"Aquella persona que pida que esa ley se apruebe, desde territorio nacional, aquella persona venezolana que promueva, que apoye la aprobación de esa ley y que pidan que se hagan sanciones criminales y la guerra económica contra Venezuela viola flagrantemente la Constitución y las leyes, el Estado venezolano y las instituciones están obligadas a actuar en nombre de la justicia y la soberanía republicana", expresó Maduro durante la clausura del Congreso Mundial de la Juventud y Estudiantes Antifascistas.

El mandatario ofreció las declaraciones un día después de que el Ministerio Público anunciara que imputará a la líder opositora María Corina Machado por traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, luego de que expresara públicamente su apoyo a esta ley de EEUU.

Al respecto, el mandatario manifestó que los poderes públicos deben actuar de manera inmediata para preservar la paz y la integridad del país.

"Es una ley que han pretendido calificar con el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, vaya infamia, la ley basura (…) Pretenden normalizar que el Congreso de EEUU puede aprobar leyes contra países soberanos para colonizar el mundo entero y nosotros debemos aplaudir", acotó.

Asimismo, aseguró que este documento viola todas las normas del derecho internacional, tras considerar que se trata de una ley de guerra económica contra el pueblo de Venezuela.

"Barbarie, fascismo, sí, es la ley fascista de la basura, la ley que pretende aprobar el Congreso de EEUU, pero con su ley o sin su ley, Venezuela seguirá su camino a la prosperidad, a la recuperación y al desarrollo", agregó.

Machado publicó un mensaje en su cuenta de X en el que agradeció al senador estadounidense Rick Scott por su apoyo y la aprobación de esta ley.

"Contamos con su continuo apoyo para una transición democrática, tal como fue el mandato tras la épica victoria del pueblo de Venezuela el pasado 28 de julio. La Ley Bolívar envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias, y nadie podrá normalizarlas", escribió.

La Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, que deberá ser aprobada por el Senado del país norteamericano, mantiene la prohibición de contratos comerciales a "cualquier gobierno sucesor en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por EEUU".

En respuesta, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela aprobó el pasado 21 de noviembre en primera discusión un proyecto de ley que establece la inhabilitación política a perpetuidad a quienes hayan pedido o apoyado sanciones contra el país.