Su declaración llega a tres meses de que Washington decida si renovará o no la acreditación de Bogotá como uno de sus aliados en la lucha contra las drogas.
Colombia suspenderá la extradición a Estados Unidos de guerrilleros vinculados con el narcotráfico y que hagan parte de los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la paz, tal y como confirmó el 26 de junio el ministro de Justicia del país, Eduardo Montealegre, en una entrevista con la agencia de noticias AFP.
Montealegre, recién llegado al cargo, puntualizó que “la regla general” será la suspensión de la extradición de quien “colabore efectivamente (con los procesos de paz), sea en la insurgencia” o en “organizaciones al margen de la ley”.
"Se trata de obtener el mismo fin por diversos caminos (...), desarticular el crimen organizado, acabar con el narcotráfico", puntualizó el ministro colombiano.
En ese sentido, los combatientes de grupos insurgentes que deseen acceder al beneficio de no extradición deberán comprobar su voluntad de desarme, de cesar la violencia y apoyar la sustitución de cultivos de coca, el componente fundamental de la cocaína, señaló.
Montealegre advirtió que el Gobierno llevará a cabo un control férreo “para evitar que personas que quieran simplemente burlarse de la justicia internacional ingresen a procesos de paz”.
El titular de la cartera de Justicia también señaló que la Administración de Gustavo Petro ya suspendió las extradiciones de dos narcotraficantes que están vinculados al proyecto de paz del mandatario, llamado “paz total”. Se trata de un comandante de una facción disidente de la guerrilla ELN, alias “HH”, y de un disidente de la desarmada guerrilla Farc, conocido como “Mocho Olmedo”.
Con la confirmación de la suspensión, el jefe de la cartera de Justicia añadió que el Gobierno colombiano antepondrá “las necesidades de paz” del país sobre las solicitudes de extradición de Estados Unidos, su principal socio militar.
Y es que todo esto ocurre a tres meses de que el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, tome una decisión sobre si su país renovará o no la certificación de Colombia como su aliado en la lucha contra el tráfico de drogas.
La decisión del Gobierno de Petro podría tensar la relación de la nación latinoamericana con Washington, en un momento en que el regreso de Trump a la Oficina Oval ha hecho que ambos países tomen cierta distancia debido a las diferencias que mantienen en materia comercial, migratoria y de derechos humanos.
Si el magnate republicano decide no renovar la acreditación de Bogotá como socio antidrogas, las Fuerzas Armadas colombianas dejarán de recibir cientos de millones de dólares en apoyo a sus esfuerzos militares.
Si los diálogos de la “paz total” fracasan, Montealegre matizó que los guerrilleros solicitados por Washington serán extraditados “inmediatamente”.
Colombia es el país de Latinoamérica que más recibe fondos del Gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico y los grupos armados, dos de los focos de violencia que azotan a la nación en la actualidad.
La eventual desacreditación de Estados Unidos a Colombia sería “injusta”, señala Montealegre, quien reconoce que este sería un escenario que “preocupa”.
"No hay país en el mundo que haga más esfuerzos que Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Esfuerzos que hemos hecho conjuntamente con Estados Unidos", añadió el funcionario.
Una de las tareas más importantes del recién nombrado ministro de Justicia —exfiscal y magistrado que respaldó los procesos de paz que desarmaron a la cúpula paramilitar en Colombia en 2006 y a las FARC en 2016— es materializar la “paz total” de Petro, el gran esfuerzo del presidente colombiano por acabar con la violencia, que se recrudece a diario en el país.
Según el informe “La paz, ¿cómo vamos? Radiografía de los procesos de diálogo de paz en Colombia entre 2022 y 2025”, hecho por la Fundación Paz y Reconciliación y Vivamos Humanos y citado por ‘El Espectador’, la violencia en el país adoptó nuevas formas, más sutiles, sistemáticas y difíciles de rastrear entre 2023 y 2025.
Los datos del reporte detallan que los hechos violentos en el país aumentaron durante los primeros cinco meses de 2025, con 603 casos, en comparación con los 552 del mismo período de 2024, lo que se traduce en un aumento del 9 %.
En cuanto a las negociaciones de paz, ‘El Espectador’ resalta que de los nueve procesos de diálogo activos con distintos grupos armados, solo uno tiene una evaluación positiva en el informe citado previamente.
FRANCE24 CON AFP Y MEDIOS LOCALES
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