Perú será un tema en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) que tiene lugar el martes (24.1.2023) en Buenos Aires, Argentina, pero no será el principal. Expertos consultados por DW consideran que, si bien la crisis política y social que vive el país es grave, no hay demasiado interés de los países de la región en intervenir o proponer salidas para el retorno de la estabilidad, ni tampoco disposición del Gobierno peruano para escuchar propuestas que vengan de afuera.
"Los Estados están más interesados en lo interno que en lo regional. Perú tiene en este momento la presidencia de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico y ni siquiera eso ha conseguido que se mueva el tema dentro de los países de la región”, dice al respecto Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario (Colombia).
César Muñoz, director asociado de América Latina de Human Rights Watch, también opina que la cumbre tiene temas más urgentes en agenda. Por ejemplo, el fortalecimiento de la propia CELAC en contraposición a la OEA, institución en la que varios países no se sienten representados.
Salida de los propios peruanos
Para Michael Shifter, exdirector del think-tank Diálogo Interamericano, el problema radica en que el Gobierno peruano no tiene "apertura ni disposición para el diálogo" y que la única institución que estaría teniendo un papel como entidad regional es la iglesia católica. Según Shifter, un cambio de gabinete en el Gobierno peruano sería la única puerta que se podría abrir para la cooperación regional.
Pero la ausencia de propuestas y de interés de Perú en ellas no es necesariamente algo negativo, según el profesor Rubén Ruiz, director del centro de investigaciones sobre América Latina de la UNAM. "Los agentes, agencias, países externos no tienen mucho que decir sobre lo que pasa en Perú y eso está bien. Tienen que ser los peruanos los que encuentren una salida a sus problemas actuales". Y recuerda lo que pasó en Venezuela con Juan Guaidó que, aunque consiguió el reconocimiento y apoyo de más de 70 países, fracasó en su proyecto.
Derechos humanos y ayuda humanitaria
Jaramillo y Shifter coinciden en que la reunión de la CELAC puede resultar en un llamado al diálogo y, especialmente, al respeto de los derechos humanos. El profesor colombiano considera, de hecho, que, aunque no exista un consenso como institución, "se podría pensar que los presidentes de izquierda van a pedir la desmilitarización de las calles, en particular presidentes que vienen de movimientos sociales como Petro, Boric y Lula”. Jaramillo opina que un papel que podría jugar la OEA para bajarle un poco la presión a la crisis es emitir medidas cautelares de protección para el expresidente Pedro Castillo.
César Muñoz, quien monitorea actualmente la situación para HRW desde Perú, considera que un mensaje en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, sería deseable. Y asegura que lo más urgente es que se levante la voz contra los abusos y la violencia, especialmente por la estigmatización y discriminación generalizadas que están sufriendo algunas comunidades.
Según la Defensoría del Pueblo, con cifras actualizadas al mediodía del lunes 23 de enero, en hechos relacionados con las protestas y los bloqueos de vías han perdido la vida 56 personas (55 civiles y 1 policía) y han resultado heridas 912.
Para Human Rights Watch, es especialmente grave que se estén viendo los "mismos problemas estructurales en la Policía” que se habían consignado en un extenso informe de la oenegé del 2020, y en el que se sugerían reformas para atender la violencia policial.
Shifter destaca el papel del presidente chileno, Gariel Boric, por su insistencia al llamar la atención por las muertes y los abusos. Cree que esos pronunciamientos son útiles, aunque no tengan que ver con conciliación política.
Escuchar a los peruanos
Más allá de las sugerencias o propuestas de afuera, los investigadores y observadores concuerdan en que el Gobierno de Dina Boluarte tiene que escuchar los reclamos de sus ciudadanos. "Según encuestas, la mitad de los peruanos se siente reflejada en los reclamos de los manifestantes y, por eso, se necesitan cambios en la manera de hacer política”, afirma Muñoz. Para el investigador de HRW, es clave que se exija la aplicación de la ley. "Dejar la violencia, tanto de las fuerzas legales como de los protestantes, sin sancionar, envenena el futuro y dificulta las negociaciones políticas”, señala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó el 18 de enero un informe preliminar sobre la visita de un grupo de representantes a Perú, dejó sobre la mesa dos temas urgentes para una posible salida a la crisis. La primera, la reglamentación de las figuras de vacancia presidencial y acusación constitucional a través de "parámetros claros que eviten interpretaciones subjetivas”. La segunda, que se abra la puerta al diálogo con representantes de los movimientos sociales, de gremios empresariales, y organizaciones y autoridades locales.
PERÚ: "NO RECONOCEMOS A BOLUARTE COMO UNA PRESIDENTA LEGÍTIMA"
DW conversó con Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, sobre la crisis del país, las protestas y las condiciones que ponen los manifestantes para negociar.
Las protestas en Perú tras la salida de Pedro Castillo de la presidencia, y su reemplazo por Dina Boluarte, cumplen ya largas seis semanas y el número de muertos supera con largueza el medio centenar. Tomas de aeropuertos, bloqueos de carreteras, desabastecimiento, incendios, ataques a comisarías e invasión policial de la emblemática Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, constituyen algunos de los episodios que han marcado este mes y medio de caos en el país sudamericano.
Sin un líder político claro, las movilizaciones se han organizado sobre la base de grupos locales de trabajadores o campesinos. Por ejemplo, solo en Puno, la reanudación de las protestas tras la tregua navideña fue decidida por trece dirigentes, que se reunieron el 31 de diciembre en un centro comercial de Juliaca. En otras regiones hay números similares de cabecillas, y la coordinación puede tornarse compleja, especialmente porque las exigencias son variadas. Pese a ello, hay algunas en las que todos coinciden: renuncia de Boluarte y convocatoria de elecciones. Muchos grupos, pero no todos, piden también llamar a una Asamblea Constituyente.
Según la Policía peruana, Rocío Leandro Melgar sería una de las instigadoras de las protestas más violentas por parte de una facción de Sendero Luminoso, y fue detenida a comienzos de enero. Los estudiantes de la Universidad San Marcos, la Confederación General de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también han adoptado roles de organización. Julio César Bazán es el presidente de esta última entidad sindical, y desde Lima conversó con DW.
Deutsche Welle: ¿Cuáles son las condiciones que ponen ustedes para dialogar con el Gobierno?
Julio César Bazán: Hemos señalado claramente, y lo mantenemos, que estaríamos dispuestos a dialogar en la medida que se generen las condiciones adecuadas. Eso significa que se establezca un cronograma electoral para este año y que se dé paso a un gobierno de transición.
¿La renuncia de la presidenta no está en el petitorio?
Obviamente, está sobre la mesa, porque el gobierno de transición pasa por la renuncia de la señora presidenta y también por la renuncia de la mesa directiva del Congreso.
¿Reconocen la legalidad o la validez del Gobierno de Dina Boluarte?
El señor (Pedro) Castillo cometió un enorme error, pero la sucesión constitucional pasaba legalmente por Boluarte. Sin embargo, la respuesta que ha dado el pueblo en defensa de su soberanía deslegitima al Gobierno, y nosotros estamos del lado del pueblo. Por lo tanto, no la reconocemos como una presidenta legítima, y ahora debe dar cauce a una salida política consensuada lo más pronto posible.
Solo para que quede claro: ustedes están dispuestos a negociar con un gobierno de transición, en ningún caso con Boluarte.
Tendríamos, en función del momento, que evaluar también esa posibilidad, porque para entrar en un gobierno de transición consensuado, podría ser necesario que haya un diálogo. La lucha por la soberanía significa una solución que devuelva la soberanía al pueblo, y eso pasa por un gobierno de transición y por elecciones inmediatas.
¿Apoyan ustedes en la CUT la petición de una Asamblea Constituyente?
Formamos parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos, y parte de nuestra reclamación para el desarrollo del país es que se establezca una nueva Constitución. Parte de la soberanía del pueblo es consultarle a él para que decida su propio destino y, en ese sentido, nosotros, desde el inicio, reclamamos el cambio de la Constitución, porque esta fue impuesta por la dictadura de Fujimori en los noventa.
¿Esa Asamblea Nacional de los Pueblos coordina las movilizaciones?
La centralización del movimiento se está dando en plena lucha. La Asamblea Nacional de los Pueblos está constituida por las organizaciones con representación nacional, pero en cada región existen movimientos propios que se están identificando plenamente por un cambio constitucional. Esos movimientos, el nacional y el regional, están acercándose y consideramos que, en el más corto tiempo posible, habrá ya una centralización para que todos actuemos en una sola dirección.
Cuando haya que negociar, ¿quiénes van a ser los representantes de los movimientos, si no hay liderazgos claramente establecidos?
En principio, estamos planteando a los movimientos regionales que nominen a sus voceros, sus delegados, y en ese proceso nos encontramos. Lo deseable es que sean los propios pobladores movilizados los que participen en un proceso de esta naturaleza.
¿Podría la Iglesia católica ser un mediador válido?
Mira, si no cambian la agenda del diálogo, difícilmente va a haber posibilidades de que la Iglesia o cualquier otra entidad entre de mediador. El Gobierno cree que dándoles determinados proyectos o cosas a los pobladores va a resolver el problema. No es así. Este es un problema político.
Hay rumores de que Evo Morales y Sendero Luminoso están involucrados en las protestas.
Definitivamente, aquí lo que hay es el invento de una narrativa antiterrorista y antiizquierdista para criminalizar la protesta y para justificar las acciones represivas con armas letales, como están haciendo en el Cusco. Eso de Evo Morales no es una realidad. (DW)