La gestión política de la crisis provocada por las lluvias torrenciales y las inundaciones que asolaron 75 municipios de la provincia de Valencia, el martes de la semana pasada, se sitúa en en el centro del debate político en España.
La indignación porque el aviso de emergencia llegó a los teléfonos móviles cuando ya el agua se lo había llevado todo, los reproches por desaparición del presidente regional en las horas claves de las inundaciones y la pugna entre competencias de distintas Administraciones, son algunas de las cuestiones que en las últimas horas han copado las redes sociales y los medios de comunicación.
La actuación del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se encuentra en el centro de la diana. El día que ocurrió el desastre, el político dio una rueda de prensa poco antes de las 13.00 horas, para asegurar que a las seis de la tarde habría pasado lo peor del temporal, algo que no sucedió.
Después de esa alocución, hay un periodo de cinco horas (desde pasadas las 14.00 hasta casi las 19.30) en las que Mazón estuvo desaparecido. En ese tiempo ya había pueblos arrasados por las inundaciones y se había convocado el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) para gestionar la crisis.
Lo llamativo es que a las 17.00 horas, cuando se reunió el Cecopi, Mazón estaba ausente. De hecho, apareció más de dos horas después, aunque su responsabilidad era presidir el centro de coordinación.
Inicialmente, el equipo de Mazón aseguró que el presidente había tenido una comida de trabajo y que después había estado en la sede del Gobierno regional, mientras se mantenía al tanto de la situación. Ahora, se ha revelado que el político extendió la comida hasta las 18.00 horas, en un céntrico restaurante frecuentado por el político, recoge El País.
Según el medio Levante-EMV, el entorno del presidente de la Comunidad Valenciana confirmó que Mazón estuvo en la comida con la periodista Maribel Vilaplana, a quien habría citado para ofrecerle la dirección del canal público regional À Punt. La también presentadora y actual portavoz del Consejo de Administración del Levante UD rechazó el puesto.
A las 20.12 horas del 29 de octubre, todos los ciudadanos que se encontraban en el área afectada por la DANA recibieron una alerta en sus teléfonos móviles.
Para entonces, el barranco del Poyo estaba desbordado y había anegado decenas de municipios, principalmente en la 'zona cero' de la tragedia. En esos momentos, se estima que ocurrió la peor parte de la inundación que ha dejado al menos 219 víctimas mortales.
Diversos medios, como elDiario.es, recogen que la posibilidad de enviar este mensaje de alerta se puso sobre la mesa por primera vez a las 18.00, dos horas antes de que finalmente fuese enviado.
Alrededor de las 19.00, representantes de la Confederación Hidrográfica del río Júcar (CHJ), presentes en la reunión de emergencia del Cecopi, volvieron a sacar el tema y preguntaron por qué no se había lanzado ya esa alerta.
El aviso, responsabilidad de la administración regional, llegó 13 horas después de que se declarara la alerta meteorológica y ocho horas después de que comenzaran los desbordamientos de barrancos y ríos.
La consejera de Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, fue quien lideró la reunión del Cecopi en ausencia de Mazón.
En una entrevista televisiva el jueves, Pradas dijo que se enteró a las 20.00 horas de la existencia de "un mecanismo que se denomina Es-Alert", es decir, el sistema por el que todos los dispositivos móviles en un área reciben una alerta en situaciones de emergencia.
La versión de Pradas ha sido desmentida tanto por información recogida en medios, como por unos audios de la reunión del Cecopi, filtrados por la Cadena Ser, que evidencian que la posibilidad de avisar a toda la población por este medio se había planteado al menos una hora antes.
Además, la consejera aseguró que se trata de un sistema que todavía no está reglado y ni estipulado en los planes autonómicos, sino que es "un borrador" en manos del Comité de Protección Civil "por aprobar".
Otro punto de fricción es la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército, una corporación creada precisamente para participar en crisis como la que se desató en Valencia la semana pasada.
Cadena Ser informa que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, llamó a la consejera de Interior de Mazón en tres ocasiones durante la mañana de ese fatídico martes.
La razón de esos contactos, asegura Bernabé, era ofrecer los recursos del Estado, incluida la participación de la UME, que fueron rechazados. No fue hasta la cuarta comunicación, pasadas las 14.00 horas, cuando esa ayuda se aceptó. Pradas ha negado esa información, a pesar de que existen unas imágenes suyas grabadas en las que reconoce tener a esta sección del Ejército a su disposición.
La solicitud de activación de la UME se realizó tan solo para el municipio de Utiel, uno de los primeros en ser afectado por el desbordamiento de las aguas, aunque no de los que finalmente sufrirían los mayores daños.
Mazón, en una entrevista en la radio Cope el lunes, afirmó que desde el principio estaba pedido "el mayor nivel de despliegue necesario" de la UME, dejando caer este había sido tardío y que la ayuda a la ciudadanía se demoró más de lo necesario, trasladando así la responsabilidad al Gobierno central.
Sin embargo, el mismo lunes, en una comparecencia pública, el teniente general Javier Marcos, jefe de la UME, explicó claramente que el Gobierno valenciano era el competente en la dirección de los recursos del Estado puestos a su disposición, y que el Ejército no puede actuar sin una orden política.
Municipios Pampeanos
