Ante la consulta de cómo cree usted que estará la economía el año que viene, el 90,5 por ciento de los votantes del Frente de Todos, encuestados por la consultora Analogías en diciembre de 2019, respondía que mejor. La mayor expectativa de ese segmento del electorado era que el nuevo gobierno produjera un quiebre respecto de las políticas que marcaron la gestión de Juntos por el Cambio.
En particular, el 92 por ciento reclamaba un congelamiento de tarifas de servicios públicos, el 89,5 por ciento apoyaba la sanción de una ley de emergencia económica y social para darle más poder al presidente para resolver la crisis, el 88,2 por ciento pedía un impuesto a la renta extraordinaria de los bancos, el 80,8 por ciento demandaba aumentos salariales por decreto, el 78,1 por ciento decía que para pagar la deuda externa primero había que crecer, el 71,5 por ciento consideraba que había que subir el impuesto a los Bienes Personales y el 64,9 por ciento estaba a favor de aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
El ideario que caracterizaba a los votantes del actual oficialismo podía resumirse en la consigna "combatir al capital". Se esperaba que el Frente de Todos se pusiera firme con las privatizadas, los bancos, los acreedores externos, las grandes fortunas y los ruralistas, y que jugara decididamente a favor de una recomposición de ingresos de los sectores populares.
"Había una plataforma para realizar reformas estructurales", estima Analogías en la actualidad, en base a las encuestas de 2019 que marcaban un amplio consenso respecto de la gravedad de la crisis y la necesidad de que el gobierno actuara con decisión. El 90,8 por ciento de los votantes del FdT se expresaba de esa manera, en tanto que también una contundente mayoría de los votantes de Juntos por el Cambio, con el 66,9 por ciento, admitía la existencia de una "crisis social y económica".
El último sondeo nacional de la misma consultora, del mes pasado, achicó a solo 23,1 por ciento el universo de quienes consideran que la economía estará mejor este año. El 32,8 por ciento opinó que estará peor, el 19,3 por ciento dijo que estará igual y el 24,8 por ciento, que no sabe. La imagen de Alberto Fernández se divide entre 34,1 por ciento positiva y 63,6 negativa, con 2,3 que no se definió.
Un punto clave que expone el cambio radical de expectativas entre el inicio del actual gobierno y el presente es la evolución del poder adquisitivo. Ahora el 47,3 por ciento de los encuestados sostiene que este año habrá una caída, frente a solo el 16,7 por ciento que estima que subirá. El 19,3 por ciento opina que se mantendrá igual y el 24,8 por ciento no sabe.
El presidente reconoce que "hay problemas con los salarios" pero sigue sin querer repetir la medida que tomó a inicios de 2020, de un aumento salarial por decreto, con el argumento de que ahora funcionan las paritarias y el Gobierno las impulsa, por ejemplo con convocatorias anticipadas al Consejo del Salario Mínimo, como la que volverá a producirse la semana que viene.
Fernández también destaca el crecimiento del empleo, que incrementa la masa salarial. "Solo manteniendo nuestras políticas de desarrollo inclusivo vamos a poder generar trabajo y hacer una sociedad más igualitaria", señaló en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde hizo una defensa de su impronta moderada.
"El Gobierno cumplió con buena parte de la programática planteada en 2019: declaró la emergencia económica y social ni bien llegó al poder, suspendió los aumentos en las tarifas (aunque ahora comienza a subirlas), aumentó Bienes Personales y durante la pandemia impulsó la ley de aporte extraordinario de las grandes fortunas, ajustó los derechos de exportación de algunas producciones agropecuarias, renegoció (a pesar de las diferencias al interior de la coalición) la deuda con el FMI y comenzó a pagarla y decretó en enero/febrero de 2020 un aumento general de salarios, aunque ahora hay una demanda social muy fuerte para que el Presidente vuelva hacerlo", analizan desde Analogías.
El Presidente hizo un balance positivo de aspectos centrales de su gestión ante la Asamblea Legislativa. Mencionó los dos años consecutivos de crecimiento económico en 2021 y 2022, los 23 meses seguidos de suba del empleo registrado, los 29 meses de alza de la ocupación en la industria, el record de la inversión privada, el record de exportaciones e importaciones, los avances en la economía del conocimiento, el record en producción de hidrocarburos, el record en la actividad turística, la recuperación de la rentabilidad en las pymes, el avance de las economías regionales, la reestructuración de las deudas con acreedores privados y el FMI y el paulatino ordenamiento macroeconómico.
"Estoy convencido de que hemos dejado los cimientos sobre los cuales construir el gran país que soñamos", enfatizó, a modo de conclusión.
Como se indicó más arriba, tanto la imagen de Fernández como las expectativas sobre la marcha de la economía y los ingresos populares están en niveles bajos. El humor social no coincide con la evaluación que hace el jefe de Estado de su administración.
La sucesión casi increíble de shocks de distinto tipo, como la pandemia, la guerra en Europa, la sequía histórica, la suba de la tasa de interés de Estados Unidos a niveles máximos en décadas y ahora los temblores financieros en ese país y a escala global no pueden quedar fuera del análisis. Y a pesar de que la respuesta del gobierno del Frente de Todos fue sustancialmente distinta a lo que proponía Juntos por el Cambio, las acciones realizadas no alcanzaron para retener apoyos de una porción significativa de sus votantes en las legislativas de 2021 y las perspectivas que marcan las encuestas no son las mejores para las próximas elecciones nacionales.
Dos casos de este momento exhiben el desencanto con la impronta de la moderación. Uno es la respuesta del gobierno frente a los incumplimientos flagrantes de Edesur. Si bien es cierto que los accionistas de la distribuidora eléctrica anunciaron que se van del país y pusieron la empresa en venta, y además existen antecedentes de quitas de concesión que terminaron en juicios millonarios contra el Estado en el tribunal del Banco Mundial -que falla recurrentemente a favor de las privatizadas más allá de los desastres que hayan hecho-, usuarios, intendentes y entidades de consumidores reclaman al Gobierno que no le dé más vueltas al asunto y le quite la concesión.
Otro hecho es la renegociación de las metas del acuerdo con el FMI. El Gobierno logró mover la exigencia de acumulación de reservas, pero no modificó la pauta de déficit fiscal a pesar de la sequía, que golpeará sobre la recaudación. La opción de recortar gastos en un escenario recesivo puede castigar aún más el nivel de actividad. En un año electoral, más que moderado, tomar ese camino parece un tiro en el pie. (Página 12)
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