La sentencia que condenó a Cristina Kirchner dio por probada afirmaciones de la fiscalía y otras expresiones que hasta ahora eran motivo de controversia: que el fraude era para enriquecer a la familia presidencial; que se trató de una de las maniobras de corrupción más grande de la historia argentina; que Lázaro Báez y los Krichner tenían negocios juntos; que la obra pública santacruceña estaba cartelizada, y que la disolución del imperio del empresario santacruceño fue monitoreada por la vicepresidenta. (Por Hernán Cappiello)
EL CALAFATE.- En diciembre pasado ningún postor se presentó en un remate en el que el ganador pasaría a compartir una propiedad con el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia. El proceso quedó desierto y ahora vuelve al ruedo con una reducción de la base en un 40%. Se trata del terreno de 87 mil metros cuadrados ubicado en esta ciudad que la familia Kirchner posee junto a Lázaro Báez, a la vera del Lago Argentino.
El remate del 50% del terreno tiene fecha para el próximo 29 de marzo en el marco del expediente que tramita la quiebra judicial de Austral Construcciones. Se trata de una propiedad indivisa, desocupada y sin construcciones ubicada en Punta Soberana a 10 kms del centro de esta ciudad, cuya base ahora fue recalculada en U$S 106.500, un 40% menos del valor por el que fue a remate en diciembre pasado en el proceso a cargo de la jueza María José Gigy Traynor.
El terreno, revelado a través de una investigación de LA NACION en 2013, fue la primera prueba documentada de los aceitados negocios privados que los Kirchner mantuvieron con los Báez durante más de una década y ahora es una de las tres pruebas que consideraron centrales los jueces que condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitaron para ejercer cargos públicos, cuyos fundamentos se dieron a conocer hoy.
Los negocios privados de la familia Kirchner con Báez y las firmas de su grupo empresario fueron, para el tribunal, una prueba clave de la “ultrafinalidad” que le adjudicaron a Cristina Kirchner, tendiente a favorecer al empresario y defraudar al Estado. Este terreno, que será rematado por segunda vez a fin de mes, fue también analizado en detalle durante la causa y expuesto por el fiscal Diego Luciani.
La vicepresidenta Cristina Kirchner adquirió el terreno –junto a varios más que compró al municipio junto a su esposo mientras él era presidente de la Nación-, como tierra fiscal en 2006 a un valor irrisorio de poco más de $1 el metro cuadrado. La zona entonces estaba alejada, no tenía servicios y el acceso era dificultoso.
Tiempo después Cristina Kirchner necesitaba ampliar el hotel Los Sauces, y lo hizo sobre la Quinta 10, que era de Báez para lo cual concretaron una permuta: ¿qué le dio a Báez? La mitad del condominio de casi nueve hectáreas y el empresario lo registró a nombre de Austral Construcciones. Sin embargo, el bien no quedó registrado en sus declaraciones juradas, sino que quedó a nombre de Néstor Kirchner. Después del fallecimiento, Cristina Kirchner declaró el 25% del terreno, producto de la disolución conyugal y el restante 25% le correspondió a sus hijos.
Cuando las causas judiciales empezaron a cercar las propiedades de la familia, Cristina Kirchner transfirió a sus hijos el 25% del terreno y de este modo Máximo y Florencia Kirchner son los actuales propietarios del 50% del condominio que irá a remate. Quien adquiera la mitad del terreno, se convertirá en condómino de los hijos de la vicepresidenta.
Las casi nueve hectáreas de patagonia pura se encuentran a diez kilómetros del centro de El Calafate, en Punta Soberana. Para llegar hasta allí hay que transitar por el paseo costanero que fue asfaltado por la empresa Austral Construcciones y lleva el nombre de “Presidente Néstor Kirchner”. Para llegar a la fracción CCXXXIII, según la nominación catastral, hay que transitar unos ocho kilómetros desde la intersección con la ruta 11, que va al glaciar, y bordear el lago. A 17 años adquirido por Cristina Kirchner, el enorme predio con vista al lago Argentino, sigue vacío.
En 2016, hasta ese terreno también llegó el fiscal Guillermo Marijuan, mientras realizaba allanamientos en toda la provincia de las propiedades de Báez. Pese a la normativa municipal de venta de tierras fiscales que especifica que se deben realizar construcciones sobre los terrenos vendidos bajo esa modalidad, nunca se construyó nada sobre el condominio.
En octubre pasado, en un primer corte de los fondos recaudados por los remates en la Quiebra de Austral Construcciones se informó la distribución entre los acreedores cerca de $ 2600 millones, de ese monto, cerca de $1500 millones la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, era el principal acreedor del empresario. La Quiebra que ya entró en el quinto año desde que se tramita en el Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Comercial Nº 28 con sede en Buenos Aires lleva más de un centenar de incidentes abiertos.- (La Nación por Mariela Arias)
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