Los miembros de la Corte Suprema de Justicia recibieron hoy el apoyo de los presidentes de las cámaras federales de todo el país por el proceso que enfrentan en la Cámara de Diputados, al celebrar su reunión anual en los tribunales porteños, donde además insistieron en sus reclamos al Gobierno, al Senado y al Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos vacantes.

En la reunión, que concluyó con una foto de los 28 jueces de las cámaras federales con los cuatro jueces de la Corte, el tema en el que se puso énfasis fue la jurisdicción de Santa Fe, blanco de amenazas de narcotraficantes. Se habló de la necesidad de brindar seguridad física a jueces y fiscales y de la urgencia por que se cubran las vacantes en los tribunales orales federales, los juzgados federales y las fiscalías.

También se habló de la necesidad de actualizar el mapa judicial, habilitar nuevos juzgados federales, mejorar la infraestructura, actualizar los gastos de funcionamiento, integrar las plantas de personal de los juzgados y las demoras en el otorgamiento de jubilaciones a los magistrados.

El respaldo de los camaristas federales llegó en medio del proceso de juicio político que activó el oficialismo en la Cámara de Diputados.

La reunión de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales coincidió con la elección de su titular, el camarista federal Javier María Leal de Ibarra, de la Cámara de Comodoro Rivadavia. En rigor, se trató de su reelección al frente de este cuerpo que recoge las inquietudes de los jueces federales de todo el país y las transmite a la Corte. Asimismo, es la muestra del despliegue territorial del poder judicial en todas las jurisdicciones.

El encuentro, que se extendió desde las 11 hasta las 13.45, fue encabezado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, que permanecieron toda la reunión tomando nota de las inquietudes de los camaristas federales. Asistieron también el ministro decano, Juan Carlos Maqueda, y el juez Ricardo Lorenzetti.

La principal preocupación que expresaron los jueces fue la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial, que constituyen más del 30% de los cargos de jueces federales en todo el país. Eso incluye a los jueces electorales que deben controlar los comicios de este año, donde faltan designar a un tercio de ellos.

Muchas de estos juzgados de primera instancia, cámaras federales y tribunales orales están vacantes porque no avanzan los concursos. El Consejo de la Magistratura está paralizado y no se reúne desde hace un año. Pero para otras vacantes ya se hicieron los concursos y se levaron ternas de postulantes ganadores al Poder Ejecutivo. Estos casos, también paralizados, dependen de una decisión del Presidente, que debe elegir el nombre de esa terna y enviarlo al Senado.

En otras vacantes ya fueron elegidos los postulantes de la terna y fueron enviados al Senado, pero el cuerpo presidido por Cristina Kirchner no les da acuerdo y no pueden asumir. En otros casos, ya se enviaron al Senado los pliegos pero el presidente Alberto Fernández los retiró y no volvió a reenviarlos.

La situación de Rosario

El otro asunto acuciante es la situación de Rosario. El presidente de la Cámara Federal de esa ciudad, Aníbal Pineda, fue quien tomó la palabra para agradecer la preocupación de la Corte por la situación en su jurisdicción y las visitas realizadas con el Procurador Eduardo Casal. Pineda enfatizó la necesidad de brindar seguridad a los jueces para su trabajo y cubrir las vacantes.

La última novedad en ese sentido fueron las amenazas recibidas por el juez federal de Venado Tuerto. El gobierno nacional mantiene demorada la designación del 20 por ciento de los jueces federales de esa provincia, mientras que están vacantes el 25% de los cargos de fiscales federales.

Las demoras en designar jueces y fiscales llevan cinco años en algunos casos: existen concursos que se hicieron en 2018, el entonces presidente Mauricio Macri eligió a un candidato de la terna y lo elevó al Senado, pero algunos de los pliegos fueron retirados por Alberto Fernández y nunca se enviaron nuevos postulantes de la terna para darles acuerdo.

Esta parálisis, que llevó a que las bandas narcos cruzaran límites como nunca lo habían hecho antes -con intimidaciones a jueces, fiscales, legisladores, intendentes y medios de comunicación- hizo que los funcionarios nacionales cambiaran de postura y empezaran a conversar en las últimas semanas sobre las maneras de destrabar estos trámites para designar a estos funcionarios, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.

Según se desprende de la información oficial publicada en la página web del Consejo de la Magistratura, de los 28 cargos de jueces federales de la jurisdicción actualmente hay dos jueces federales cuyo nombramiento depende de que el Presidente envíe a su candidato al Senado, para que la Cámara alta analice darle acuerdo, y otros cuatro jueces federales cuyos pliegos fueron enviados al Senado y nunca fueron tratados. Además, hay otras tres vacantes cuyos concursos se están tramitando en el Consejo de la Magistratura.

Estuvieron los presidentes de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Eduardo Machin; de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Silvia Esther Pinto Varela; de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sebastián Picasso; de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Marcelo Lucini; de la Cámara Federal de de la Seguridad Social, Victoria Pérez Tognola; de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via y del Cámara Nacional de Casación, Horacio Días.

También los titulares de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, Roberto Hornos; de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Florencia Nallar; de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán; y de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, Leopoldo Bruglia.

Además, asistieron los presidentes de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Esteban Pablo Larriera; de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra; de la Cámara Federal de Córdoba, Graciela Susana Montessi, y el vicepresidente, Abel Sánchez Torres; de la Cámara Federal de Corrientes, Selva Spessot; de la Cámara Federal de General Roca, Richar Gallego; de la Cámara Federal de La Plata, Roberto Lemos Arias; de la Cámara Federal de Mar del Plata Alejandro Tazza; de la Cámara Federal de Mendoza, Manuel Pizarro; de la Cámara Federal de Paraná, Beatriz Aranguren; de la Cámara Federal de Posadas, Mario Boldu; de la Cámara Federal de Resistencia, Rocío Alcalá; de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda; de la Cámara Federal de Salta, Mariana Catalano; de la Cámara Federal de San Martín, Néstor Pablo Barral, y de la Cámara Federal de Tucumán, Ricardo Sanjuan.

Del encuentro participaron los integrantes del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), Mariano Althabe, Cora Borensztejn, Maia Volcovinsky y Juan Bernardo Rodírguez del Sel.

Por la Corte estuvieron presentes la responsable de la Oficina de la Mujer, María Delia Castañares; Andrés Sacchi, director de Sistemas; Sebastian Clerici, director de la Dirección Jurídica General de la Corte; Sergio Romero, director de Gestión Interna y Habilitación, y Pablo Lamouman, director del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte.

Por el Consejo, participaron del encuentro: Mariano Pérez Roller (secretario general); Alexis Varady (director general de Administración Financiera); Juan Ignacio Campi y Javier Núñez (Dirección General de Infraestructura Judicial), y Hernán Rondinella (director general de Tecnología). (La Nación por Hernán Cappiello)