada por Guyana (38 por ciento) y Nicaragua (18 por ciento). Sin embargo, cabe destacar que apenas un 14 por ciento de las exportaciones no petroleras venezolanas tienen como destino Estados Unidos.
La más reciente medida de la Casa Blanca (08.04.2025) fue la revocatoria de la licencia otorgada a Trinidad y Tobago para explorar, producir y exportar gas desde el Campo Dragón en Venezuela. Se estima que los proyectos asociados a esta licencia podrían generar alrededor de 150 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, con la posibilidad de alcanzar los 300 millones en fases posteriores.
Según la especialista en sanciones energéticas, Mariana Párraga, "estos proyectos representan la única oportunidad real en el corto plazo para que Venezuela monetice sus vastas reservas de gas y abra una nueva fuente de ingresos a través de las exportaciones”.
Junto a la imposición de sanciones, la nueva administración de la Casa Blanca ha comenzado a socavar la influencia de Caracas en los países del Caribe. La base de esta influencia residía en Petrocaribe (creado en 2005), un programa mediante el cual el chavismo ofrecía condiciones ventajosas de suministro petrolero, obteniendo así el apoyo caribeño en foros internacionales para contrarrestar sanciones o condenas.
Durante su visita al Caribe los días 26 y 27 de marzo de 2025, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al régimen venezolano de "explotar deliberadamente la dependencia energética" de las naciones caribeñas a través de Petrocaribe.
Rubio describió el programa chavista como una "estafa" que mantenía a estos países bajo un tutelaje político y económico. Como alternativa, planteó que los países caribeños diversificaran su matriz energética y redujeran la influencia venezolana en la región obteniendo petróleo o servicios energéticos de empresas estadounidenses o de las reservas de Guyana y Surinam, desarrolladas en colaboración con Estados Unidos (ExxonMobil). Adicionalmente, Rubio reafirmó el respaldo de Estados Unidos a Guyana frente a las históricas reclamaciones territoriales de Venezuela.
De acuerdo con pronósticos de analistas citados por Reuters (09.04.2025), la producción de petróleo en Venezuela disminuirá entre 150.000 y 350.000 barriles por día (bpd) para finales de año si no se extiende el período de liquidación otorgado a las empresas operadoras ni se eliminan las sanciones secundarias. Esto representaría una reducción entre el 17 y el 38 por ciento de la producción venezolana actual.
Para una economía tan dependiente de los ingresos petroleros como la venezolana, esta merma en la producción constituye un severo golpe a sus finanzas públicas. El economista Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, estimó en una entrevista radial que "la disminución del flujo de ingresos en Venezuela por venta de crudo puede rondar el 50 por ciento", lo cual tendrá impactos inmediatos en el mercado cambiario y en la inflación. Las proyecciones de Ecoanalítica apuntan a un regreso a tasas inflacionarias de tres dígitos (cerca del 189 por ciento para fin de año).
Por otro lado, José Guerra, del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), indicó que el bolívar ha perdido cerca del 30 por ciento de su valor frente al dólar en los primeros tres meses de 2025, lo que refleja la creciente inestabilidad económica del país.
Frente a esta nueva crisis, el 8 de abril Maduro dictó un decreto presidencial declarando una emergencia económica. Este decreto le permite ordenar "medidas urgentes y extraordinarias" durante los próximos 60 días. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición venezolana, rechazó esta medida. Argumentan que "el principal problema económico de Venezuela es Maduro, su soberbia e improvisación" y que el decreto "no resuelve la crisis nacional, sino que busca concentrar aún más poder de manera arbitraria, sin ofrecer soluciones reales para el pueblo".
Aunque las recientes medidas de la Casa Blanca ya comenzaron a afectar los ingresos del régimen de Maduro, persisten incertidumbres sobre su continuidad y efectividad a mediano y largo plazo. Tampoco está claro si lograrán, por sí solas, generar las condiciones necesarias para un cambio de régimen en Venezuela en un plazo razonable. Esta precisión temporal es crucial, pues este tipo de medidas, si bien debilitan al régimen, también afectan la ya deteriorada calidad de vida de los venezolanos.
DW (ms) (DW por Ramón Cardozo Álvarez)
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