El Gobierno de Milei tomó una controvertida decisión que afecta a la libertad de prensa: comenzó a restringir el acceso de cronistas a la Casa Rosada —sede del Ejecutivo— y su participación en las conferencias de prensa del portavoz Manuel Adorni. El subsecretario de Vocería y Comunicación anunció que va a limitarse el acceso a aquellos que "puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente".

En declaraciones televisivas, el funcionario adelantó que se crearía una sala de prensa "de élite", integrada por "periodistas de fuste, con experiencia y de medios altamente reconocidos". Un periodista acreditado "tiene que sentir que es un honor estar en Casa Rosada cubriendo lo que le pasa al presidente", afirmó.

Meses antes, en abril, el Gobierno había publicado la resolución Nº 4/2024 que establecía la posibilidad de revocar acreditaciones a quienes ejercieran "una conducta indecorosa o temeraria", dejando la puerta abierta a arbitrariedades. La medida despertó la reacción de la oposición: diputados nacionales de la Unión Cívica Radical inmediatamente expresaron su preocupación por la medida.

Las cifras resultan contundentes: desde que asumió Milei, el Ejecutivo les quitó la acreditación permanente a más de 50 periodistas que trabajaban en la Casa Rosada.

El caso más paradigmático es el de Silvia Mercado, cronista de extensa experiencia en medios gráficos. Pese a contar con más de una década de trayectoria en la cobertura de la Casa de Gobierno, el 6 de junio le fue denegado el acceso. Meses atrás, la periodista había sido tildada de 'mentirosa' por Milei tras haber publicado información —luego desmentida por el mandatario— sobre la situación de los perros del presidente. El Ejecutivo no dio explicaciones al respecto.

Respaldada por el Foro del Periodismo Argentino, Mercado presentó un recurso de amparo en la Justicia para revertir la medida, a la que calificó como "ilegítima e inconstitucional". Hasta el momento, la cronista es la única que ha acudido a tribunales.

La polémica generada a partir del caso Mercado se profundizó a partir de una peculiar decisión del equipo de prensa del presidente: acreditar a estudiantes de manera supuestamente azarosa para que participen de las conferencias de los viernes. Lo llamativo es que aquellos a quienes se les cedió la palabra formularon preguntas que resultan —por lo menos— curiosas.

Una joven que se presentó como alumna de tercer año de la carrera de Relaciones Públicas le consultó al portavoz Adorni: "como estudiantes quisiéramos saber ¿cómo le haces para mantener la calma frente a la catarata de preguntas tendenciosas que recibís diariamente?".

LA CRUZADA OFICIALISTA

"Que yo recuerde, no hay antecedentes de algo así como esta restricción al ingreso de periodistas acreditados", dijo a Sputnik Sebastián Lacunza, periodista, analista político y exdirector del diario Buenos Aires Herald. Según el especialista, "del ataque a periodistas a la manipulación de las conferencias de prensa para definir quién entra y quién no hay un solo paso, y parece que el Gobierno ya lo dio".

La embestida a la cual refiere el entrevistado se ha materializado de diversos modos en el último tiempo. El presidente Milei califica frecuentemente de "ensobrados" los periodistas críticos de su gestión, denunciando implícitamente que estos reciben "sobres" con dinero a cambio de vertir opiniones desfavorables al Gobierno.

De todos modos, para Lacunza la concepción de la prensa como adversario no supone que la libertad de expresión esté en riesgo. "Es fundamental aclarar que en Argentina no se puede hablar de censura: hay estándares legales muy elevados y una sociedad muy sensible al tema. Este dato es central para comprender el contexto en el cual se inscribe la medida", aclaró el experto.

"Hay que remarcar que ninguno de los últimos presidentes ofreció conferencia de prensa: ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández tuvieron esa deferencia. Eso también hace a la calidad comunicacional de un Gobierno", planteó.

AMIGOS Y ENEMIGOS

El mapa del periodismo de Argentina exhibe un panorama heterogéneo, signado por la convivencia entre grandes grupos empresariales —de insoslayable influencia política— y pequeños medios de menor poder. Según Lacunza, la paradoja del oficialismo consiste en que "al tiempo que el presidente confronta incesantemente con la prensa y con periodistas aludidos con nombre y apellido, cuenta con el favor de segmentos importantes de los principales multimedios del país"

"El marco general me parece que se da en esta dualidad: es un Gobierno muy confrontativo y a la vez muy apoyado por distintos grupos mediáticos. Lo más llamativo es que el Ejecutivo recurrentemente termina atacando más a los periodistas afines ideológicamente —pero con matices críticos— que a los abiertamente disidentes", sostuvo el experto.

Acaso uno de los ejemplos que más explícitamente refleja la concepción de la Administración Milei respecto al rol del periodismo sea el de la emblemática Agencia de Noticias Télam —una de las más importantes de Latinoamérica—, primero cerrada y luego transformada en una agencia de publicidad estatal bajo la figura legal de una Sociedad Anónima. Tras su clausura, el Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios en la Televisión Pública y en Radio Nacional, los principales medios estatales.

Consultado al respecto, Lacunza afirmó que "el Gobierno está conformado por funcionarios que han vendido sus servicios al mercado, y eso se traslada al periodismo. Los medios públicos no tienen razón de ser bajo esa perspectiva. Eso puede explicar por qué a los críticos se los tilde de 'ensobrados': bajo la mirada oficialista, cualquier opinión disidente está supeditada a intereses económicos ocultos".