La estadística fue inapelable. Con el 6,6% que el INDEC anunció había sido la inflación de febrero, sepultó varias ilusiones que, con el tiempo se corroboraron endebles. En principio, el número todavía sigue siendo menor que la herencia del mes de julio que recibió Sergio Massa con sonido de helicóptero de fondo (fue de 7,4%) pero la sucesiva dureza de los precios frente a sugerencias, controles y los desequilibrios arrastrados desde la salida de la pandemia marcaron a fuego el IPC interanual de febrero: 102,5%, pasando por primera vez desde 1990 los tres dígitos. De golpe, ubicar al país en el podio de las economías más caóticas del mundo desde hace años, no es una medalla que ningún ministro de Economía quiere colgarse, por más objetivos progresista diga perseguir. Sólo tres países le “ganan” en esta peculiar competencia: Venezuela (306%), Zimbabue (244%) y el Líbano (142%). La primera promesa del que gustaba presentarse como “superministro” tiene pocas chances de supervivencia: llegar en el segundo trimestre a una tasa del 4% mensual (60% anualizada) para arribar al paraíso del 3% en el tercer trimestre.

Futuro. Todo indica que marzo será un desafío aún mayor por la inercia y la tradición de un mes en que se reactivan muchos rubros con la consecuente indexación. En primer lugar, la amenaza principal es la que no se puede atribuir a un error de política económica sino a las inclemencias del tiempo: la sequía que por tercer año consecutivo se ensañó con el agro argentino. La corriente de La Niña fue especialmente intensa durante esta campaña y el efecto sobre la producción cerealera y el ciclo ganadero se proyecta será peor que los pronósticos severos que se hacían a fin de año.

El cálculo es que el agro terminará aportando US$25.000 millones que el año pasado, que con un poco más de US$88.400 millones terminó siendo un valor nominal récord para el sector externo argentino, aunque el saldo comercial fue apretado para las urgencias financieras y el control que opera sobre las importaciones: US$6.900 millones. La gran diferencia con lo ocurrido el año pasado fue, además de la producción (hay zonas en la región núcleo en que la merma fue del 50% promedio) los menores valores que los obtenidas por el efecto de la guerra en Ucrania. También, en lugar de ingresos extras del parte del FMI, 2023 tiene previstas erogaciones netas por US$3.500 millones. Hacia allí apuntan los movimientos en la reciente negociación de Massa con la conducción del Fondo Monetario Internacional con el pedido de consideración por el efecto innegable de la sequía. Basta remontar a los dos años en que ésta también movió los fundamentos de la macroeconomía argentina: 2009 (año en que Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas frente a Francisco De Narváez) y 2018, antesala del salvataje del Fondo y la debacle electoral de Mauricio Macri sólo seis meses después de haber derrotado a Cristina Fernández por la competencia senatorial. No se descarta que, a fin de cuentas, este año tampoco será uno de salida neta de divisas con destino al organismo internacional. Quizás, sólo un asiento contable, honrando la máxima que las deudas no se pagan, se administran.

Impacto. El economista Alfredo Romano, director de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Austral, estima que esta brutal caída de la producción agrícola terminará costando 3% del PBI, además del estrangulamiento cambiario, pero empujará la proyección de inflación al 130% anual, casi 30 puntos más que los estimados a fin de año (106% y -0,5% de caída en la actividad).

Por su parte, Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL, estima que, en términos anuales, “cada 10 puntos porcentuales de merma en la producción agroindustrial resta aproximadamente un punto porcentual a la variación del PIB, y las estimaciones más recientes acercan el recorte de granos cosechados al 30 %, respecto de la campaña anterior”.

El estrangulamiento externo fue una vuelta más sobre el control de importaciones que se perfeccionaron con la implementación del SIRA que profundizará el ya estancamiento de la actividad económica, que comenzó en el último trimestre de 2022. IERAL señala entre diciembre y febrero las importaciones oscilan en torno a un estimado de US$5.100 millones al mes, cuando el promedio mensual de 2022 había sido de US$6.800 millones. “Los primeros datos de 2023 apuntan a un sendero de contracción de importaciones no energéticas del orden del 20 % interanual”, advierte en su último informe.

Desigualdad. Otro detalle que llama la atención de la dinámica inflacionaria es el comportamiento diverso de algunos rubros. El mejor ejemplo es el de Alimentación y Bebidas, que subió en febrero 9,8% y 17,2% en el bimestre, es decir casi 50% más que el promedio general. La carne, que se había retrasado durante 2022 frente al IPC (42% vs. 95%). La sequía también alteró el ciclo ganadero y aceleró las liquidaciones de cabezas ya sea para evitar pérdida de peso o hasta muerte en campos devastados o por uso de los feedlots que apuran el engorde. Ese movimiento terminó y explica, entonces, la suba de hasta 30% de la carne vacuna en las últimas semanas, con el impacto en la canasta familiar de los próximos meses (se calcula que el efecto durará hasta el invierno).

El otro rubro que preocupa por sus próximas subas es el de servicios públicos y el de los combustibles. En el primer caso, uno de los pedidos del FMI aceptados por Economía es poner en marcha el demorado ajuste tarifario para evitar la sangría fiscal de los subsidios. Queda la gran incógnita de cómo recogerán las mediciones del INDEC la gran disparidad tarifaria. Las petroleras, por su parte, no pueden perder el paso de la inflación y, especialmente, la aceleración esperada de las devaluaciones del tipo de cambio oficial, otra variable que fue utilizado hasta el abuso como lastre inflacionario.

Finalmente, la incógnita de más peso político es la de cómo impactará la combinación de caída de la actividad económica, mayor devaluación, baja de subsidios y una inflación dura de bajar. Hasta ahora el empleo formal no sufrió el deterioro de otras variables, pero todo indica que en los próximos meses habrá un análisis detallado de qué se considera “empleo formal” para monitorearlo mejor: si es el privado, el estatal o también el que incluye el registrado como monotributista social. Pero, además, la lupa estará puesta en la evolución del salario real, con fuerte correlación histórica sobre la intención de voto en uno u otro sentido.

Como las paritarias nunca confiaron en la proyección oficial del 60% anual, todos incluyeron cláusulas gatillo, reapertura pautadas o directamente empardaron la inflación pasada con un plus por expectativas. El pedido de los bancarios, encabezados por un diputado oficialista, para compensar por el pago Ganancias, luego de haber tenido un aumento igual al alza del IPC, es sólo la antesala de una disputa de la supervivencia en otro año caliente. (Perfil - TRISTÁN RODRÍGUEZ LOREDO Editor de Economía)