Este lunes, Sevilla se convierte en el epicentro de la política internacional al acoger la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4). La cumbre reunirá a cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno, representantes de 150 países, líderes de bancos e instituciones financieras, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas. El encuentro revisará el cumplimiento de la Agenda 2030, el gran pacto global de la ONU para erradicar la pobreza, reducir desigualdades y proteger el planeta. A solo cinco años de su plazo límite, la mayoría de sus metas siguen lejos de alcanzarse.

La cita llega en un momento crítico. El planeta atraviesa la mayor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial, con un aumento de conflictos armados, millones de personas desplazadas por guerras o desastres climáticos, y una crisis alimentaria sin precedentes. En este escenario, la cooperación internacional vive su mayor retroceso en décadas.

Según un informe de Oxfam Intermón, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sufrirá un recorte del 28% en 2026 respecto a los niveles de 2024 por parte de los países del G7 -Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido-, que representan el 75% de la ayuda mundial. El caso más grave es el de Estados Unidos, que ha eliminado el 83% de los programas de su agencia USAID, responsable de más de la mitad de la ayuda humanitaria global. «Entre 3,3 y 3,5 millones de personas podrían perder la vida este año debido al colapso de estos programas humanitarios», advierte Pablo J. Martínez, responsable de cooperación de Oxfam, en declaraciones a Público.

Las consecuencias de los recortes del Gobierno de Donald Trump ya se sienten en el terreno. «En Siria, donde trabajan nuestras compañeras de Turquía, tuvieron que cerrar el 70% de los centros de salud que estaban apoyando. Hablamos de comunidades devastadas tras 13 años de guerra», denuncia Emiliana Tapia, coordinadora de incidencia política de Médicos del Mundo. La organización alerta de un impacto particularmente grave en salud sexual y reproductiva. «Unas 2,3 millones de mujeres y niñas ya no van a tener acceso a atención anticonceptiva. Esto puede traducirse en más embarazos no deseados, complicaciones durante el parto y un aumento de muertes maternas e infantiles», explica a Público Tapia.

Oxfam estima además que 2,3 millones de niños podrían quedarse sin tratamiento contra la desnutrición severa y que hasta 163.000 muertes infantiles al año podrían producirse como consecuencia directa. Otras 6,9 millones de personas con VIH corren el riesgo de quedarse sin tratamiento en los próximos cuatro años.

 2,3 millones de niños podrían quedarse sin tratamiento contra la desnutrición severa  

Los recortes se producen en paralelo al estancamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). «De las 169 metas, se calcula que solo el 17% se van a cumplir y el 30% están estancadas o retrocediendo», alerta Tapia. En el ámbito sanitario, la situación es aún peor: «Solo el 10% de las metas de salud global están en camino de cumplirse. El 45% muestran algo de progreso o están estancadas, y el 15% no se alcanzarán».

AUMENTO DEL GASTO MILITAR

Las ONGs coinciden en que los recortes no llegan en un momento cualquiera. El avance de la crisis climática, el aumento de los conflictos armados o las secuelas de la pandemia están empujando a millones de personas en el mundo a la pobreza extrema. «Este es un momento en el que la ayuda debería aumentar, no reducirse. Y, sin embargo, las decisiones políticas van justo en la dirección contraria», lamenta Emiliana Tapia, de Médicos del Mundo.

El Gobierno del Reino Unido ha confirmado que para aumentar el presupuesto de defensa al 2,5% del PIB en 2027, recortará aún más la cooperación internacional, pasando del 0,5% al 0,3% del PIB. «Muchos países, aunque no lo digan abiertamente, están siguiendo el mismo camino. Sobre todo aquellos que pertenecen a la OTAN, ahora que se está exigiendo elevar el gasto en defensa al 5% del PIB«, añade Tapia.

En el caso de España, su ayuda oficial al desarrollo apenas alcanza el 0,25% del PIB -muy lejos del compromiso internacional del 0,7%-, mientras que ha aprobado un incremento de más de 10.000 millones de euros en gasto militar. «Hoy España gasta ocho veces más en defensa que en cooperación. Eso es inaceptable si hablamos de construir un orden internacional basado en los derechos humanos. Si esa cantidad se hubiera destinado a la AOD, habríamos superado el 0,7% del PIB en una sola decisión», denuncia Martínez.

Mientras tanto, la riqueza del 1% más rico ha crecido en 33,9 billones de dólares desde 2015, suficiente para erradicar la pobreza mundial 22 veces. Solo en 2025, los multimillonarios del G7 aumentaron su fortuna en 126.000 millones de dólares, según un informe de Oxfam. «No es que falte dinero. Lo que falta es voluntad política para redistribuirlo de forma justa», resume Martínez.

La crisis de deuda externa agrava aún más el escenario. Según Naciones Unidas, el 60% de los países de renta baja están al borde del colapso financiero. Oxfam recuerda que el G20 acordó establecer un impuesto global a los ultrarricos, pero todavía no se ha implementado de forma efectiva. 

CONFERENCIA DE SEVILLA

La declaración final de la conferencia, bajo el documento Compromiso de Sevila, que será aprobada por consenso por 192 países -EEUU no ha participado-, recoge el acuerdo de destinar el 0,7% de PNB a la AOD, aunque no establece un calendario vinculante para alcanzar el objetivo. Según denuncian las ONGs el texto ha perdido ambición frente a borradores anteriores. «No se ha logrado incluir, pese al impulso del grupo africano y de numerosas organizaciones, la creación de una convención sobre deuda externa gestionada por la ONU. Esa parte fue eliminada del texto final, sobre todo por presión de los países acreedores y muy particularmente de la Unión Europea, que actúa como un solo actor en las  negociaciones, independientemente de los países miembros”, denuncia Martínez. 

José Antonio Alonso, miembro de la Comisión Internacional de Expertos en Financiación para el Desarrollo de la ONU, que ha participado directamente en los trabajos previos al encuentro, pone el foco en dos grandes debilidades del documento de Sevilla. «La alusión que se hace a la acción humanitaria es mínima, se hace fundamentalmente relacionada con la construcción de la paz», explica a Público. «Pero lo que estamos viendo es que en el mundo al que estamos dirigiéndonos, las crisis humanitarias son recurrentes, por lo que la ayuda humanitaria se ha convertido en un mecanismo casi estructural del sistema. Es necesario fortalecerlo».

Alonso explica que el documento que presentó la comisión de expertos de la que forma parte, proponían que el compromiso histórico del 0,7% de PNB a la AOD se recogiese en leyes y documentos vinculantes de cada país. En el caso de España, este ya está reconocido por ley, pero en la mayoría de Estados no es así. «Es más fácil que se cumpla si hay una ley nacional que lo establece, porque entonces te permite decir al gobierno de turno que tiene que cumplir la ley. Si es solo un compromiso internacional es más vago», apunta. Sin embargo, este punto no ha sido abordado en el documento final del Compromiso de Sevilla.

La mayor rebaja, sin embargo, se dio en el campo de la sostenibilidad ambiental. «En el documento final no hay un capítulo sobre ello, solo se incorpora como un punto dentro de la financiación de la cooperación al desarrollo», critica. Además, advierte que el sistema de cooperación sigue anclado a una gobernanza que proviene de los años sesenta, hoy superada por una realidad en la que tanto países desarrollados como en desarrollo ponen en marcha políticas de cooperación. 

A pesar de las carencias del documento, Alonso destaca que haber alcanzado un acuerdo entre 192 países es celebrable. «Que exista una declaración consensuada ya es un éxito, sobre todo dadas las tensiones geopolíticas actuales», concluye.

other-news - por Laura Anido* – Público.es *Laura Anido, Redactora de Derechos sociales y Migraciones. Graduada en Ciencias Políticas por la USC y máster en Periodismo Internacional por la URJC. Antes de llegar a ‘Público’ pasó por la redacción de ‘El Correo Gallego’. Tiene interés en los temas sociales e internacionales.