Este martes 1° de julio culmina la vigencia del decreto que había dispuesto una rebaja temporal de las alícuotas de los Derechos de Exportación (DEX) para la soja y el maíz, entre otros cultivos. La medida, implementada por el Gobierno de Javier Milei el pasado 27 de enero, fue uno de los primeros gestos hacia el sector agropecuario, pero con carácter provisorio. La rebaja temporal había reducido la retención sobre la soja del 33% al 26% y sobre el maíz del 12% al 9,5%. Solo se pospusieron hasta el 31 de marzo de 2026 las alícuotas reducidas para el trigo y la cebada.

En este contexto que cambia mañana, el regreso a la estructura tributaria previa reavivó las críticas desde el campo. En un comunicado difundido esta mañana, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), que agrupa a las cuatro principales organizaciones rurales del país, reclamó al Gobierno que avance hacia la eliminación de las retenciones. Los dirigentes de las entidades son Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas).

“Venimos reclamando, desde hace meses y años, medidas urgentes y definitivas que atiendan los graves problemas de competitividad que arrastra el sector. Lo hemos hecho de manera institucional, en cada encuentro con legisladores, autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y de los gobiernos provinciales. Y lo seguiremos haciendo con responsabilidad y firmeza”, enfatizaron.

“El cuestionamiento principal de la vigencia de los Derechos de Exportación, más allá de las alícuotas, es que son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial que ha generado un inevitable retraso social, tecnológico y productivo, a pesar de los esfuerzos aislados de los productores y otros eslabones de la cadena por sostener la producción y el arraigo rural”, agregaron en la Mesa de Enlace. Según las entidades, este tributo ha impedido que la Argentina aproveche “inmejorables oportunidades para la inversión y el desarrollo federal”.

Durante los cinco meses que rigió la rebaja, el Gobierno buscó estimular la comercialización y acelerar la liquidación de divisas. Según cálculos de analistas del sector, en junio el ingreso de divisas por parte de la agropexportación podría marcar un récord para el mes y alcanzar los US$7400 millones

Además, el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó que el beneficio para el sector en los cinco meses que duro la medida fue de US$544 millones, de los cuales el 81% correspondió a la soja. Según la entidad, el alivio fiscal incentivó las ventas.

Analistas del mercado granario ya advirtieron que, si bien en todo el tiempo que duró la medida, el sector respondió con mayor comercialización, con esta nueva realidad ese ritmo no se va a sostener.

No obstante, en el agro sostuvieron que el impacto de la medida fue limitado por su transitoriedad. “La presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta ataca la competitividad del sector en cada provincia donde la cadena agroindustrial define el desarrollo, el empleo y la calidad de vida”, afirmaron en la Mesa de Enlace.

“No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón. El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones", concluyeron.

LA NACION