Subrayó que su vehículo fue "intersectado" por dos carros, "del que bajaron 4 efectivos encapuchados y vestidos de negro con armas en la mano comenzaron a disparar".
En el video se oyen disparos y se puede ver los agujeros de bala en los parabrisas del automóvil de Morales. También se puede apreciar al conductor con sangre en la cabeza.
No hay perspectivas de diálogo para que los seguidores del expresidente boliviano Evo Morales levanten los bloqueos que ya causan desabastecimiento de productos y elevación de precios en las ciudades de Bolivia. ¿Qué estrategia le sería más útil al Gobierno de Luis Arce para desactivar este conflicto?
A una semana del inicio del bloqueo indefinido de carreteras, las ciudades de Bolivia comienzan a sentir la escasez de productos básicos, como carne y —otra vez— combustibles. Mientras tanto, no se registra atisbo de diálogo entre los sectores seguidores del expresidente Evo Morales, quienes impulsan la protesta, y el Gobierno de Luis Arce.
El presidente boliviano se debate entre dos posibilidades: enviar a la Policía a levantar los cortes de ruta o dejarlos que persistan hasta debilitarse y extinguirse solos, como ocurrió con el paro cívico de 36 días en Santa Cruz, en 2022, que concluyó en la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.
Hasta el momento se registran 15 bloqueos, la mayoría en Cochabamba y Santa Cruz, que impiden el normal tránsito de productos por el eje troncal del país, conformado por carreteras de estos dos departamentos, más las de La Paz. Los movilizados exigen que cese la "persecución judicial" a Morales, acusado por los delitos de estupro y trata de personas, porque presuntamente tuvo una hija con una menor de edad en 2016, cuando era presidente.
Los bloqueadores también exigen que se termine la escasez de dólares y combustibles. Pero desde el Gobierno advirtieron que los bloqueos más bien acentúan las dificultades económicas del país. Según la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), desde el pasado 14 de octubre se redujo en un 30% la normal provisión de diésel y gasolina a las estaciones de servicio. Más de 500 cisternas cargadas están detenidas en las carreteras.
El dirigente campesino Fidel Surco, militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) de primera hora, acompañó a Morales durante dos décadas hasta su distanciamiento, 10 años atrás.
"El pueblo boliviano es víctima de un bloqueo inhumano de carreteras, de parte de grupos radicales que pretenden enfrentarnos entre bolivianos", dijo a Sputnik.
Agregó que los bloqueadores quieren "imponer la impunidad para quienes cometieron delitos".
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en esta primera semana de bloqueos los empresarios privados perdieron más de 500 millones de dólares.
"Estos cortes delincuenciales de carreteras no van únicamente contra el Gobierno, sino sobre todo contra los sectores más vulnerables", opinó Surco, quien también fuera senador entre 2010 y 2015.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoce a Morales como presidente del MAS, pero las elecciones internas por un nuevo directorio están retrasadas desde hace más de un año.
En octubre de 2023 el partido realizó un congreso orgánico en la población de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. Allí se había determinado que el expresidente (2006-2019) seguiría al frente del partido, asimismo se definió su postulación para un nuevo mandato presidencial en las elecciones generales de 2025.
Pero finalmente el TSE no reconoció la legalidad de este encuentro, con el argumento de que no habían asistido a la reunión decenas de dirigentes sociales, leales al presidente Arce.
Tiempo después, las organizaciones sociales que siguen a Arce realizaron otro congreso, en el cual eligieron una nueva directiva para el MAS. Pero el TSE no validó este encuentro ante la ausencia del presidente del partido.
En los primeros días de bloqueo, los seguidores de Morales exigían entre sus demandas el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ. Pero una semana después comenzaron a pedir la renuncia de Arce, o el adelantamiento de las elecciones, como declaró Ponciano Colque, secretario ejecutivo de uno de los directorios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La otra dirigencia está junto al presidente boliviano.
Desde el Gobierno nacional, lo mismo que Surco, manifestaron que en los bloqueos surgió "un golpe de Estado" que estaría en ejecución.
El pasado 20 de octubre, Morales se presentó en su programa dominical que tiene en la radio Kawsachun Coca, en el trópico cochabambino. Allí el expresidente relató por qué no se presentó a declarar en la ciudad de Tarija, el pasado 10 de octubre, para declarar en el caso que se le sigue por estupro y trata.
Contó que tenía el dato de que en esta ciudad del sur boliviano lo esperaban 600 policías y 200 militares para detenerlo. "Ni que fuera tonto para entregarme", aseguró.
Según Morales, el proceso en su contra tiene la finalidad de inhabilitarlo como candidato para las elecciones de 2025.
"Evo es candidato. Si no fuera candidato, qué proceso, para qué te van a dar importancia, a candidatos que no son ganadores, para qué mencionar", reflexionó al aire.
Los abogados de Morales indicaron que desde el fin de la "Marcha para salvar a Bolivia", un mes atrás, se le iniciaron siete procesos judiciales. Uno de ellos fue para Colque, porque le habría proferido insultos machistas a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, cuando la multitudinaria movilización atravesó esa ciudad.
Morales deslizó que la activación de estas denuncias contribuyeron a iniciar el bloqueo indefinido: "Sin tantos procesos, tal vez hubiera aguantado la gente… Tantos procesos a los altos dirigentes nacionales, de paso persecución política, detención injusta a los dirigentes", dijo. Y agregó que por este motivo "la gente se levanta".
A todas luces, el sector empresarial es uno de los más afectados por la extensa protesta. Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, comentó a Sputnik que en este momento sería muy importante la movilización de las mercaderías hasta su punto de destino, considerando que "el PIB (Producto Interno Bruto) del país apenas ha crecido 1,31% en el primer trimestre del 2024, lejísimos del 3,71% que esperaba el gobierno".
En el mismo sentido, remarcó que "la inflación hasta septiembre es de más del 5,5%, superando de lejos la meta oficial de 3,6% para todo el año. Además, las exportaciones han caído 1.500 millones de dólares hasta agosto y las importaciones han bajado 1.000 millones de dólares".
Por ello evaluó: "Justo cuando el país precisa paz social y el imperio de las garantías constitucionales para invertir, producir y exportar más, se da esta situación que en ocho días ha ocasionado ya un negativo impacto por cerca de 500 millones de dólares".
Rodríguez describió el panorama: "Largas filas para cargar combustibles, que no llegan con normalidad del exterior; pollitos y cerdos muertos en las carreteras; baja en la oferta de los alimentos y subida de su precio; miles de camiones varados a la intemperie, pasajeros que no pueden llegar a sus destinos".
Y también "exportadores que pierden sus conexiones a ultramar, importaciones de insumos, repuestos, medicamentos y otros que no llegan a tiempo; todo ello ocasiona precios más altos y castigos por incumplimientos de contratos", dijo el titular del IBCE.
Entre la disyuntiva de reprimir los puntos de bloqueo o dejarlos que se apaguen solos (estrategia que ya le sirvió a Arce con Camacho), Surco se inclinó por el uso de la fuerza policial. La misma posición expresó el gerente general del IBCE.
El dirigente campesino, secretario de Relaciones Internacionales del MAS leal a Arce, recordó que, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), serán castigados con dos a ocho años de cárcel quienes bloqueen las carreteras de modo que perjudiquen a la población boliviana."No se puede vulnerar la Constitución. Por eso exigimos al Ministerio de Gobierno y al Ministerio Público hacer cumplir el mandato constitucional para hacer valer el libre tránsito y la libre locomoción", consideró.
Surco, como otros dirigentes sociales, advirtieron que si la Policía no actúa, las mismas organizaciones sociales se encargarán de sacar de las rutas a quienes tiempo atrás fueron sus compañeros.
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