El presidente Luis Arce, dejó en claro y enfatizó en que una ley del Censo no era necesaria, jurídicamente, y que evitar la posible consumación de un golpe de Estado o derramamiento de sangre, no es traición.

“La ley no era necesaria a nivel jurídico, pero si ayudó a evitar mayor derramamiento de sangre, abusos, crímenes, matonaje; y en eso no se equivocaron muchos de nuestros dirigentes de las Organizaciones Sociales de Santa Cruz”, dijo el presidente Arce.

La ley

Este viernes el jefe de Estado promulgó la ley que establece la distribución de recursos de coparticipación. También la reasignación de escaños con base en los datos del Censo que se realizará el 23 de marzo de 2024.

Esta ley había sido demandada por la oposición para “dar certidumbre” a la realización del empadronamiento nacional.

En concordancia con ese pedido, la ley presentada por legisladores cruceños del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue aprobada en Diputados y sancionada en el Senado.

Bloque oriente

Explicó que diputadas y diputados de la bancada cruceña del MAS presentaron una propuesta de ley, “que no es una ley del Censo”.

“A diferencia de los proyectos de ley de la oposición, no nos quita atribuciones al Órgano Ejecutivo sobre la planificación de la ejecución de los censos oficiales”, señaló.

Para hablar sobre esa iniciativa legislativa, el presidente Luis Arce se reunió con los dirigentes del bloque oriente.

Este bloque está conformado por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Federación Sindical de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales.

Productores agropecuarios, Coordinadora de Pueblos Étnicos y el movimiento de trabajadores campesinos indígenas sin tierra, entre otros; todos de Santa Cruz.

“El MAS es el brazo político de las organizaciones sociales de Santa Cruz y la voz, por ello debían ser escuchadas al momento de tomar una decisión sobre la ley”, detalló Arce.

Los dirigentes también se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado y los jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Competencias

Los dirigentes le dijeron al presidente Arce que, se apruebe la ley si no vulneraba competencias de su autoridad estableciendo otra fecha del Censo distinta a la que se determinó mediante el Decreto Supremo 4824.

Tampoco debia establecer algo distinto a lo señalado en la Constitución Política respecto al Órgano Electoral y distribución de escaños, que se apruebe

Así se levantaría el paro indefinido en Santa Cruz.

Le expresaron también su necesidad de volver a la normalidad en Santa Cruz y que no haya más crímenes y abusos, como los que se estaban cometiendo en algunos puntos de bloqueo.

“Muchos dirigentes de organizaciones sociales me dijeron: a nosotros sí nos importa la vida, así como el trabajo con el que nos ganamos el pan de cada día y la economía de las familias cruceñas, especialmente de los más pobres”, apuntó Arce.

“Y si esa norma propuesta por diputados del MAS-IPSP ayuda a que retomemos a la normalidad y que volvamos a trabajar, ayuda que no haya más violencia, y además está en el marco de nuestra Constitución, hay que darle viabilidad”, recordó.

Aprobada la norma en Diputados, el paro se levantó luego de 36 días. También se evidenció que, hasta ese momento, “la criminalidad que existía en muchos puntos de los bloqueos se les había salido de control”.

Traición

La aprobación y sanción de la norma no cayó nada bien en la denominada ala ‘evista’ del MAS.

Muchos legisladores calificaron de traidores a sus colegas de la bancada oficialista.

Otros aseguraron, sin pruebas, incluyendo al expresidente Evo Morales, que se había pactado con la derecha, que había corrido dinero y que incluso se demostró que ya había otra bancada dentro del MAS.

“Con algunos asambleístas del MAS-IPSP, diputados y senadores, hemos tenido una mirada distinta sobre la naturaleza de un conflicto y la forma de resolverlo, pero eso no significa que seamos enemigos ni que tengamos horizontes políticos distintos, como la justicia social”, dijo al respecto el Presidente.

Por ello, les pidió a los miembros de su partido aprender a respetar otros criterios y a escucharse entre todos.

“La derecha fascista hace lista de traidores en Santa Cruz y es lamentable que algunas personas en nuestro instrumento político también elaboren listas de supuestos traidores”, lamentó Arce.

“La democracia interna debe ser profundizada y la unidad fortalecida. Evitar que se consume un golpe de Estado, que haya derramamiento de sangre del pueblo, no es traición”, enfatizó en su discurso.

Cuidado de la vida

En esa línea, afirmó que la vida es el valor supremo a cuidar y que mientras esté como Presidente, hará todo lo que esté en sus manos.

Dejó en claro que no tranzará sus principios políticos e ideológicos.

“Y con este fundamento promulgamos esta ley, escuchando al pueblo», dijo.

«Tomando en cuenta los acuerdos del encuentro de Cochabamba (28 de octubre), el trabajo de la Comisión Técnica en Trinidad (4 de noviembre) y manteniendo la palabra que les di a las Organizaciones Sociales, el Censo se llevará a cabo el 23 de marzo de 2024”, aseveró.

Arce recordó su compromiso anterior con los bolivianos, de mantenerse firme en la defensa de lo que técnicamente es correcto

LUEGO DE UN DURO MENSAJE A LA DIRIGENCIA CRUCEÑA, ARCE PROMULGA LA LEY DEL CENSO

Luis Arce dijo que la ley por el Censo fue aprobada en consenso con las organizaciones del Bloque Oriente.

Después de emitir duras críticas al Comité Interinstitucional, por el paro de 36 días en Santa Cruz, el presidente Luis Arce promulgó la ley del Censo.

“Algunos dirigente cívicos de Santa Cruz y la Gobernación nunca tuvieron una verdadera voluntad de diálogo y de encontrar una solución; en todo momento truncaron los acuerdos a los que se podía haber llegado”, dijo en su mensaje presidencial.

“La dirigencia del Comité Interinstitucional rechazó todas las propuestas del Gobierno para evitar el paro (en Santa Cruz), pero bajo intereses políticos y personales”, agregó.

Aseguró que la dirigencia cruceña “mintió al pueblo”.

“No comparto que se haya querido trasladar la protesta a otros departamentos, ni que haya existido violencia desde el primer día”, dijo.

RODRÍGUEZ VELTZÉ AFIRMA QUE NO HAY ‘NI GANADORES NI VENCIDOS’

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, estableció que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala.

Con ese fallo se puso fin a la disputa legal entre ambos países.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, tras conocer el fallo, señaló en su cuenta de Twitter que en ese fallo “ni ganadores ni vencidos”.

Y apuntó que a lo que se insta es a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos.

El exmandatario agregó también que la “CIJ reconoce coincidencias en aplicación del Derecho Internacional, estudios científicos y alienta acuerdos” entre las partes.

Rodríguez Veltzé se desempeñó como agente de Bolivia ante la CIJ en el caso Silala en 2016.

Sin embargo, renunció en medio de la crisis política que se vivió en noviembre de 2019.

Un hecho peculiar de este caso fue que se trató de dos procesos en uno: la demanda de Chile contra Bolivia (iniciada en 2016) y la contrademanda de Bolivia contra Chile (2018).

En otro tuit, respondió algunos comentarios e indicó que el fallo también favorece a Bolivia por el allanamiento de Chile a varios puntos de la contrademanda. “Las coincidencias eliminaron los objetos de las demandas, hoy son desafíos para acuerdos sobre los recursos transfronterizos”, acotó.

La presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la jueza estadounidense Joan E. Donoghue, también convocó a ambos países a mantener “consultas de manera continua” para garantizar sus derechos sobre las aguas del Silala y promover su protección.

“La Corte invita a las partes a tener en cuenta la necesidad de realizar consultas de manera continua con un espíritu de cooperación, a fin de garantizar el respeto de sus respectivos derechos y la protección y preservación del Silala y su medioambiente”, señaló Donoghue al concluir la lectura de la sentencia de la Corte, que fue recogido por la agencia ABI.

La disputa legal entre Bolivia y Chile llegó a la CIJ en 2016.

El país vecino pidió a la Corte de La Haya que declarase al Silala como un curso de agua internacional, sujeto a normas específicas, para garantizar sus derechos sobre el uso de ese recurso hídrico en su territorio.

El país respondió en 2018 con una contrademanda para que la Corte le reconozca sus derechos sobre el flujo artificial del río, por el sistema de canales construidos.

Además, exigió que se pague una indemnización por el uso de las aguas. (La Razón-Bolivia)