Hace tres años que Maritza no puede abrazar a su hijo, que aún era un bebé cuando ella fue capturada por el Ejército en un pueblito remoto de la cordillera oriental.
Nuestra entrevista sucede afuera del pabellón de una cárcel bogotana, Maritza habla con la voz dolida explicando que durante todo este tiempo sólo ha podido ver a su hijo en videollamadas, con celulares clandestinos, que las mismas prisioneras alquilan pagando mensualidades: “Me hace falta darle un abrazo, hace falta darle muchas cosas”, se lamenta. Para su familia campesina resulta imposible viajar los dos días que dura el trayecto desde Fortul, en Arauca, hasta la capital, sabiendo que sólo podrán reunirse con ella dos o tres horas en la única visita permitida al mes.
Maritza, una guerrillera del Ejército de Liberación Nacional, pasó seis años en el monte y apenas tiene 24, aunque un pareciera que su edad superara de lejos los treinta. Ajusta ya más de tres años en la prisión purgando una condena por rebelión y el homicidio de dos líderes comunales, lo que le augura al menos otros 14 años tras las rejas. Cuando salga de acá, ese niño, para el que ella trabaja aún dentro de la prisión y al que envía hasta el último peso, será ya un hombre adulto.
Su única esperanza, por ahora, son los diálogos de paz que la guerrilla mantiene con el Gobierno de Gustavo Petro, donde la crisis carcelaria ha estado entre los puntos discutidos en el segundo ciclo de conversaciones iniciado el pasado 13 de febrero en México.
“Estamos cansados de tanto derramamiento de sangre, de tantas víctimas”, aseguró Maritza durante una de varias entrevistas con internas que fueron autorizadas a Colombia+20 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la última semana de febrero.
“Hay momentos en que para uno subsistir en este lugar le toca pensar que está allá, pensar en sus momentos alegres, para poder sobrevivir a esto”, dice, “este es el cementerio de los vivos, hubiera sido mejor llegar al cementerio de los muertos”. Aunque acepta que debe asumir su responsabilidad por el crimen que la condena, exige al Gobierno que “no mire sólo la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tiene enfrente”.
Se refiere a la misma petición de miles de personas privadas de la libertad, quienes señalan que el estado de las cárceles propicia la tortura y la violación sistemática de los derechos humanos, lo que la Corte Constitucional ha llamado un “estado de cosas inconstitucional”. Por haber soportado dicho estado de cosas inhumanas durante años, el Movimiento Nacional Carcelario sostiene que todos los prisioneros y prisioneras merecen, cuando menos, una rebaja de penas y alivios humanitarios.
Voces con amplia experiencia en la materia coinciden en que ni en las discusiones con el ELN, ni en la reforma a la justicia que propuso el ministro Néstor Osuna hay “un enfoque de género profundo”, en palabras de Claudia Alejandra Cardona, una activista de la Corporación Mujeres Libres, dedicada a luchar por los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
Una persona cercana a la mesa de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN confirmó a este diario que en los debates sobre alivios humanitarios no se han contemplado medidas específicas para las mujeres prisioneras, sino propuestas generales, como una rebaja del 20 % de la condena para todos los presos del país. Ni siquiera en el pliego de peticiones formulado durante la pandemia por el Movimiento Nacional Carcelario, que agrupa a miles de prisioneros políticos y comunes en todo el país, se contemplan medidas diferenciales para las mujeres.
Claudia Cardona puede hablar con autoridad de la materia, pues ha asesorado y acompañado varios proyectos de ley que buscan proteger los derechos de las mujeres en las cárceles, entre ellos uno que ya fue aprobado por el Congreso en 2019, pero que el expresidente Iván Duque se negó a firmar, alegando varias objeciones. El propósito de este proyecto era que mujeres cabeza de hogar condenadas por delitos leves pudieran redimir su pena junto a sus familias con trabajos sociales. Ese texto ya tiene el visto bueno de la Corte Constitucional y, de acuerdo con Cardona, está a pocos días de convertirse en ley de la República.
Cardona conoce la prisión por dentro porque su cuerpo la sufrió en carne propia. Antes de ser activista, en los ocho años que estuvo privada de la libertad, tuvo hemorragias y complicaciones ginecológicas que la llevaron a perder su útero, como consecuencia tuvo una menopausia anticipada antes de los 40 años.
“Las leyes las hacen quienes nunca han estado en una cárcel”, dice Cardona: “Deben contar con quienes hemos sufrido la prisión”. Según ella la política criminal no tiene en cuenta aspectos claves de la brecha de género en las prisiones, por ejemplo, los que señala una investigación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana, donde se estableció que cerca del 45 % de las mujeres detenidas en 2018 estaban sindicadas o condenadas por delitos menores relacionados con hurto y tráfico de estupefacientes, y no representan un real peligro para la sociedad, como sí sucede con otros tipos penales.
Ese mismo estudio reveló que el 85 % de estas mujeres son madres, en la mayoría de casos de varios hijos, además el 75 % de ellas son cabeza de hogar y el sustento de sus familias dependía exclusivamente de ellas. “Si la política criminal tuviera enfoque de género, la mayoría de mujeres no estarían privadas de la libertad, o se les daría una alternatividad penal, porque son sus familias, sus hijos los que están perdiendo. Está perdiendo es la sociedad”, asegura Cardona.
Daniel Echeverry, investigador del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, agrega que la infraestructura carcelaria nunca ha sido pensada en función de las mujeres, sino de los hombres. “Al haber menos cárceles de mujeres, ellas en general se encuentran aisladas de su arraigo familiar. Los hombres en cambio pueden ser trasladados a cárceles regionales o incluso municipales, más cerca de su entorno”. Este, por ejemplo, es el caso de Maritza, recluida lejos de su tierra y su familia.
Pero no se trata sólo de un problema de ubicación. El modelo carcelario, que todas las fuentes coinciden en denominar como “más severo y estricto con las mujeres”, no permite que estas puedan cuidar de cosas tan básicas como su salud menstrual.
Aunque en respuesta a Colombia+20 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sostuvo que en centros de reclusión de Bogotá realiza brigadas de salud ginecológica frecuentes, otra cosa dicen las prisioneras, que se quejan de condiciones insalubres; incluso, en algunos lugares aseguran que deben hacer sus necesidades en botellas o recipientes.
El INPEC apenas les entrega un kit menstrual con veinte toallas higiénicas cada tres meses, como contó a este diario una mujer sindicada por presuntos vínculos con el Clan del Golfo, detenida hace poco menos de un año en una cárcel de máxima seguridad del suroccidente del país.
Tampoco hay alternativas para garantizar el papel de cuidadoras que la mayoría de mujeres tienen antes de caer en la prisión: “La mujer llega a la cárcel, pero sigue ejerciendo ese rol del cuidado, llaman por teléfono a sus hijos, preguntan cómo están, ayudan a hacer las tareas, muchas trabajan y lo poquito que se ganan en las cárceles lo mandan para la casa”, detalla Claudia Cardona, que tiene infinidad de anécdotas de familias rotas por completo luego de que sus madres terminaran presas.
“Llas mujeres son juzgadas porque sí y porque no: si no le doy de comer a mis hijos, el Estado me juzga y el ICBF me quita a mis hijos, soy mala madre, pero es que no hay oportunidades de estudio, de trabajo, muchas de ellas se ven en la obligación de cometer un robo para llevar comida a la casa y el sistema judicial no tiene en cuenta esas circunstancias”, denuncia.
Esto lo confirma el Comité de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 de la Corte Constitucional, que ordenó al Estado colombiano resolver la crisis carcelaria y acabar con el estado de cosas inconstitucional que ocurre dentro de ellas. De acuerdo con un documento que hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia, no se ha implementado “un enfoque diferencial que de cuenta de las vulnerabilidades que padecen grupos vulnerables en los centros de reclusión”, entre ellas las mujeres.
A finales de febrero un grupo de internas, entre prisioneras políticas y comunes, del pabellón número cuatro en la Cárcel del Buen Pastor en Bogotá grabaron un video que fue viral en redes sociales. Frente a la cámara y con sus rostros descubiertos elevaban peticiones concretas a la mesa de diálogos con el ELN y también querían enviar un mensaje al Ministerio de Justicia, de cara a la reforma al sistema penitenciario que será presentada ante el Congreso.
“Nunca nos han preguntado qué reformaríamos nosotras de este sistema”, decía una de las reclusas en el video, mientras otras reafirmaban ante la cámara que sus derechos son violados sistemáticamente: desde la atención en salud, pasando por la alimentación que a veces llega con la carne podrida, hasta el anhelo de que se les concedan visitas familiares cada semana o la posibilidad de estudiar y trabajar para reducir sus condenas: “así fuera haciendo aseo, porque duramos años sindicadas y no tenemos descuentos”, decía una de ellas.
Por cuenta de ese video días después la guardia de la cárcel lanzó un operativo en represalia contra las prisioneras del pabellón número cuatro, pues era evidente que se había grabado con un celular clandestino.
“¿Quién nos paga por este estado inconstitucional de cosas?”, dijo una de las entrevistadas por Colombia+20. Esta prisionera política condenada por su vinculación con el ELN pide que la discusión de género entre al debate sobre la crisis carcelaria que se desarrolla en México: “Yo me siento torturada todos los días. Y la guardia te hace saber que estás aquí porque te lo mereces todo: no tener luz, no tener agua, no tener baño, todo te lo mereces. En la mesa de negociación están pactando en lo mínimo, entonces el ELN no puede decir ‘no estoy de acuerdo’, porque es lo mínimo que se le puede dar a la gente en las cárceles”. (EE)
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