“Durante mi visita en enero, Puerto Príncipe ya estaba paralizada. Hoy, las pandillas han fortalecido su control, acercando al país a un punto de no retorno”, señaló Jenča.

Según datos del Buró Integrado de la ONU para Haití (Binuh), en lo que va de año se han registrado, en ese país de 11,5 millones de habitantes, 4026 víctimas de homicidio intencional, incluidas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños.

En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el país caribeño, Jenča reconoció los esfuerzos haitianos para avanzar en el proceso político, pero afirmó que la violencia de las pandillas ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a todas las comunidades de la zona metropolitana de la capital y otras regiones del país.

La cifra de crímenes es 24 % más alta que la del mismo período de 2024, que a su vez mostró un incremento en relación con años anteriores, y la violencia ha desplazado de sus hogares a 1,3 millones de personas.

Los grupos armados, que han llegado a controlar 80 % de Puerto Príncipe, ciudad con poco más de un millón de habitantes en el centro-sur, avanzan hacia el norte.

Por ejemplo, en el municipio de La Chapelle, de 40 000 habitantes en el departamento de Artibonite (noroeste), un ataque reciente desplazó a cerca de 9000 personas y destruyó la estación policial local.

En otro caso, en Mirebalais, una comuna de 100 000 habitantes en el centro del país, grupos armados atacaron la penitenciaría y liberaron a 529 reclusos, altamente peligrosos, lo que refleja un nivel creciente de coordinación táctica. Miles de habitantes huyeron de sus hogares.

Ante la debilidad institucional, cada vez más comunidades están recurriendo a grupos de autodefensa, lo que facilita la violación de los derechos humanos. En los últimos tres meses, al menos 101 personas sospechosas de colaborar con pandillas fueron ejecutadas por estos grupos sin proceso judicial.

La violencia sexual también se ha disparado. De marzo a abril, la ONU documentó 364 incidentes, con un total de 378 sobrevivientes, en su mayoría mujeres y niñas, víctimas de esos ataques utilizados como instrumentos de terror por las pandillas.

Jenča insistió en que el avance político sólo será posible con mejoras sustanciales en la esfera de la seguridad.

El país tiene un gobierno provisional, designado por un Consejo Presidencial de Transición de nueve miembros, encargado de preparar elecciones a más tardar en febrero de 2026 para que se instalen una nueva presidencia y un nuevo gobierno.

El responsable de la ONU agradeció la labor de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), liderada por Kenia -que aportó centenares de policías militares, junto a varias decenas de efectivos de América Central y el Caribe-, que ya cumplió un año en el país, y lamentó la muerte de dos agentes en servicio.

Pero estimó que “el panorama sigue siendo lúgubre, a pesar de los esfuerzos de la MMS y la Policía Nacional” de Haití, por o que llamó a aumentar las contribuciones al fondo fiduciario que sostiene a la Misión.

En la sesión del Consejo también intervino la directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, quien denunció que en Haití operan cada vez más empresas de seguridad privada y grupos de autodefensa que en algunos casos participan en acciones extrajudiciales y se confabulan con las pandillas.

“Todos estos actores están impulsando la demanda de armas de fuego y armas de uso militar, alimentando los mercados ilícitos de armas y aumentando el riesgo de que las armas lícitas se desvíen a elementos criminales”, puntualizó Waly.

En las zonas controladas por pandillas, los servicios públicos ya no existen. En cambio, consolidan formas de gobierno paralelas. “Los grupos criminales están llenando el vacío dejado por la ausencia o la insuficiencia de los servicios públicos”, explicó Waly.

Mientras tanto, el comercio legal se ha paralizado: la terminal portuaria de la capital se paralizó, el precio del arroz ha subido más de 30 % desde 2022 y el combustible se vende a cinco dólares el galón en el mercado negro.

Los vuelos comerciales están suspendidos y con Puerto Príncipe asediado por los grupos armados, incluso las evacuaciones de personal vuelven problemáticas. La oficina del Binuh continúa operando en condiciones cada vez más precarias.

En la sesión del Consejo, Francia exigió una mayor participación de la ONU en materia de seguridad, incluyendo una oficina de apoyo logístico para la MMS, la aplicación rigurosa de las sanciones contra quienes financian a las bandas, y el fortalecimiento de las instituciones judiciales y penitenciarias haitianas.

Por su parte, Barbados, a nombre de la Comunidad del Caribe (Caricom), pidió otorgar a la Binuh un mandato más sólido, que incluya el apoyo a las autoridades haitianas en la detención de delincuentes peligrosos y aplicar el embargo de armas.

Mientras tanto, en Estados Unidos un juez federal de Nueva York, Brian Cogan, bloqueó la medida del gobierno del presidente Donald Trump para despojar de las protecciones migratorias a los haitianos que huyen de la inestabilidad en su país.

El fallo de Cogan preserva, por ahora, la extensión del estatus de protección temporal (TPS) concedido en 2024 por el anterior gobierno (del presidente Joe Biden, 2021-2025) a unos 500 000 haitianos que viven en Estados Unidos.

El gobierno de Trump busca revertir las designaciones de TPS y otros programas que permiten, a inmigrantes de países que enfrentan crisis humanitarias, vivir y trabajar legalmente en el país.

La decisión de Cogan se produjo apenas cuatro días después de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la designación del TPS para los haitianos expiraría el 2 de septiembre. Según la extensión de la administración Biden, la designación debía expirar el 3 de febrero de 2026.

En otro caso, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en mayo un fallo de un tribunal inferior y permitió al gobierno revocar la designación de TPS otorgada durante la era Biden a unos 350 000 venezolanos. IPS - A-E/HM