El Gobierno de Javier Milei tacha los días del calendario con el reloj como aliado. El 30 de noviembre finalizará el período de sesiones ordinarias del Congreso argentino y, en caso de que el presidente no convoque a extraordinarias, el Ejecutivo logrará evitar el debate sobre su proyecto de Presupuesto 2025, obteniendo vía libre para administrar discrecionalmente recursos fiscales muy sensibles.
Consciente de la fragilidad legislativa ante la cual se encuentra, la Administración de Milei apuesta a evitar discutir su "ley de leyes", cuyo contenido despierta fuerte resistencia en bloques opositores en virtud del severo ajuste fiscal previsto. Durante las últimas semanas, el oficialismo suspendió la labor parlamentaria de la comisión de Presupuesto y Hacienda, en una maniobra leída como señal de que el Gobierno apuesta a que su proyecto presentado en septiembre no prospere.
En caso de que el período ordinario finalice antes de que se vote el Presupuesto para el año entrante, Milei podrá prorrogar el vigente. De concretarse, ocurriría un hecho inédito en Argentina: que un Presupuesto sea extendido por dos años consecutivos, dado que en 2023, el presidente Alberto Fernández (2019-2023) no logró sancionar su "ley de leyes", lo que llevó a que este año el Gobierno funcionara con el manejo discrecional de partidas diseñadas a fines de 2022.
Por fuera del debate presupuestario, el segundo eje que despierta controversia es el vinculado a la Corte Suprema de Justicia. En caso de que el Congreso deje de sesionar, el presidente Milei podrá nombrar por decreto a dos integrantes del máximo tribunal, cuya designación -en condiciones normales- requiere del apoyo de dos tercios del Senado (donde el oficialismo tiene apenas 6 de las 72 bancas, un magro 8% del total).
Con el retiro de la jueza Elena Highton de Nolasco en 2021 y la inminente jubilación del supremo Eduardo Maqueda, la Corte quedará con apenas tres miembros. Para llegar a los cinco magistrados, el Gobierno envió al Congreso el pliego de dos aspirantes al máximo tribunal. Sin embargo, si el Senado no se expide antes de la finalización del período ordinario de sesiones, el Ejecutivo puede designar dichos cargos a través de un decreto presidencial.
La composición de la Corte es de primer orden para la vida política argentina. Además de contar con la facultad de echar por tierra el megadecreto presidencial firmado por Milei en diciembre de 2023 y vigente desde entonces —en caso de considerarlo inconstitucional—, el máximo tribunal deberá expedirse sobre la condena por corrupción a la expresidente Cristina Fernández (2007-2023): de ratificarse las sentencias previas, la líder del peronismo quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Si Milei avanza con las designaciones sin aval legislativo, estas no serán permanentes, dado que regirán hasta el reinicio de las sesiones ordinarias, en marzo próximo. En la historia argentina, solo cuatro presidentes utilizaron este mecanismo: el último de ellos, Mauricio Macri (2015-2019), quien recibió sendas críticas por apelar a esta práctica, pero finalmente consiguió el aval del Senado para ratificar los nombramientos.
Con el objetivo de poner un freno a la voluntad del Gobierno, la oposición baraja dos alternativas. El "plan A" consiste en presionar al Ejecutivo para que convoque a sesiones extraordinarias donde se debatan los temas sensibles en agenda. La maniobra alternativa —menos frecuente en la política argentina— consiste en autoprorrogar las sesiones hasta el 31 de diciembre, facultad de la que dispone el Congreso con independencia de la voluntad del presidente.
En la última década, se prorrogó el período ordinario en seis oportunidades. Si bien se trata de una práctica habitual, el oficialismo depende de las mayorías legislativas para concretarla. Un caso reciente ilustra los posibles obstáculos: en 2022, el entonces mandatario Alberto Fernández convocó a sesiones para tratar más de 20 proyectos de ley, pero, en virtud de la falta de apoyo, no logró su cometido y el Palacio Legislativo mantuvo cerradas sus puertas.
"El presidente desprecia al Congreso, de hecho, en reiteradas oportunidades ha descalificado a los diputados y senadores tildándolos de ratas o corruptos. Que se corte el debate parlamentario deteriora el sistema institucional", dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta.
"Extender el presupuesto garantizaría la discrecionalidad para avanzar en sus objetivos. Esa libre disponibilidad es fundamental para el Gobierno, pero simultáneamente puede inaugurar una serie prácticas poco republicanas, que se insinuaron en casos como los vetos masivos y los decretos presidenciales", apuntó el analista.
Los antecedentes citados por el experto remiten tanto al decreto de necesidad y urgencia 70/23 —firmado en diciembre de 2023 con el objetivo de modificar y derogar un centenar de leyes—, como al veto presidencial a las leyes aprobadas por el Congreso que dictaminaron el aumento de las jubilaciones, por un lado, y el incremento en el presupuesto universitario, por el otro.
Según Georgetta, "este año fue muy positivo para el Gobierno, sobre todo por el Congreso: a pesar de la extrema minoría parlamentaria, Milei pudo avanzar en sus principales medidas. Cuando hubo resistencia legislativa, logró anularla a través de decretos y vetos presidenciales".
La oposición impugna cada una de estas prácticas. En diálogo con Sputnik, el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, denunció que "Milei quiere abolir el control parlamentario porque le molesta que haya un Congreso funcionando". El legislador advirtió que "lo que está en juego es la institucionalidad republicana".
"Tenemos que evitar a toda costa que los decretos sean la forma más fácil de gobernar el país, sin necesidad de reunir consenso legislativo", afirmó Valdés.
En la vereda opuesta, la lectura es radicalmente diferente. "La oposición ve inviable que haya orden fiscal y por eso quiere poner palos en la rueda. Lo único importante es que en un año de Gobierno hemos conseguido muchísimos logros para sacar al país adelante a pesar de las trabas que quieren imponer", dijo a Sputnik Carlos D’alessandro, diputado nacional de La Libertad Avanza.
"El origen del problema es que nosotros presentamos un presupuesto equilibrado, sin gastos superfluos, y eso incomoda a la oposición", consideró el legislador oficialista.
Pese a que los vetos y decretos presidenciales resultaron útiles al Poder Ejecutivo, el analista consideró que la recurrencia a este tipo de herramientas "puede atentar contra los intereses del Gobierno". De acuerdo al consultor, "abusar de estas medidas daña la estabilidad institucional, que es fundamental para atraer inversiones que refuercen el programa económico, dado que los empresarios extranjeros exigen seguridad jurídica para traer divisas al país".
"Acá vemos una tendencia hacia la concentración de poder en el presidente, y esto no es deseable para pensar el diálogo político", consideró Giorgetta.
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