"De acuerdo a informaciones preliminares emitidas por el gobernador, William Villamizar, se estima que más de 80 personas han perdido la vida, más de 20 se encuentran heridas y alrededor de 5.000 han sido desplazadas, llegando a los municipios de Tibú, Ocaña y Cúcuta, en la mayoría de los casos, en condiciones precarias", comunicó la Gobernación de Norte de Santander.

Anteriormente, se informó de al menos 58 víctimas mortales.

La Gobernación suspendió las clases en toda la región del Catatumbo para garantizar la seguridad de niños y jóvenes, habilitó albergues temporales y espacios adicionales para acoger a los desplazados, declaró la alerta naranja para atender a heridos y desplazados y envió una decena de camiones con material de primera necesidad para los municipios de Tibú y Ocaña.

Los combates entre dos facciones se desataron el 16 de enero. En este contexto desencadenaron una crisis humanitaria en esta región fronteriza con Venezuela, históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Desde la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia en agosto de 2022, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional han tenido un papel central en su política de paz total.

Petro reactivó oficialmente los diálogos en noviembre de ese año, tras más de tres años de suspensión por parte del Gobierno de Iván Duque (2018-2022), con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita la desmovilización de este grupo armado, el segundo más grande de Colombia después de las FARC.

Desde entonces, las mesas de negociación han pasado por varios ciclos, desarrollándose en países garantes como Venezuela, Cuba y México, con un enfoque en el cese bilateral del fuego y el desarrollo territorial sostenible como base para la reconciliación.