Este 1 de julio, José Raúl Mulino cumple su primer año de mandato en Panamá, país que gobierna después de haberse impuesto en unas elecciones marcadas por la sombra del exmandatario Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y lavado.
Desde entonces, Mulino ha afrontado problemas internos, incluyendo un estallido social, que para expertos es un cúmulo del descontento de décadas, así como presiones de sus aliados internacionales, en especial del Gobierno de Donald Trump, para controlar el flujo migratorio y, justamente, el reto de gobernar bajo la sombra de Ricardo Martinelli –principal figura de su espacio político-.
Con ese panorama de fondo, en estos 365 días la imagen de Mulino y de su gestión se deterioró pronunciadamente. Según una encuesta de opinión pública desarrollada en mayo pasado por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID), apenas el 9% de los ciudadanos panameños considera que el país está yendo en la dirección correcta.
Los acuerdos con Estados Unidos y la posible reapertura de una mina generaron un levantamiento social que derivó en graves escenas, con denuncias de represión, por parte de las fuerzas de seguridad.
Uno de los principales focos de resistencia ha sido contra la Ley 462, sancionada el 18 de marzo, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). La iniciativa planteó modificaciones importantes en el sistema de pensiones, incluyendo ajustes en la edad de jubilación, el cálculo de pensiones y la sostenibilidad del sistema.
A finales de abril, sindicatos obreros y gremios docentes emprendieron una huelga nacional que detonó la crisis en el país, incluyendo marchas masivas hacia la sede presidencial, cortes de la Panamericana (una vía estratégica) y escenas de represión. También bloqueos en Bocas del Toro –en la frontera con Costa Rica- y declaraciones de provincias en estado de emergencia.
"Era previsible la crisis, en todos los países del mundo donde se ha reformado la seguridad social se han generado tensiones y crisis. Pero, el planteamiento original no tiene nada que ver con la ley que salió aprobada en la Asamblea (parlamento). El aumento de la edad y el aumento de las cuotas (los principales reclamos de las manifestaciones) no fue aprobado", aseguró a France 24 el analista político Edwin Cabrera, al alertar del impacto de las protestas en la economía y el empleo.
Bocas del Toro se convirtió en el epicentro de las manifestaciones luego de que se sumaran los trabajadores bananeros. Ante el paro, la multinacional Chiquita Panamá cerró operaciones y despidió a todos sus empleados.
La respuesta del Gobierno de Panamá fue reforzar la seguridad en Bocas del Toro, donde fueron desplegados 1.900 soldados tras la declaración del llamado estado de emergencia, que suspendió temporalmente algunos derechos constitucionales, como los de reunión y libre circulación.
"El Ejecutivo (de Mulino) no ha querido escuchar el clamor del pueblo, donde nos hemos estado manifestando, por más de dos meses. Queremos que se revise la última ley sobre seguridad social, que tiene que ver con las pensiones", declaró a France 24 Yamir Córdoba, coordinador de la Alianza Pueblo Unido y secretario del sindicato Sunctracs.
El cóctel que desembocó en el estallido se completa con una desigualdad que no deja de profundizarse, la violencia policial, la criminalización de las protestas y las detenciones de líderes sindicalistas.
De esto último, el caso más resonante fue el de Saúl Méndez –secretario general del gremio más grande del país, el Suntracs- quien terminó pidiendo refugio político en la embajada de Bolivia.
El presidente Mulino rechaza la posibilidad de negociar sobre la ley 462. El mandatario calificó los intentos de diálogo como “una pérdida de tiempo” y aseveró que tarde o temprano “los trabajadores se cansarán de marchar”, una frase que aupó la rabia de varios sectores.
"La urgencia no autoriza suprimir garantías esenciales como el 'habeas corpus', la supervisión judicial o la privacidad de las comunicaciones, ni cortar la conectividad de toda la población, pero sobre todo la información veraz y objetiva", indicó, por su parte, el capítulo panameño de la ONG Transparencia Internacional.
No obstante, desde la otra orilla, el abogado Adolfo Linares considera que Mulino asumió la "responsabilidad política" de afrontar el debate de la reforma de pensiones.
"Si hay algo que no se le puede regatear al presidente Mulino, en el ámbito nacional es el haber tenido la suficiente entereza y responsabilidad política como para afrontar e iniciar el debate de una reforma a la ley de pensiones", expresó Linares, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (2009-2010) y exviceministro de Educación (2001-2004).
Linares, además, no cree que la movilización haya sido un "estallido social" sino un intento de Suntracs de "desestabilizar el país". "Como no pueden llegar al poder por medio de las urnas, lo que pretenden es crear desestabilización y caos", dijo a France 24.
En contraposición, la abogada Lina Vega, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, cree que "el Gobierno ha manejado muy mal la crisis, especialmente en la forma como se comunica". "La situación ha provocado una violenta polarización del país y una generalizada crispación social".
"A la oposición a la reforma de pensiones se ha sumado una larga lista de agravios y malestares de la población, desde la falta de servicios públicos eficientes, hasta la corrupción e impunidad, que hacen muy difícil saber a dónde nos dirigimos. Es una situación muy peligrosa", indicó Vega en la red X.
Otro de los asuntos centrales del primer año de Mulino ha sido la migración irregular, ya que la ubicación de Panamá lo ponen como uno de los principales puntos de la ruta hacia el norte de América.
Por eso, en campaña, Mulino prometió cerrar el paso del Darién, el camino obligatorio y sumamente peligroso de los migrantes que viajan desde el sur de América.
Esa selva inhóspita y frontera natural con Colombia, según el presidente panameño, fue efectivamente cerrada. En marzo pasado, Mulino anunció que los centros migratorios, activos desde 2016, dejaron de funcionar.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, declaró.
Los datos que proporcionó arrojaron una disminución de más del 90%. “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando el Darién. En marzo llegamos a 112”, dijo.
Los movimientos del Gobierno en la zona dejaron fuera de servicio los centros de Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde también actuaban una veintena de ONG junto a las autoridades locales.
En la misma vía y como parte de la cooperación con Washington, Panamá se ofreció como destino para los extranjeros deportados por Estados Unidos.
En febrero recibió a cientos de migrantes, en su mayoría de países asiáticos, quienes fueron derivados a centros migratorios en los que aún permanecen, una política que adoptaron otros países de la región, como Costa Rica o El Salvador, aunque con dispares tratos humanitarios.
Los lazos con EE. UU. en ese sentido son tan estrechos que, a finales de junio, cuando la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem, visitó Panamá, acordó un financiamiento de 7 millones de dólares para continuar enviando deportados.
En el inicio del mandato de Donald Trump y cuando Mulino cumplía apenas seis meses de Gobierno, el país centroamericano debió lidiar también con las afirmaciones expansionistas del magnate republicano, quien expresó su objetivo de retomar el control del Canal de Panamá, sitio clave para el comercio de Washington, argumentando una creciente influencia de China.
El tema fue resuelto por Mulino con declaraciones tajantes de soberanía.
"El Canal es y seguirá siendo de Panamá y su administración seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente", fue la rápida respuesta de Mulino, haciendo valer la soberanía del país sobre el paso comercial.
Sin embargo, en abril, las críticas cayeron sobre su Administración tras firmar un acuerdo con la Casa Blanca. El memorando apunta a fortalecer la cooperación en materia de seguridad del Canal, el cual incluye la “presencia rotativa” de militares estadounidenses en las bases panameñas de Sherman, Rodman y Howard, según detalló el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.
Además, permite que los barcos naveguen con prioridad por el Canal de Panamá. Con eso, Washington busca “contrarrestar la influencia maligna” que, asegura, tiene el gigante asiático en la zona.
Linares no ve grandes modificaciones en el trato entre Panamá y la Casa Blanca, independientemente del combativo discurso de Trump.
"Lo que nos debe importar a nosotros siempre es el respeto al Derecho Internacional y al Tratado de Neutralidad", sostiene el exviceministro panameño en referencia al acuerdo de que la vía interoceánica debe permanecer abierta y accesible para el tránsito de todas las naciones de manera pacífica, tanto en tiempos de paz como de guerra.
Empero, los opositores a Mulino manifiestan que este acuerdo rompe con ese concepto de neutralidad que siempre tuvo el Canal de Panamá y abre la posibilidad de que EE. UU. pueda volver a ocupar las bases militares que había abandonado.
Además, por otro lado, se abrió el interrogante sobre qué implica esto para las relaciones de Panamá con China, con quien hubo resquebrajamientos desde el arribo de Trump a la Casa Blanca.
“Los chinos no son problema en Panamá. Se lo dije claramente al señor secretario Hegseth. Nosotros no tenemos problema con los chinos ni ellos con nosotros”, respondió Mulino ante las críticas.
Sin embargo, en lo que va del 2025, Panamá tuvo distanciamientos con China por presiones de Washington. Por ejemplo, en febrero, el Gobierno panameño anunció que no renovaría el acuerdo que incluía a los centroamericanos dentro de la Ruta de la Seda, vigente desde 2017.
El memorando promovía entre Panamá y China un acercamiento sobre la “Franja Económica de la Ruta de la Seda” y la “Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”, con el objetivo de promover el intercambio de bienes, tecnología, capital y personal.
Según Linares, no hubo una ruptura en los lazos con el gigante asiático. "Panamá mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con China desde el 2017, y culturales desde 1850. Como país conformado por inmigrantes, la cultura china, al igual que muchas otras, forma parte de nuestra 'panameñidad', nada de lo anterior ha cambiado", remarcó.
El acuerdo instaba tanto Beijing como al país centroamericano a cooperar en la comunicación de política, conexión de infraestructuras, fluido del comercio, circulación de fondos y la unión de voluntades del pueblo, destacó ‘La Prensa' de Panamá.
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