En apenas una semana, el Congreso de México ha aprobado varias leyes que aumentan el control de los militares sobre la seguridad pública y que defensores de víctimas de abusos estiman que pueden tener graves consecuencias para la democracia y los derechos humanos.
Las nuevas leyes se dan en un contexto de presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien catalogó a seis cárteles mexicanos como grupos terroristas.
Con esta iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó de su mentor y predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien durante seis años relegó la lucha contra los cárteles y cuya estrategia de "abrazos no balazos" no trajo la prometida pacificación de un país que lleva dos décadas desangrándose.
¿Serán las nuevas leyes la panacea? Los expertos tienen sus dudas.
Las implicaciones de las leyes van mucho más allá de la arquitectura de seguridad interna de México, advierten académicos consultados por DW. Al ampliar la jurisdicción militar, otorgar poderes de inteligencia a la Guardia Nacional y abrir vías para que el personal militar ocupe cargos civiles, las reformas plantean serias preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos. Incluso, amenazan con erosionar la separación entre el poder civil y militar.
"Se dejó a México sin policía nacional civil, dando a nivel federal toda la función de seguridad pública a cuatro corporaciones militares", resume Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). "Solo en un artículo dice que la Guardia Nacional tiene que responder a la Presidencia, pero eso no quedó confirmado en otras leyes y puede dar lugar a confusiones", apunta la experta.
El Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas también sonó las alarmas. "Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos", declaró la oficina en México via X.
"Crecen las atribuciones de la autoridad militar, se debilitan los mecanismos de rendición de cuentas, no se reforman las fiscalías y todo esto en un contexto en el que se debilita el poder judicial", resume Ernesto López Portillo las debilidades de la nueva estrategia de seguridad plasmada en las leyes.
Para el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, esto profundiza un camino erróneo. "De 2006 a la fecha se ha multiplicado más de cinco veces el despliegue militar en tareas policiales y al mismo tiempo pasamos de nueve a 30 homicidios por cada 100 mil habitantes", recuerda.
Además, las reformas tienen un diseño confuso, sin metas claras ni controles y evaluaciones independientes, apunta López Portillo. En su opinión, esto es grave porque "vamos a empoderar una Guardia Nacional, que tiene pésimos resultados".
Como ejemplo menciona un estudio de la Universidad Iberoamericana, donde se revela que cada efectivo de la Guardia Nacional detiene a 0,071 personas por año, comparado con 1,6 detenciones por un miembro de la Policía Preventiva.
"Y esto empeora si hablamos de la calidad de la formación de los elementos", puntualiza con un ejemplo: "Tenemos muchos testimonios de que los militares piden a civiles rellenar los informes porque no se sienten capaces o no quieren comprometerse jurídicamente".
Ambos expertos lamentan que las reformas se hayan votado al vapor, sin consultar a expertos. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), por ejemplo, tuvo acceso a las casi mil páginas de reformas un par de semanas antes de iniciar las sesiones en el Congreso.
"El diagnóstico pareció ser irrelevante y el escrutinio social lo ven como un obstáculo", considera López Portillo. "Nosotros propusimos un órgano supervisor de especialistas al Secretariado de Seguridad Pública, mandamos una propuesta a Morena (el partido gobernante), pero nunca nos contestaron".
Otro punto oscuro son las consecuencias que puedan tener las reformas sobre la pérdida de privacidad de los ciudadanos.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por "las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad".
El trasfondo son los antecedentes de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas. El último escándalo estalló en 2019, con la filtración de informes de "Pegasus", por el nombre del software israelí con el que la Secretaría de Defensa Nacional y el Centro Militar de Inteligencia vigilaron a más de 400 activistas, periodistas y defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
Hasta la fecha, no hay ningún condenado por el uso ilegal del software espía. Dw (rml)
Municipios Pampeanos
