El sector petrolero está expectante a que el Ministerio de Economía envíe al Congreso el prometido proyecto de ley que facilitaría el acceso al mercado de capitales a aquellas empresas que inviertan en la producción de gas natural licuado (GNL). Pero la expectativa del proyecto no genera un optimismo real, ya que los beneficios que el Gobierno promete después se ven limitados en las reglamentaciones, cuando sale la letra chica de las condiciones que se piden para acceder.

Así ocurrió, por lo menos, con el decreto 277, que diseñó el exministro de Economía Martín Guzmán, en mayo del año pasado. En ese texto, el Gobierno les prometió a las empresas que, si aumentaban su producción con respecto a los volúmenes de 2021, iban a disponer libremente de los dólares generados por el 30% del incremental de gas y el 20% del incremental petróleo.

En su momento, el decreto no fue muy ambicioso para seducir a las empresas a que aumenten sus inversiones, pero, como decían los empresarios petroleros en off en ese entonces: “Es mejor que nada”. Casi 10 meses después, todavía sigue siendo “nada”.

En julio, Guzmán renunció al cargo y el sector tuvo que esperar hasta la asunción de Sergio Massa para que, en agosto, en un acto en Vaca Muerta, el nuevo ministro de Economía anunciara que iba a reglamentar el beneficio con un nuevo decreto, el 484.

Dos meses después, el Banco Central (BCRA) publicó la norma para que las empresas puedan acceder al mercado único de cambios (MULC) y, a comienzo de año, la Secretaría de Energía sacó la resolución reglamentaria, en la cual avisó que el Poder Ejecutivo iba a tener 90 días para analizar cada pedido.

Luego de todos estos actos administrativos, las empresas presentaron en febrero sus solicitudes para adherirse al beneficio, por el porcentaje que les corresponde por la producción incremental de los dos últimos trimestres de 2022, explica Jimena Vega Olmos, socia del estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR) y especialista en temas regulatorios del sector energético.

Sin embargo, el decreto reglamentario 484, diseñado por Massa, escondía una condición necesaria: las empresas debían renunciar a cualquier reclamo que tuvieran del Plan Gas, pese a que se trata de otro programa que lanzó el Gobierno para fijar precios por cuatro años y “dar previsibilidad”, como explicaron los funcionarios en su momento.

Tal vez en otro contexto, la renuncia a los reclamos no hubiera tenido mucha importancia. Pero sucede que, por las necesidades del Ministerio de Economía de reducir el gasto para cumplir con las metas de déficit fiscal pautadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro comenzó a retrasar los pagos del Plan Gas a las empresas. Según fuentes del sector, el Gobierno le debe a la industria al menos $20.000 millones.

“A los efectos de los regímenes y beneficios determinados en el decreto N° 277/22, los interesados y las interesadas deberán renunciar expresamente, en cada oportunidad en la que soliciten los beneficios instituidos por los Títulos I y II del mencionado decreto, a toda promoción de acciones administrativas y/o judiciales contra el ESTADO NACIONAL respecto de cualquier concepto vinculado con el Plan Gas.Ar, (...) como así también desistir de cualquier reclamo que, sobre dichos conceptos, hubiesen sido iniciados con anterioridad al dictado del presente decreto, bajo la modalidad que determine la Autoridad de Aplicación”, dice el artículo 24 del decreto 484.

La Secretaria de Energía, además, publicó un modelo de renuncia que deben aprobar las empresas: “A los efectos de acceder a los beneficios del RADPIP, [EMPRESA] renuncia/n expresamente a toda promoción de acciones administrativas y/o judiciales contra el ESTADO NACIONAL respecto de cualquier concepto vinculado con el Plan Gas.Ar, (...) y desiste/n de cualquier reclamo que por tales conceptos hubiese sido iniciado con anterioridad al dictado del Decreto N° 484/22″.

En la industria admiten que todas las empresas presentaron sus pedidos de adhesión al beneficio con modificaciones en el modelo de renuncia, para evitar perder el derecho a reclamar por el dinero adeudado del Plan Gas. La Secretaría de Energía todavía tiene dos meses para determinar si aceptará estas modificaciones, pero la presión de las empresas petroleras ya comenzó, como adelantó el portal especializado en energía Econojournal.

Solo por la producción adicional de gas y petróleo de los últimos dos trimestres de 2022, las empresas en su totalidad tendrían derecho a acceder a US$1300 millones al tipo de cambio oficial, según cálculos del sector.

El decreto 277 obliga a las empresas a que presenten su adhesión al beneficio en un plazo de hasta 15 días hábiles después del cierre del trimestre. En cada pedido, las empresas deben renunciar nuevamente al derecho de reclamar por las deudas del Plan Gas. Si acceden, quedan a la buena fe del Estado de que pague sus obligaciones del programa, pese a que este plan de estímulo había nacido para “dar previsibilidad” al sector.

EL DETALLE DEL RETRASO

El Ministerio de Economía le paga a las empresas por el Plan Gas la diferencia entre el precio establecido en las licitaciones, US$3,5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), en promedio, y el valor que pagan los usuarios residenciales sin subsidios en las tarifas, US$1,8 el millón de BTU.

En teoría, el Tesoro debería pagar el 75% de esa diferencia al momento de entregar el gas y el 25% restante a los dos meses. Sin embargo, el Gobierno no paga la parte que corresponde al 25% desde 2021, mientras que la del 75% tiene más de cinco meses de retraso. Recién se está cancelando lo adeudado de septiembre, sin intereses.

En el último tiempo, además, Cammesa, la compañía encargada de los despachos de energía eléctrica y a cargo de comprar el gas que necesitan las generadoras, también está atrasada un mes, pero paga con intereses por lo adeudado, según explican en la industria.

“Entendemos la situación del Gobierno de que este año contará con alrededor de US$15.000 millones menos por la sequía, pero deberá hacer un equilibrio entre el corto plazo y el largo plazo en el área petrolera”, indicó un empresario en reserva. (La Nación por Sofía Diamante)