“Unas 28 personas fueron sometidas a desaparición forzada tras las elecciones presidenciales, y su paradero sigue siendo desconocido. Al menos 12 de ellas son extranjeras, que no tienen acceso a asistencia consular”, dijo Türk en su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.

Venezuela efectuó su elección presidencial el 28 de julio de 2024 y el poder electoral proclamó vencedor al gobernante Nicolás Maduro, con 53 % de los votos, lo que desató protestas -fuertemente reprimidas- por opositores que reivindicaron el triunfo con al menos 67 % de sufragios para su contendor, Edmundo González.

Türk dijo que “muchas personas permanecen detenidas tras haber sido arrestadas en relación con las elecciones presidenciales de julio de 2024. Observo que las autoridades han puesto en libertad condicional al menos a 1500 personas”, de entre unas 2200 arrestadas en el contexto de protestas antigubernamentales.

El informe del alto comisionado abarca el período del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, y Türk agregó que “hace un mes, en vísperas de las elecciones parlamentarias y regionales (el 25 de mayo), las autoridades anunciaron la detención de unas 70 personas».

Entre ellas figuras de la oposición, defensores de los derechos humanos y 17 extranjeros, acusadas de pertenecer a un grupo terrorista.

“Reitero que la legislación venezolana contra el terrorismo y su aplicación contradicen las normas y el derecho internacionales. La mayoría de las personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo son sometidas a procedimientos judiciales que no cumplen con los estándares internacionales”, dijo Türk.

Indicó que durante el año del informe “mi oficina (Acnudh) documentó 32 casos de tortura y malos tratos durante su detención. Quince de ellos eran adolescentes”.

Türk pidió “la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres”, activistas y abogados de varias organizaciones de derechos humanos.

La presentación de Türk coincidió con el Día del Periodista en Venezuela, donde los gremios del sector denunciaron que permanecen tras las rejas, por razones políticas, 20 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación.

Türk planteó también su preocupación “por la libertad de asociación, y en concreto, la ley de ONG aprobada en noviembre pasado. Varias de esas organizaciones no gubernamentales “se han visto obligadas a poner fin a sus operaciones en Venezuela debido a obstáculos legales”.

En otro pasaje de su presentación, Türk expuso desafíos que enfrentan las víctimas de discriminación y violencia de género, incluido el feminicidio, y su acceso a la justicia. “El acceso al aborto siguió estando penalizado, incluso en casos de violación, incesto o malformación fetal”, recordó.

“Lamento la falta de avances en los derechos de las personas Lgbtiq+, quienes son blanco de discursos y crímenes de odio. Cuando estos crímenes ocurren, las personas Lgbtiq+ rara vez tienen acceso a la justicia y pueden ser víctimas de discriminación y violencia durante su detención”, dijo el alto comisionado.

El informe registra que la capacidad de las autoridades para financiar servicios públicos esenciales es muy limitada. Por ejemplo, casi la mitad del alumnado asistió a la escuela de forma irregular en 2024, debido en parte a la ausencia de profesores y la suspensión de clases.

Además, siguen las denuncias por falta de medicamentos y equipos esenciales en los centros de salud públicos. En 91 % de los hospitales públicos encuestados entre enero y julio de 2024 se solicitó a los pacientes que trajeran sus propios suministros para cirugías.

El salario mínimo mensual se mantiene sin cambios desde marzo de 2022 en 130 bolívares, lo que equivale un dólar y unos pocos centavos y aproximadamente a la mitad del precio de un cartón de huevos.

También dijo Türk que “si bien esto excede el alcance de mi informe, soy consciente de que muchos venezolanos sufren por la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos deportados de Estados Unidos”.

Varios miles de venezolanos, considerados migrantes ilegales, han sido deportados por Estados Unidos en lo que va de año, entre ellos 252 enviados e incomunicados en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.

“Reitero mi llamado al gobierno estadounidense para que garantice el debido proceso, implemente los veredictos de sus tribunales, proteja los derechos de los niños y detenga la deportación de cualquier persona a cualquier país donde exista riesgo de daños irreparables”, dijo Türk.

También pidió “que se levanten las amplias sanciones sectoriales que restringen los servicios sanitarios clave y el acceso a los alimentos, y que tienen un impacto desproporcionado sobre los más vulnerables”.

Estados Unidos, Canadá y países europeos han impuesto sanciones económicas y de viaje sobre autoridades civiles y militares venezolanas, y restricciones financieras a empresas y otras instituciones estatales.

En su réplica a la presentación de Türk, el representante de Venezuela ante organismos de la ONU en Ginebra. Alexander Yánez, calificó el informe como “selectivo y parcial”, y acusó al alto comisionado de omitir en su informe “los actos de violencia de la oposición extremista luego de las elecciones del 28 de julio”.

Además, consideró que se ataca al gobierno de Venezuela sin resaltar otros abusos contra sus nacionales en otros Estados del hemisferio, “como es el caso de la situación de los venezolanos deportados injustamente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador”. IPS - A-E/HM