La Policía peruana ha irrumpido esta mañana en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar por la fuerza a los manifestantes que permanecían en Lima tras haber participado en la toma de la capital del pasado jueves. Un pequeño ejército de agentes derrumbó con tanquetas las rejas del recinto académico para acceder a su interior, tras denunciar el consejo universitario que algunas de las personas allí refugiadas habían herido a su personal de seguridad, además de robarles chalecos y equipos electrónicos.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes e indígenas, fueron reducidos en grupos, tumbados boca abajo en el suelo con las manos en la cabeza o de rodillas. Permanecían en el campus universitario desde el miércoles, víspera de la marcha que al día siguiente se convirtió en una batalla campal en las cercanías del Congreso. Más de 200 personas fueron detenidas, según confirmó el fiscal superior, Alfonso Barnechea.

Las denuncias por prepotencia, abuso y maltrato se sucedieron desde el primer momento ante una intervención que era esperada desde el mismo día de la marcha. De inmediato, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU exigió al gobierno "legalidad y proporcionalidad" en la intervención, además de las garantías en el debido proceso. La Fiscalía también se personó en las instalaciones dos horas después de la entrada de los policías. Las impactantes imágenes de los decenas de detenidos, esposados sobre el suelo, recorrieron de inmediato los medios peruanos y las redes sociales.

"Un hecho sin precedentes en San Marcos, la autonomía universitaria violentada en grado mayor. Nada podrá justificar la intervención", reaccionó Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre (PL), el partido de la izquierda radical que apoya al golpista Pedro Castillo.

El gobierno de Dina Boluarte ha apostado por la mano dura tras el fracaso de la toma del jueves, que no consiguió llenar las calles de la ciudad ni tampoco asaltar las instalaciones del poder capitalino. En cambio, en el sur de los Andes prosiguen el paro y las protestas en reclamo de la renuncia de la presidenta y del cierre del Congreso. Un protestante perdió la vida durante los enfrentamientos que se repitieron anoche en Puno, con lo que la cifra de víctimas mortales se eleva hasta 56.

EL PULSO PROSIGUE EN PERÚ TRAS EL FRACASO DE LA TOMA DE LIMA

Se intensifican las críticas a la presidenta Boluarte mientras aumenta a 55 el número provisional de muertos en el país andino

Dina Boluarte cantó victoria tras el fracaso de la toma de Lima, que no alcanzó la consideración de marcha multitudinaria y que además degeneró en una batalla campal protagonizada por los más radicales, quienes intentaron abalanzarse contra el denostado Congreso. "La situación está controlada", aseguró la presidenta en su comparecencia ante el país, respaldada por sus ministros más importantes pero sin contar con que el pulso de indígenas y protestantes no ha acabado. Ni mucho menos.

"Nos hemos sentido humillados al ver que la presidenta felicitaba a la Policía Nacional. Continuaremos con las movilizaciones pacíficas hasta que renuncie a su cargo", respondió Félix Suasaca, uno de los dirigentes comunales de la fronteriza Puno, región que concentra buena parte de las víctimas mortales del conflicto generado en diciembre tras el fallido golpe de Estado del ahora encarcelado Pedro Castillo. Indígenas, estudiantes y comuneros permanecen en dos universidades de la capital, dispuestos a mantener su pulso contra la presidenta.

El balance provisional de víctimas mortales se eleva hasta 55: 44 manifestantes muertos durante los enfrentamientos con policías y militares, 10 civiles fallecidos por culpa de los bloqueos de carreteras y un policía quemado vivo por una turba violenta.

No sólo la retransmisión de los enfrentamientos en el centro de la capital afeó a los más violentos, también las evidencias de que el asalto a los aeropuertos de Cuzco, Puno y Arequipa, durante los cuales murió el último joven, estaba planificado de antemano, tal y como confirmó el Gobierno. El asedio contra el aeródromo de Arequipa prosiguió el jueves con un nuevo zafarrancho de combate.

El ministro de Trabajo añadió que en el 70% del país se trabajó al 100%, por lo que la protesta se centralizó sobre todo en el sur andino, entre Puno, Cusco, Arequipa y Apurímac, la tierra natal de Boluarte.

"La toma de Lima ha demostrado que guste o no guste, la presidente está siendo asesorada de manera adecuada. Vamos a ver la grandeza que pueda tener Boluarte, pero se puede generar un primer acercamiento y comenzar un proceso de diálogo. ¿Qué sigue? Yo creo que se va a apresurar el adelanto de las elecciones, a la presidenta le ha quedado clarísimo que su tiempo es muy corto. El punto es que el Congreso la ayude y son las bancadas de derecha la que tienen que ayudarla porque claramente la izquierda no", explicó a EL MUNDO la analista Maite Vizcarra, quien está convencida de que las elecciones generales, cuyo adelanto se negocia en el Parlamento para abril de 2024, acabarán celebrándose este año.

El fracaso de la primera jornada indígena en Lima, no obstante, no ha apartado a Boluarte de la encrucijada en la que está atrapada desde el primer día de su mandato, el 7 de diciembre. "A estas alturas, la mejor solución es que negocie los términos de su renuncia. Es decir, exigir una mesa directiva en el Congreso de consenso nacional, no sólo entre congresistas, y también acordar el aislamiento de los violentos con agendas intransigentes. El gobierno perdió rápidamente viabilidad, más aún si decide aliarse con su enemigo político (la derecha) después de que injustamente la tildaran de usurpadora", contrastó el sociólogo Juan Luis Dammert. (AFP)