"Por disposición de la Secretaría de Transporte, se va a desregular el servicio de rampas en aeropuertos para abrirle el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de Intercargo", informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante una comparecencia en la Casa Rosada, sede del Gobierno.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei también autorizará a las Fuerzas federales de Seguridad a ocuparse de las operaciones de los servicios aeroportuarios, en particular los de rampas, para "sepultar el terrorismo sindical", en palabras del funcionario.

La actual gestión redobló así su ofensiva contra Intercargo, después de que 1.500 pasajeros quedaran varados el 6 de noviembre a bordo de cuatro aviones en el aeropuerto local de Aeroparque Jorge Newberry de la capital argentina y de otras seis aeronaves en la terminal internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (este).

"Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora", sostuvo el portavoz presidencial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, añadió que los pasajeros que quedaron a bordo de los aviones "fueron bajados por el personal de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria", y acusó a Intercargo de incurrir en el secuestro y abandono de personas.

Horas antes, el Gobierno argentino echó a 15 empleados de la compañía estatal y presentó una denuncia penal contra integrantes de Intercargo y el sindicato que los representa, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.

Aunque en este caso el conflicto no afectó los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, la actual gestión dejó trascender que el presidente está dispuesto a cerrar la empresa si los gremios no le presentan una propuesta para optimizar la firma.

La aerolínea de bandera advirtió el 4 de noviembre que canceló las reuniones previstas con tres sindicatos aeronáuticos para retomar las negociaciones salariales hasta que no finalicen las medidas de fuerzas adoptadas por sus representantes.

Constituida en 1950, privatizada en 1989 y reestatizada en 2008, Aerolíneas fue excluida de las empresas a ser privatizadas en una ley clave para la actual gestión, sancionada en el Congreso el 28 de junio, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

El 2 de octubre, el Gobierno argentino declaró a Aerolíneas como una empresa sujeta a privatización a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Aerolíneas opera en la actualidad dos tercios de los vuelos nacionales y cuenta con más de 11.000 trabajadores.