En la legislación alemana y europea en materia de asilo, los "terceros países seguros" se definen como aquellos en los que, según la evaluación del Gobierno Federal alemán o la Comisión Europea, las personas están a salvo de la persecución estatal. Existen opiniones divergentes sobre si esto es siempre correcto. No es de extrañar, entonces, que surjan constantes disputas legales. Más aún en tiempos de políticas migratorias cada vez más restrictivas.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo causó revuelo a principios de agosto. Según esta, los países de la UE tienen la libertad de determinar de forma independiente qué terceros países consideran seguros. Sin embargo, deben divulgarse todas las fuentes que conduzcan a dicha evaluación. Otra condición es que toda la población de un país debe estar a salvo. Esto significa que no debe haber persecución política ni discriminación étnica, religiosa o sexual.
El caso ahora resuelto se refería a la demanda de dos hombres de Bangladés cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas por Italia. Su país de origen está clasificado como seguro por el gobierno de Roma. Las personas en cuestión habían sido trasladadas a un campamento en Albania, país no comunitario con el que Italia ha firmado un acuerdo para tramitar desde allí los procedimientos de asilo.
Alemania también mantiene una lista de terceros países seguros, también llamados en el lenguaje político "países de origen seguros". Ambos términos son equivalentes. Las personas de estos países tienen muy pocas posibilidades de que su solicitud de asilo sea aprobada tras una revisión individual. Esto aplica actualmente a ocho países europeos no pertenecientes a la UE y dos en África.
El acuerdo de coalición entre el gobierno federal alemán, compuesto por la CDU/CSU y el SPD, ha acordado ampliar la lista. Ya se han mencionado nombres como Argelia, India, Marruecos y Túnez. "Estamos revisando continuamente la clasificación adecuada de otros países de origen seguros. En particular, los países cuya tasa de reconocimiento haya sido inferior al 5 % durante al menos cinco años se clasificarán como países de origen seguros". Queda por ver si estos planes serán tan fáciles de implementar tras la sentencia del TJUE.
En cualquier caso, el gobierno alemán pretende reformar el procedimiento. En el futuro, los países terceros seguros se determinarán mediante un decreto. El Bundestag y la cámara de los 16 estados federados (Bundesrat) ya no tendrían voz ni voto.
La coalición ya ha presentado el correspondiente proyecto de ley, que se votará tras el receso parlamentario de verano. El primer debate tuvo lugar en julio. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, aprovechó la oportunidad para criticar lo que considera un número insuficiente de deportaciones de solicitantes de asilo rechazados: "Nuestra preocupación ahora es poner fin a la obstrucción que impide la limitación efectiva de la migración ilegal".
El político de la CSU se refería a que, según la legislación actual, las personas obligadas a abandonar el país deben obtener asistencia jurídica antes de que se pueda ejecutar su deportación. Este reglamento va a ser derogado. Dobrindt también espera que esto conduzca a deportaciones más rápidas a los países ya catalogados como terceros países seguros.
En la Unión Europea se está considerando establecer centros conjuntos para el retorno de los solicitantes de asilo rechazados. Los ministros del Interior de los Estados miembros de la UE debatieron esta idea, que Dobrindt no descarta para Alemania, en su reunión de Copenhague en julio. Esperan que sea más fácil cerrar acuerdos conjuntamente con los terceros países. Ya hay algunos planes concretos.
Dobrindt espera que la reforma transmita un mensaje claro: "Quienes provienen de un país de origen seguro no deberían emprender el viaje. Quien no pueda quedarse, mejor que ni venga".
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, parte de la oposición política en Alemania espera que el gobierno federal cambie el rumbo en su política de asilo. "La sentencia del TJUE sobre países de origen seguros supone un gran logro para el respeto de los derechos humanos y el derecho individual de asilo en Europa", declaró Filiz Polat, diputada del partido Los Verdes. La determinación prevista de los países de origen seguro mediante decreto sin control por parte del Bundestag y el Bundesrat no sería posible.
Clara Bünger, del partido La Izquierda, insta a la coalición gobernante a revisar a fondo la lista de países de origen seguros. "Georgia y Moldavia deberían ser eliminadas de esta lista inmediatamente", dice su portavoz para la política de refugiados, citando, entre otros casos, al Tribunal Contencioso Administrativo de Berlín. En marzo de 2025, el tribunal puso en duda la compatibilidad de la clasificación de Georgia, donde hay una fuerte confrontación política, como país de origen seguro con el derecho europeo.
La razón esgrimida fue la precaria situación de los derechos humanos en las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Además, Moldavia está sólo parcialmente clasificada como segura por la República Checa, estado miembro de la UE, porque la región de Transnistria está controlada por separatistas prorrusos.
La diputada de La Izquierda, Clara Bünger, considera que la decisión del Tribunal Europeo apunta también contra la ampliación de la lista de terceros países, rechazada por su partido: "La sentencia es también un claro rechazo a los planes del Gobierno federal de clasificar como seguros otros países como Túnez y Argelia".
Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están penadas en ambos países norteafricanos. Esto viola un criterio central de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: que debe garantizarse la seguridad de toda la población en los países declarados como terceros países seguros. DW lgc/el)
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